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Grabois detalló en Rosario su plan integral de seguridad
El precandidato presidencial del Frente de Todos señaló que contempla tres niveles de abordaje.
El precandidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Juan Grabois, desarrolló en la ciudad santafesina de Rosario el capítulo sobre seguridad y narcotráfico de su plan quinquenal de Desarrollo Humano Integral, que contempla tres niveles de abordaje de la temática.
«Tenemos un borrador de un plan preventivo del delito y estamos elaborando una política de Estado integral en materia de seguridad, con una mirada de abajo hacia arriba», sostuvo Grabois.
«Sobre ese borrador queremos discutir propuestas concretas que resuelvan los problemas, priorizando la realización concreta por sobre el marco ideológico desde donde se elabora», continuó.
El precandidato presidencial proveniente de los movimientos sociales explicó que el borrador contempla tres niveles de abordaje de la problemática de la seguridad pública y el narcotráfico, asuntos que forman parte indisociable de la agenda rosarina.
Según explicó en las diversas actividades que realizó en la ciudad, el plan tiene una triple orientación.
«Por arriba, la investigación del lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la discusión de las normativas vigentes; por el medio, con reformas estructurales de las policías y la Justicia; por abajo, con políticas estatales multiagenciales en territorio, y propuestas contra la reincidencia en el delito a partir de programas de trabajo y educación», explicó.
Grabois detalló que los movimientos populares tienen experiencia en las políticas «por abajo» a partir del trabajo territorial en los barrios populares y la organización en polos productivos de inclusión de personas que salen de la cárcel.
Esas políticas disminuyen la reincidencia en el delito «y a partir del diálogo con expertos en fuerzas de seguridad, justicia penal y lavado de activos, busca profundizar el desarrollo de las políticas ‘por arriba’ y ‘por el medio'», explicaron desde la organización a través de un comunicado.
El dirigente visitó hoy en Rosario a familiares de víctimas de la violencia narco en el barrio «Los Pumitas», mantuvo una reunión de trabajo con expertos en seguridad, entre ellos la exministra nacional Sabina Frederic, y un encuentro con la jueza de la Corte Suprema de Justicia provincial, María Angélica Gastaldi.
Por la mañana, Grabois participó junto al precandidato a intendente de Rosario, Juan Monteverde (Ciudad Futura), de una reunión de trabajo con expertos en la problemática y su equipo de especialistas que está desarrollando el capítulo Seguridad del plan quinquenal de Desarrollo Humano Integral.
La diputada nacional Natalia Zaracho y la referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Liberados, Nora Calandra, expusieron sobre una ley contra la reincidencia que busca crear una política de trabajo y acompañamiento integral a personas que salen de la cárcel, con el fin de que «puedan reconstruir su vida alejados del delito, tomando como referencia la experiencia de la economía popular».
Sobre el eje «por el medio», que implica políticas sobre las fuerzas de seguridad, Frederic se explayó sobre las propuestas de institucionalidad y articulación federal de las fuerzas para una política de seguridad eficiente, que requiere una reforma profunda del Estado.
Desde Ciudad Futura, explicaron la propuesta de Agencia Anti Lavado aprobada por el Concejo Municipal rosarino, que busca detectar maniobras de lavado de activos que puedan darse en la economía local, con el objetivo de cortar el circuito dinerario que dota de rentabilidad a la violencia.
«Lo importante de esto es que cambia el paradigma de abordaje yendo por arriba, a buscar la ruta del dinero narco y a los verdaderos ganadores de este negocio», sostuvo Monteverde.
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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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