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Gremiales

Anunciado: trabajadores reclaman por 117 despidos de Corredores Viales

La Secretaría de Transporte calificó la medida de fuerza como ilegal e ilegítima, alegando pérdidas millonarias.

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El Gobierno Nacional despidió a 117 empleados de Corredores Viales S.A. luego de una huelga de cuatro días convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA). La Secretaría de Transporte, encabezada por Franco Mogetta, calificó la medida de fuerza como «ilegal e ilegítima», argumentando que provocó pérdidas superiores a los $2.500 millones para el Estado.

Argumentos oficiales: pérdidas millonarias y acusaciones de extorsión

Según el comunicado oficial, la protesta comenzó en solidaridad con 500 trabajadores de Caminos del Río Uruguay, empresa cuya concesión finalizó en 2014. El Gobierno sostuvo que SUTPA «pretendía que el Estado Nacional contrate o indemnice a 500 personas que son responsabilidad de una empresa privada».​

La Secretaría de Transporte denunció que el sindicato cambió el motivo del paro por razones que no justificaban una huelga por tiempo indeterminado. Además, advirtió previamente a los trabajadores que, de continuar con «estas medidas extorsivas y desproporcionadas», se aplicarían sanciones disciplinarias, incluyendo despidos.​

El levantamiento de las barreras de peaje y la obstrucción del paso durante la protesta resultaron en largas demoras para los usuarios y una pérdida para Corredores Viales de más de $2.500 millones. Se destacó que, al levantarse las barreras, se impide el cobro manual y automático de peajes, afectando la recaudación necesaria para el sostenimiento del sistema sin aportes estatales.​

SUTPA denuncia ataque a la libertad sindical

Desde SUTPA repudiaron los despidos, calificándolos como «un grave ataque a la libertad sindical» en el marco de «una huelga legítima». El sindicato afirmó que los despidos violan la Constitución Nacional y normas laborales nacionales e internacionales, evidenciando la intención de la empresa de desarticular la lucha de los trabajadores.​

SUTPA exigió la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos y responsabilizó a Corredores Viales por tomar una decisión que atenta contra los principios básicos de la democracia sindical y los convenios N° 87 y Nº 98 de la OIT.​

Contexto: plan de disolución de Corredores Viales

La medida se enmarca en el plan del Gobierno de disolver Corredores Viales S.A., empresa estatal que administra 9.145 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. El Ejecutivo argumenta que la empresa duplica funciones de la Secretaría de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad. La disolución implicaría el desplazamiento de 3.600 empleados públicos.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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