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Organizaciones de personas sordas reclamaron el reconocimiento de la Lengua de Señas

«Nuestros derechos lingüísticos son nuestros derechos civiles», destacaron.

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Más de medio centenar de asociaciones e instituciones de personas sordas del país se movilizaron esta tarde frente al Congreso de la Nación para reclamar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Argentina (LSA) como su idioma natural en todo el territorio argentino.

En el Día Internacional de las Lenguas de Señas y tras montar un escenario frente al Congreso, asociaciones de todas las provincias se hicieron presentes, junto con intérpretes, diversos grupos de jóvenes y familias, que levantaron pañuelos azules exigiendo por «reconocimiento y respeto». «Nuestros derechos lingüísticos son nuestros derechos civiles», destacaron.

Según la Federación Mundial de Sordos, a nivel global existen 70 millones de personas usuarias de lengua de señas como primera lengua, y en Sudamérica sólo dos países no cuentan con ley de señas con reconocimiento oficial: Guyana y Argentina.

Lucas Larroca, vicepresidente de la Confederación Argentina de Sordos (CAS), dijo a Télam que para la elaboración de este proyecto participaron 50 asociaciones de y más de 500 instituciones: «Estamos convocando a todo el pueblo sordo para llamar la atención y visibilizar el reconocimiento de la lengua de señas. Eso implica la identidad y el patrimonio lingüístico cultural de las personas sordas», remarcó.

Natalia, una persona sordociega integrante de la CAS, detalló que quienes tienen esa condición «se mezclan en escuelas con todas las discapacidades en donde tienen protáctil, que es como la lengua de señas pero táctil».

«Hay que separarlos de esa educación con discapacidad y que puedan vincularse con la educación para sordos», sostuvo.

En diálogo con Télam, Natalia manifestó que es «magnífico que haya tantas personas presentes con sordoceguera. La ley puede ser un puente de comunicación, un vínculo más allá del braille».

Analía Rosales, de Río Grande -que viajó a Buenos Aires para apoyar la movilización- dijo a Télam que en Tierra del Fuego «se preocupan por conseguir intérpretes para los turistas que hablan en inglés», mientras que «los turistas sordos del mundo viajan y no tienen accesibilidad».

Ayer, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados acordó que se buscará la unificación de los proyectos existentes sobre el reconocimiento de la LSA, trabajando en conjunto con las asociaciones.

La norma que se procura aprobar busca «eliminar las barreras comunicacionales y remover las actitudinales facilitando el acceso a la comunicación e información por parte de las personas que, por su discapacidad, se comunican en LSA en su interacción con el entorno», informó la Cámara baja.

Carla Petrosino, de la Asociación Argentina de Sordos (ASO), y Cecilia Maltez, intérprete del Poder Judicial, manifestaron que las personas sordas se enfrentan con muchas dificultades, la más importante es el acceso a la salud.

«Ir a un hospital o a la Policía debe ser accesible para nosotros», explicaron a Télam.

«Siempre tenemos que llamar a algún familiar para que nos acompañe. Yo soy sorda nada más, soy autónoma y necesito accesibilidad», dijeron.

Según la CAS, el 86% de las personas sordas asisten o asistieron a escuelas donde no pueden o pudieron comunicarse con sus docentes.

Carolina Argüello y Maricel Rollo son docentes de la Escuela Especial 513 de sordos e hipoacúsicos en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y dijeron a Télam que las personas sordas necesitan intérpretes en todos los ámbitos.

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Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes

La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.

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Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.

La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.

Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»

Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.

El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.

Qué reclaman los trabajadores

El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:

  • El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
  • El cambio de las flotas contaminadas.
  • La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
  • La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.

Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».

La respuesta de Emova y del Gobierno porteño

Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».

El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.

La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.

Un conflicto que se arrastra desde 2018

El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.

El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.

Lo que tenés que saber

  • La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
  • La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
  • El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
  • Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
  • El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.

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