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Desregulación

ATE denunció que Milei incorporó al Estado a “militantes libertarios con remuneraciones extraordinarias”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció el ingreso de funcionarios oficialistas con salarios privilegiados, mientras sostiene que se vulneran derechos adquiridos y se profundiza la precarización en la administración pública.

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El Argentino Diario-Aguiar-ATE.

⬛ Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunció que el Gobierno Nacional «blanqueó la incorporación de militantes libertarios con remuneraciones extraordinarias». Según un comunicado del gremio, desde el Poder Ejecutivo «deciden seguir vulnerando las leyes y atacando los derechos adquiridos» al permitir que nuevos ingresantes provenientes de «las filas oficialistas» entren «con altos sueldos».

En este contexto, Aguiar fue más específico en su análisis: «No cuesta mucho imaginarse que lo que quieren es garantizar que se respete la antigüedad que podían tener en el sector privado». De esta manera, el líder gremial señala que la medida funcionaría como un mecanismo para respetar trayectorias profesionales de militantes oficialistas que ingresaban desde el sector privado.

La crítica directa a Sturzenegger

Aguiar apuntó específicamente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien firmó el documento que habilita estas incorporaciones. En un tono cargado de ironía, cuestionó: «¿No era que ibas a transparentar el ingreso al Sector Público? Ni se les ocurrió pensar en la propuesta de ATE de los concursos públicos por oposición y antecedentes. Sólo piensan en sus negocios. Me parece que al final la casta y la vieja política te están ganando por goleada».

En su crítica, Aguiar contrasta el modelo que propone ATE —basado en concursos públicos abiertos— con lo que considera una lógica discrecional del Gobierno Nacional.

Las consecuencias según el gremio

Para ATE, esta medida unilateral «distorsiona aún más la devastada realidad salarial y profundiza la precarización de las condiciones de trabajo» del colectivo laboral que, según el gremio, más castigado ha sido por el ajuste del Gobierno de Milei: la administración pública.

Aguiar enumeró lo que considera que esta decisión provoca: «rompe la equiparación escalafonaria»; incita a una «enorme discrecionalidad en materia retributiva»; «vulnera la negociación colectiva»; «retrocede en derechos adquiridos» y «viola el principio de progresividad laboral» que se encuentra inscripto en pactos internacionales con rango constitucional.

El cruce con Manuel Adorni

El gremialista también dirigió sus críticas hacia el vocero presidencial Manuel Adorni. Recordó que en múltiples conferencias de prensa, Adorni se pronunció en contra del empleo público y de los supuestos «ñoquis» que, según su narrativa, poblaban las oficinas de la administración pública.

«Me acuerdo cuando hablabas de barreo y limpieza en los entes públicos. Ahora vemos que semejante necesidad de aseo era para acomodar a esos rotos que estuvieron en el Movistar Arena», concluyó Aguiar en un mensaje que sugiere que la «limpieza» anunciada por el Gobierno habría sido selectiva.

Puntos clave:

  • El secretario general de ATE denunció que el Gobierno incorpora militantes libertarios con sueldos extraordinarios y fuera de escala
  • ATE propone como alternativa concursos públicos abiertos por oposición y antecedentes
  • El gremio sostiene que la medida vulnera derechos adquiridos y viola normas de negociación colectiva
  • Aguiar cuestiona la consistencia del discurso oficial contra el empleo público
  • La medida genera discrecionalidad retributiva en la administración pública, según ATE

Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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