Gremiales
Estatales de ATE lanzan paro y movilización para exigir reapertura de paritarias
En lo que va del año, los empleados estatales perdieron más del 34% de su poder adquisitivo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que llevará a cabo un paro nacional y una movilización el próximo 29 de octubre, exigiendo la reapertura inmediata de las paritarias y un incremento salarial para los empleados estatales. La protesta comenzará a las 12 y tendrá como epicentro el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La decisión fue tomada en un Plenario Federal en el que participaron más de mil delegados de todo el país. Por unanimidad, ATE determinó realizar un paro total de actividades por 36 horas con el fin de visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de los empleados estatales durante la gestión del presidente Javier Milei.
Reclamos salariales y críticas al Gobierno
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, criticó duramente la política salarial del Gobierno y exigió una pronta respuesta: “No nos bancamos más a este Gobierno. Tenemos que profundizar el plan de lucha. Los salarios de los estatales ya no alcanzan para garantizar una vida digna. Tenemos que frenar a Milei antes que termine de aniquilar el derecho constitucional a una retribución justa”.
El dirigente sindical también apuntó contra Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, acusándolo de actuar “en las sombras” y causando graves perjuicios a los trabajadores estatales. “El Gobierno miente, se abraza a la casta y pierde apoyo popular. Tenemos que seguir en la calle y debemos poner en evidencia a Sturzenegger. Hasta ahora la sacó bastante barata”, expresó Aguiar.
Preocupación por la seguridad y posibles represiones
Sobre el protocolo de seguridad que podría desplegar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la jornada de protesta, Aguiar manifestó su inquietud: “Esperamos no tener que sufrir la represión de las protestas ni que el Ministerio de Seguridad implemente procedimientos ilegales. La paz social no la tiene que garantizar ni la Policía ni la Justicia, la tienen que asegurar los Gobiernos con sus políticas”.
Además de la exigencia de mejoras salariales, ATE también reclamará el cese de los despidos en el sector público, el rechazo al cierre de organismos estatales y su oposición a la reforma del Estado impulsada por la administración Milei.
Contexto económico y situación de los trabajadores estatales
En lo que va del año, los trabajadores estatales han experimentado una pérdida del poder adquisitivo de más del 34%, debido a que los incrementos salariales otorgados en 8 de los primeros 9 meses se ubicaron por debajo de la inflación. En el último encuentro con el Gobierno, el 30 de agosto, ATE rechazó una oferta de aumento del 2% para septiembre y 1% para octubre, un acuerdo que fue aceptado por el otro gremio estatal, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Las asambleas en los organismos públicos se llevarán a cabo en los próximos días, y no se descarta la posibilidad de protestas en las rutas nacionales como parte de las medidas de fuerza.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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