Legislativo
El DNU de Milei hizo estallar JxC
Como coalición política, JxC dejó de existir en la práctica y sus antiguos integrantes están dispersos. ¿Qué piensa cada uno?
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía emitido esta semana por el Gobierno de Javier Milei generó cruces entre los antiguos socios de Juntos por el Cambio (JxC), desde donde coinciden con el espíritu de las medidas pero cuestionan el formato elegido para llevarlas adelante.
Como coalición política, JxC dejó de existir en la práctica y sus antiguos integrantes están dispersos: algunos, como el caso de Patricia Bullrich o Luis Petri, son integrantes del Gobierno nacional, otros no integran el Poder Ejecutivo pero respaldan las primeras medidas gubernamentales, mientras que la mayoría apunta a que los cambios deberán pasar por el Parlamento.
Una de las disputas políticas hacia el interior de la antigua alianza la generó justamente Bullrich, quien salió a pedir «coherencia» a sus ex socios políticos.
La ministra de Seguridad aseguró que «el país está en urgencia» y que en las elecciones presidenciales ganó «la posibilidad de un cambio rápido».
«Todos aquellos, inclusive muchos del PRO que apoyaron que (Mauricio) Macri dicte estos decretos, ahora dicen que no. Seamos coherentes. El país está en emergencia», advirtió la funcionaria.
Bullrich sostuvo que «durante dos años de campaña discutimos si shock o gradualismo. Todos dijimos shock, Milei dijo shock, yo también dije shock y gané las PASO», señaló al recordar que se impuso en esa instancia ante Horacio Rodríguez Larreta.
Además sostuvo que «la emergencia es un concepto» y que si la fórmula que encabezaba por JxC hubiera ganado las elecciones hubieran hecho «exactamente lo mismo» porque «el cambio es uno solo y en una sola dirección».
«Si uno va a marcha lenta termina destruido», insistió, cuestionando así las modificaciones «graduales» que se intentaron durante la gestión de Macri.
Fue justamente el expresidente, además de Bullrich, una de las únicas voces en defender sin matices el contenido del decreto presidencial.
«Las medidas anunciadas por el Presidente requieren respaldo total y una prolijidad fiscal de hierro. Por mi parte, quiero dejar en claro públicamente mi apoyo a la desregulación de la economía», argumentó el exmandatario.
Agregó asimismo que se trata de «medidas valientes» en un momento al que calificó como «frágil y amenazante».
También apuntó contra los dirigentes que cuestionan a Milei al indicar que «resulta increíble que nieguen o relativicen la crisis. Me siento obligado a pedirle a todos ellos que actúen con la responsabilidad y grandeza que requiere este momento».
En tanto, todo el resto de lo que en su momento fue JxC coincidió en líneas generales con las medidas que dispuso el decreto, aunque insistieron en que estas nuevas normas deben pasar por el Parlamento.
Con un JxC disuelto en la práctica, ya no hubo, como en el pasado, un pronunciamiento formal desde la coalición, sino que cada integrante se manifestó en forma individual.
Larreta, quien ya comenzó a trabajar políticamente para ser alternativa en las elecciones de 2027, afirmó que «Argentina necesita reformas, pero no por decreto».
«Estoy de acuerdo con muchas de las reformas propuestas, pero no con la manera elegida para llevarlas a cabo. La división de poderes es la pieza central de nuestra República», puntualizó.
Tras pedir que «las cosas se hagan bien», consideró que es necesario evitar «que en cuatro años otro presidente con un DNU similar pueda dar todo marcha atrás».
En la misma sintonía de Larreta, la Mesa Nacional de la UCR fue incluso más dura y remarcó que «ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática».
En su estreno como nuevo titular del radicalismo, Martín Lousteau consideró que Milei «debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente».
Desde la Coalición Cívica, espacio ya escindido formalmente de lo que fue JxC, su titular, Maximiliano Ferraro, puntualizó que «el dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º».
«Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas», afirmó Ferraro, anunciando también que su partido establecerá un comité, presidido por Elisa Carrió, para analizar posibles violaciones de derechos constitucionales.
Otra de las patas que conformaban JxC, Encuentro Republicano Federal, a través de su titular, Miguel Pichetto, manifestó que Milel «debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso».
Pichetto también advirtió que «las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia» y agregó que «no está justificada ni la necesidad ni la urgencia» y estimó que el Poder Ejecutivo «podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias».
