Legislativo
Polémica en el Senado: Kueider y la maniobra que podría anular su destitución
Milei traspasó el mando a Villarruel por un viaje al exterior, pero el acta se firmó horas después de la sesión. Ahora, cualquier ciudadano o senador. podría pedir la nulidad de la expulsión del senador.
El escándalo político que envuelve al senador entrerriano Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con prisión domiciliaria por lavado de dinero, sumó un nuevo capítulo con su reciente expulsión del Senado argentino. Sin embargo, la sesión que selló su salida podría enfrentarse a una impugnación debido a presuntas irregularidades en el proceso. La polémica surge del traspaso del poder ejecutivo de Javier Milei a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien presidió la sesión en cuestión mientras el mandatario viajaba hacia Italia.
La legalidad en duda
Kueider, detenido la semana pasada al intentar cruzar un paso fronterizo con más de 200 mil dólares no declarados, fue expulsado por el Senado en una sesión marcada por fuertes polémicas. Legisladores y juristas comenzaron a plantear dudas sobre la validez del procedimiento. El senador oficialista Carlos Pagotto subrayó: “Tranquilamente podría darse la impugnación de la sesión de hoy. Tendría que haberse hecho un acta de traspaso de mando y firmar la vicepresidenta”.
La ley establece que cuando el presidente se ausenta del país, el mando debe ser formalmente traspasado mediante un acta firmada por un escribano. En este caso, el escribano llegó al Senado a las 19 horas, una vez finalizada la sesión. Según fuentes oficiales, Milei partió hacia Italia al mediodía, lo que dejó un vacío legal que, para algunos, pone en entredicho la validez de las decisiones tomadas.
¿Maniobra política o desprolijidad?
Sectores opositores comenzaron a especular si esta situación podría haber sido una estrategia deliberada del gobierno de Javier Milei para boicotear la destitución del senador. El libertario cuestionó la legalidad de la sesión bajo el argumento de que Villarruel, al asumir las funciones presidenciales, no podía al mismo tiempo presidir el Senado.
Pagotto agregó: “Esto era público. Si Milei ya había viajado, debieron notificar a la vicepresidenta antes de la sesión. Ahora tendrán que dilucidar quién tiene la responsabilidad”. La confusión y las desprolijidades administrativas generaron críticas y fricciones en los despachos de la Casa Rosada y el Senado.
Implicancias legales
Juristas coinciden en que la nulidad de la sesión podría ser solicitada por un senador, un interesado o cualquier ciudadano. Según Pagotto, “Son funciones completamente distintas. Por eso es anulable. La Constitución prevé que, no estando el presidente, la vicepresidenta asume la presidencia. No puede presidir el Senado”.
El caso Kueider, lejos de apaciguarse, se convierte en un nuevo foco de conflicto institucional. Las próximas semanas serán clave para determinar si la impugnación avanza y cuáles serán las consecuencias políticas y legales de este episodio.
Puntos clave de la maniobra del Gobierno de Javier Milei:
- Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay por lavado de dinero y expulsado del Senado en una polémica sesión.
- Javier Milei traspasó el mando a Victoria Villarruel antes de viajar a Italia, pero el acta correspondiente se firmó horas después de la sesión.
- Legisladores oficialistas y opositores cuestionan la legalidad del procedimiento.
- La nulidad ahora podría ser solicitada por cualquier ciudadano o senador.
- Crecen las sospechas de una estrategia del gobierno para boicotear la destitución de Kueider.
Legislativo
Desregulación a la carta: el oficialismo aprobó la Ley Hojarasca con el voto de sus aliados
La iniciativa del ministerio de Desregulación deroga más de 70 normas consideradas obsoletas. El bloque opositor rechazó el proyecto y advirtió que es una «cortina de humo» para continuar el desmantelamiento del Estado.
Diputados aprobó la Ley Hojarasca con 138 votos a favor
★ La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, impulsado por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. La iniciativa, que deroga más de 70 normas calificadas por el oficialismo como obsoletas o inútiles, fue girada al Senado donde el Gobierno espera obtener la sanción definitiva.
El argumento oficial: menos regulaciones, más libertad
El diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue el principal defensor del proyecto en el recinto. En su exposición, contrapuso el espíritu de la ley con lo que definió como la tendencia de «la política tradicional» de acumular regulaciones para «hacerle la vida imposible al ciudadano argentino de bien».
«La regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones», sostuvo Benegas Lynch, quien además cuestionó que se mida «la calidad legislativa por la cantidad legislativa», calificando esa práctica como «francamente patética».
Su compañero de bloque Nicolás Mayoraz precisó los criterios con que se seleccionaron las normas a derogar: leyes superadas por normativas posteriores, disposiciones obsoletas por avance tecnológico, organismos financiados con fondos nacionales sin justificación funcional, y trámites burocráticos «innecesarios». Entre los ejemplos que mencionó figuran la histórica ley de Azotes, la ley de microfilmación y la ley de mochileros.
La oposición: «una cortina de humo»
El rechazo de los bloques opositores fue contundente. El diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, advirtió que «detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado», situando el proyecto en el marco más amplio del achicamiento estatal que caracteriza la gestión libertaria.
La diputada Myriam Bregman, presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, fue más directa en su crítica al proceso legislativo: «Hay que ser muy termo para votar una ley como ésta», cuestionó, y puso en duda que la mayoría de los legisladores que la apoyaron tuvieran conocimiento cabal de su contenido. Bregman también rechazó el argumento oficial de que se trate de una norma «inocua».
El contexto: desregulación como política de Estado
La Ley Hojarasca no es un episodio aislado. Se inscribe en la política sistemática de desregulación y reducción del Estado que el gobierno de Javier Milei lleva adelante desde diciembre de 2023, y que ya acumuló recortes reales significativos en gasto primario, gasto de capital, transferencias a provincias y programas sociales. Desde el inicio de la gestión, el gasto primario total cayó un 31% en términos reales, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.
La sesión de este miércoles incluyó además la votación del proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por «zona fría», la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.
Puntos clave
- La Ley Hojarasca se aprobó en Diputados con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones.
- Deroga más de 70 normas impulsadas como «obsoletas» por el ministerio de Desregulación de Sturzenegger.
- La oposición la calificó de «cortina de humo» para profundizar el desmantelamiento estatal.
- El proyecto pasa ahora al Senado para su sanción definitiva.
- La iniciativa se enmarca en la política de desregulación sostenida por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.
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