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La hiper de Milei: 50% de aumento en cuotas de colegios privados

Titulares de distintas entidades de educación privada confirmaron que el gobierno ya autorizó el incremento.

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Diferentes cámaras y entidades que nuclean instituciones educativas de gestión privada de todo el país estiman que, para el inicio del ciclo lectivo 2024, habrá aumentos de entre un 30 y un 50 por ciento en las cuotas, al tiempo que recalcan que cada jurisdicción sufrirá un aumento distinto porque ello depende del ajuste que se le haga al salario a nivel provincial.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, afirmó en diálogo con Télam que «ya hay un aumento autorizado por el Gobierno para las escuelas con aporte estatal que es del 30% a partir de marzo de 2024».

No obstante, advirtió que, «como la incidencia directa es la del salario docente, el 80% y 90%, ya hay un pedido de convocatoria a paritarias del Frente Gremial Docente Bonaerense y en el último acuerdo paritario que firmó el gobernador Axel Kicillof hay un punto que dice que se volverían a reunir en diciembre, con lo cual si se reúnen es probable que si se da un nuevo aumento salarial se tenga que hablar de más del 30%».

«Como la incidencia directa es la del salario docente, el 80% y 90%, ya hay un pedido de convocatoria a paritarias del Frente Gremial Docente Bonaerense. Si se da un nuevo aumento salarial se tenga que hablar de más del 30%» – Martín Zurita

«En Capital Federal les dieron la semana pasada un aumento nuevo a los docentes; la Ciudad había autorizado un 30% de aumento para marzo, pero ahora dio un aumento nuevo, quedando ese 30% desactualizado», explicó Zurita.

Asimismo, detalló que «las escuelas con 100% de aportes estatales pueden partir sus cuotas de $ 25.000 a $ 50.000, dependiendo si tienen materias extraprogramáticas o no», y si no tiene ninguna actividad extra oscile «entre $ 20.000 y $ 25.000».

«Ahora, si la escuela agrega materias extraprogramáticas, más horas, puede cobrar hasta el doble de eso», comentó el dirigente de Aiepba, y remarcó que si el colegio tiene menos aporte, «por ejemplo el 50%, pueden cobrar entre $ 50.000 y $ 100.000», graficó.

En tanto, el secretario de la Junta Coordinadora de Asociaciones de Enseñanza Privada (Coordiep), Norberto Baloira, aseveró que «en cada jurisdicción se va a dar un aumento distinto porque depende del aumento que se le haga al salario de cada jurisdicción», tras lo cual explicó que «el 80% del costo de un colegio privado es salario, tanto docente como de personal no docente».

«En cada jurisdicción se va a dar un aumento distinto porque depende del aumento que se le haga al salario de cada jurisdicción» – Norberto Baloira

«Estamos atravesando una etapa donde todos los meses ha habido dos paritarias, la nacional, que fijó un valor por debajo del cual no se puede fijar otro, y la local, sobre la cual cada jurisdicción fijó otro valor, y esto ha hecho que todos los meses se haya tenido que ir aumentando el arancel, algo que no ocurría antes cuando cada tres o seis meses podía haber un reajuste», indicó a esta agencia.

En esta línea, Baloira manifestó que no cree que el aumento «vaya a ser nada más que de 30% porque de acá a esta semana ya hubo, por ejemplo, en Capital Federal una nueva paritaria que aumentó los salarios de diciembre».

«Entonces todo va dependiendo no sólo de la voluntad de los colegios, sino de lo que vaya pasando con las paritarias, puesto que los colegios privados tienen equiparado el salario al colegio público, de manera que cuando hay paritaria docente, ya sea pública, es lo mismo para privada», resaltó.

Ante esta situación, el dirigente de Coordiep dijo que «lamentablemente se está viendo que hay familias a las que se les hace muy difícil, sobre todo las que tienen más de un chico».

«El colegio no quiere perder al alumno pero tiene la obligación de cumplir con el pago de su personal», puntualizó Baloira, para lo cual afirmó que desde Coordiep «cada colegio va a recibir a cada familia que le plantee la situación y el problema para buscar fórmulas de becas o de diferir pagos».

El secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra) y de la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (Caiep), Perpetuo Lentijo, aseguró que los colegios que nuclean esas cámaras «en general tienen aranceles controlados porque las escuelas con aporte estatal tienen topes arancelarios en todas las jurisdicciones y eso marca la evolución de los aumentos que marchan en forma paralela o consecuente a las paritarias docentes».

«Lo que se ha comunicado ahora a los padres por estos días son los valores de las cuotas de marzo que tienen en un promedio un incremento del 30% sobre las cuotas de diciembre en ciudad y provincia de Buenos Aires», precisó Lentijo en declaraciones a Télam, tras lo cual remarcó que «en el interior también, aunque es variable».

«Lo que se ha comunicado ahora a los padres por estos días son los valores de las cuotas de marzo que tienen en un promedio un incremento del 30% sobre las cuotas de diciembre en ciudad y provincia de Buenos Aires» – Perpetuo Lentijo

Mientras que «en los casos de las escuelas sin aporte, en algunos casos, el incremento anunciado ha sido mayor porque haciendo la proyección en función de los índices inflacionarios y dado que estas escuelas no tienen ningún apoyo del Estado en algunos casos la proyección de la cuota de marzo les dio por encima de este tope», se explayó.

«Confiamos en que el ritmo inflacionario permita mantener estos valores, pero en la medida que se siga acelerando no sé si llegaremos, porque si sigue habiendo acuerdos paritarios e incremento de salarios probablemente este porcentaje no alcance», puntualizó el dirigente de Adeepra y Caiep.

Para los colegios sin aportes estatales, Lentijo manifestó que el aumento estimado es de 50%, y comentó que «en general esos establecimientos enviaron en octubre la declaración jurada con esa proyección y en algunos casos han tenido que sentarse con las familias a consensuar valores accesibles o razonables».

Por último, el presidente de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas (Caciep), Javier Basanta Chao, estimó que para el inicio del próximo ciclo lectivo la cuota mensual de colegios privados subirá en promedio 50%, contemplando su variabilidad y dinamismo en función de las paritarias salariales, la inflación y los costos de impuestos y servicios.

Basanta Chao manifestó que la mayoría de las escuelas privadas con aporte estatal actualizaron sus aranceles en 10% en julio, 20% en agosto y 10% en septiembre, y aún resta por aplicarse un 25% para el corriente mes o la primera cuota del próximo año.

En ese sentido, señaló que podría haber un «incremento de entre 40% y 50% en el primer cuatrimestre» de 2024 en los colegios privados cordobeses, con cuotas que valdrán entre $ 45.000 y $ 300.000, según la modalidad, ya que algunos establecimientos disponen de doble escolaridad, jornada extendida, comedor o asistencia de la cooperadora.

Los aumentos «se dan en función del incremento del salario docente, dado que el mismo ocupa un 85% de la estructura de costos», aclaró Basanta Chao en declaraciones al diario Puntal de Río Cuarto.

Al respecto afirmó que en otros convenios laborales los aumentos paritarios están entre 15% y 30% por debajo de los niveles inflacionarios, mientras que «desde el año pasado en adelante el salario docente ha aumentado entre 15% y 25% por encima de la inflación, produciéndose ahí el desfasaje», resaltó.

El directivo dijo también que si bien el Gobierno cordobés aporta recursos estatales a la educación privada, esos fondos públicos cubren sólo un promedio de entre 40% y 50% del costo total de su funcionamiento, debido a que esos colegios cuentan con más personal, como auxiliares, maestranza, administrativos, jefes de trabajos prácticos y seguridad, entre otros.

Impuestos

Las PyMEs argentinas enfrentan 62 obligaciones tributarias y administrativas por año

Un relevamiento del IARAF y la CAC contabilizó 34 gravámenes y 28 regímenes de percepción, retención e información para una empresa representativa. Aunque hubo una reducción respecto del año anterior, persisten los costos administrativos y los fondos inmovilizados.