Desde el lado de los gobernadores de JxC se expresaron, entre otros, los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
En línea con lo manifestado por el radicalismo, Pullaro dijo que es necesario «un acuerdo republicano, donde se respete la división de poderes y se valoren todas las opiniones e instituciones».
En tanto, Frigerio marcó que coincide «con gran parte de las primeras medidas que presentó Milei» porque «en su mayoría son similares a las del programa económico de JxC en la ultima campaña electoral».
Sin embargo, sostuvo que «la discusión y aprobación de estas propuestas en el Congreso le darían más fortaleza y sostenibilidad de cara al futuro y sería una muestra contundente para el mundo que Argentina empieza a dejar atrás decididamente las políticas que nos llevaron al fracaso».
Judiciales ⚖️
LLA busca suspender la sesión del Senado del jueves para evitar la interpelación a Adorni
El Gobierno de Javier Milei activó una ronda de negociaciones con bloques aliados y gobernadores para desarticular el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles.
El gobierno de Javier Milei activó una ronda de negociaciones con bloques aliados y gobernadores para desarticular el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La maniobra, que compromete a la senadora Patricia Bullrich, al ministro del Interior, Diego Santilli, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, busca impedir que la sesión prevista para el jueves 18 de junio habilite el debate sobre la situación del funcionario.
El gobierno en modo defensivo
La Casa Rosada concentró este martes sus energías no en avanzar con la agenda legislativa propia, sino en contener el avance opositor. El oficialismo pospuso la búsqueda de apoyos para sus propios proyectos de ley y activó el «poroteo» para blindar a su jefe de Gabinete. La sesión del jueves tenía previsto tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada; ninguno de esos temas llegó a tener el consenso necesario y la crisis Adorni terminó de complicar el panorama.
Santilli recibió durante la mañana al gobernador chaqueño Leandro Zdero, uno de los pocos mandatarios dispuestos a trazar acuerdos electorales con La Libertad Avanza rumbo a 2027. Si bien Zdero ratificó su apoyo a la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, no hubo definición concreta respecto del respaldo al jefe de Gabinete. La ronda de contactos continuó por la tarde con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Bullrich en el Senado: frenar antes del jueves
En la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, trabajó para desactivar la sesión que el bloque peronista impulsó con el objetivo de interpelar a Adorni. Según fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es evitar que ese debate llegue al recinto. La vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo de la presidencia del Senado, convocó para el miércoles a la reunión de Labor Parlamentaria a las 18 horas, con el propósito formal de definir el temario de la sesión del jueves y la fecha del informe de gestión de Adorni; el oficialismo anticipó que ese informe se realizaría el 2 de julio.
El kirchnerismo y el bloque del Partido Justicialista en el Senado impulsaron la interpelación como mecanismo de control político sobre el funcionario cuya situación judicial se agravó en las últimas semanas. En paralelo, en la Cámara de Diputados existe una sesión convocada para el 23 de junio que incluye una moción de censura. Los socios del PRO y la UCR no descartaron habilitar el debate, lo que amplía la incertidumbre del oficialismo sobre su capacidad de contención parlamentaria.
«El Presidente banca»: la apuesta oficial a resistir
Ante la acumulación de presiones, integrantes de la mesa política del gobierno sostuvieron que la estrategia es resistir el desgaste y esperar que la controversia se disipe. «Tienen que entender que el Presidente banca, que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad», sostuvo un integrante de la mesa política. La apuesta es que el «coletazo mediático» se diluya antes de que la oposición logre consolidar los votos necesarios para avanzar sobre el cargo del funcionario.
Sin embargo, el contexto judicial no acompaña esa lectura optimista. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, ya involucra un patrimonio bajo sospecha que supera los US$ 840.000 e incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo sin declarar, el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa Bettina Angeletti y vínculos con la denominada Causa $Libra. El juez Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti, y ordenó el peritaje de dispositivos de testigos clave.
Puntos clave
- LLA busca suspender la sesión del Senado del jueves 18 para evitar que se trate la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
- Santilli negoció con gobernadores aliados; Zdero apoyó la reforma electoral pero no definió su postura sobre Adorni.
- La vicepresidenta Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles; el informe de gestión de Adorni se postergó para el 2 de julio.
- El PRO y la UCR no descartaron habilitar el debate de interpelación, lo que debilita la posición del oficialismo.
- La investigación judicial sobre Adorni abarca un patrimonio bajo sospecha superior a los US$ 840.000 y avanza con peritajes y levantamiento del secreto fiscal.
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