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Gremiales

Sturzenegger cruzó a la UIA por las trabas a la importación de maquinaria usada

El ministro acusó a la central industrial de mantener “contradicciones internas” y de ignorar los reclamos de pequeños y medianos empresarios.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respondió con dureza a la Unión Industrial Argentina (UIA) tras el rechazo de esa entidad a la decisión del Gobierno de permitir la importación de maquinaria usada sin restricciones. La medida, oficializada este miércoles mediante el Decreto 273/2025, formó parte de las exigencias del expresidente estadounidense Donald Trump para respaldar a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un decreto que elimina un régimen vigente desde los años 90

El decreto llevó las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un trámite obligatorio desde hace más de treinta años que impedía o dificultaba el ingreso de maquinaria industrial usada al país.

Con la nueva norma, las empresas podrán importar bienes de capital —como equipos para la industria petrolera, gráfica, automotriz o alimenticia— sin necesidad de aprobación previa del Estado. Según el Gobierno, esta medida reducirá costos productivos y mejorará la competitividad del sector privado.

Críticas a la UIA y defensa de las PYMES

La UIA cuestionó la decisión al considerar que pone en riesgo la producción nacional de bienes de capital. En respuesta, Sturzenegger acusó a la central industrial de mantener “contradicciones internas” y de ignorar los reclamos de pequeños y medianos empresarios.

“El tema de la importación de bienes de capital usados nunca apareció en las charlas con esas organizaciones”, aseguró el ministro. “Cuando abrí mi mail para recibir sugerencias, llovieron decenas de empresarios pequeños y medianos pidiéndome desesperadamente que les abriéramos el juego”.

También cuestionó el rol representativo de la UIA y planteó: “¿A quién defienden las entidades? ¿A los miles de empresarios beneficiarios o a los que hoy producen esas máquinas?”

Un «pacto social» con condiciones

Sturzenegger propuso a la UIA lo que denominó un “pacto social” con siete ejes:

  • No favorecer a un sector en detrimento de otro dentro de la cadena productiva.
  • Promover la competencia interna en todos los niveles.
  • Aceptar la competencia internacional, incluyendo las importaciones.
  • Eliminar barreras a las exportaciones.
  • Suprimir el sesgo intervencionista de los gobiernos nacional y provinciales.
  • Reducir impuestos mediante la «motosierra» sobre el gasto público.
  • Reformar el costo laboral con sistemas de cese y ajustes en las negociaciones colectivas.

La economía productiva, entre Washington y el ajuste

La eliminación del CIBU fue uno de los puntos exigidos por el gobierno de Donald Trump a cambio de su respaldo en el directorio del FMI. Aunque la administración de Milei negó condicionamientos externos, el gesto coincidió con el cierre del nuevo acuerdo con el organismo multilateral.

“Lo único que les queda a estas entidades es defender que les bajen los impuestos o que se haga una devaluación que los exima de bajar costos ellos”, denunció Sturzenegger. “Eso no es más que intentar usar al Estado para redistribuir recursos del resto de la sociedad o de los trabajadores”.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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