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Las pequeñas y medianas empresas argentinas deben afrontar una estructura de obligaciones que comprende impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de distintos procedimientos administrativos. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el relevamiento de 2026 identificó 34 tributos y 28 regímenes de percepción, retención e información.

El documento, denominado Vademécum tributario argentino de PyMES 2026, citado por NA, contabiliza un total de 62 obligaciones entre gravámenes y trámites formales. Aunque las cifras muestran una reducción respecto del año anterior, el estudio advierte sobre los costos de cumplimiento y la acumulación de saldos a favor que pueden afectar los recursos de las empresas.

El informe identificó 34 tributos para las PyMEs argentinas

De acuerdo con el relevamiento del IARAF y la CAC, los tributos identificados se distribuyen entre los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.

En el ámbito nacional se contabilizaron 16 tributos. Entre ellos figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias para sociedades, el Impuesto al Cheque, los derechos de importación y exportación, y las contribuciones patronales.

En el nivel provincial, el estudio identificó ocho tributos. Los principales ejemplos son el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), el Impuesto Inmobiliario provincial, el Impuesto del Automotor y el Impuesto de Sellos.

Por su parte, el ámbito municipal reúne diez tributos, entre los que se encuentran la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), el Derecho de Publicidad y Propaganda y distintas tasas inmobiliarias y automotrices.

La cantidad de tributos disminuyó respecto del relevamiento anterior

El informe registró una reducción en la cantidad de tributos contemplados en comparación con el año previo: pasaron de 37 a 34.

Según el documento, la variación responde a la eliminación de los impuestos internos que gravaban los seguros y la telefonía celular, además de un cambio metodológico que excluyó la Tasa de Ocupación de Espacios Públicos por corresponder a actividades específicas.

También se redujo la cantidad de regímenes de percepción, retención e información, que pasó de 30 a 28.

Sin embargo, el estudio precisó que solo una de esas bajas representó una reducción efectiva de alcance generalizado: la eliminación del régimen vinculado al Impuesto PAIS. La otra correspondió a la supresión de un mecanismo exclusivo del sector de escribanías.

Qué empresa se tomó como referencia para calcular las obligaciones

Para elaborar el vademécum, la investigación definió un modelo de PyME constituida como sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), con características operativas que permiten contemplar distintas obligaciones fiscales.

La empresa representativa cuenta con establecimiento propio, empleados en relación de dependencia, flota de vehículos y equipamiento tecnológico. Además, opera con cuentas bancarias, importa insumos y exporta parte de su producción.

El cálculo también considera los impuestos directos e indirectos incorporados en las facturas de servicios básicos, como electricidad, gas natural, agua, telefonía celular e internet.

De esta manera, el relevamiento contempla tanto los tributos vinculados directamente con la actividad empresarial como aquellos que inciden en los costos de funcionamiento.

Retenciones y percepciones: los costos administrativos que señala el estudio

El informe identifica dos obstáculos principales asociados a los 28 regímenes de percepción, retención e información.

El primero es la carga administrativa que deben afrontar las empresas para cumplir con presentaciones periódicas y otros procedimientos formales. Estas tareas requieren recursos operativos y exponen a las PyMEs al riesgo de sanciones o multas ante eventuales incumplimientos.

El segundo problema es la acumulación de saldos a favor, generada por la proliferación de retenciones y percepciones. Según el documento, la lentitud y la burocracia de los procedimientos de devolución dificultan la recuperación de esos fondos.

La situación puede provocar que parte de los recursos de las empresas quede inmovilizada mientras se tramitan las devoluciones correspondientes.

Los saldos a favor pueden representar fondos inmovilizados para las empresas

El vademécum advierte que los importes retenidos o percibidos en exceso pueden convertirse en un problema financiero cuando las empresas no consiguen recuperarlos con rapidez.

El informe sostiene que, ante las demoras administrativas, esos fondos inmovilizados se transforman en la práctica en un incremento encubierto de las alícuotas tributarias.

El relevamiento del IARAF y la CAC plantea así dos dimensiones de la carga que enfrentan las PyMEs argentinas: el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas, por un lado, y las dificultades para disponer de recursos propios que quedan acumulados como saldos a favor, por el otro.

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