Por Néstor Llidó

Aquel escrache en la puerta del Instituto Patria en la tarde del último 21 de julio, que fuera denunciado en exclusiva por EL ARGENTINO al ser testigos del accionar de ese grupo de violentos que se manifestó con la complicidad de la Policía de a Ciudad, dio lugar a la presentación de dos causas judiciales.

Y a poco de cumplirse dos meses de ese episodio, cuyas imágenes fueron ampliamente difundida y sus autores debidamente identificados, la investigación quedó “encerrada” en esas cuestiones de la burocracia judicial, no exenta de “intereses políticos” y la cuestionada intervención del fiscal federal Carlos Stornelli, un funcionario con inocultables vínculos con el macrismo.

La denuncia de oficio impulsada por la fiscal Mónica Cuñarro recayó en el Juzgado en lo Correccional, a cargo de Manuel De Campos, quien se declaró incompetente al entender que debía intervenir el fuero federal y giró al expediente al despacho de Daniel Rafecas.

Mientras que la presentación formulada por el apoderado del Instituto Patria, Fernando Castiglioni, fue dirigida al juez federal Daniel Rafecas, pero este entendió que debía tramitarse en el ámbito correccional y allí que fue que el fiscal federal Carlos Stornelli interpuso una apelación.

Entonces, desde el Instituto Patria se recusó a Stornelli, que fue ratificado para que continúe al frente de la investigación por el juez Rafecas, mientras la cuestión de fondo, la de la competencia, aún está pendiente de resolución.

En síntesis, pasando el limpio y bajándolo al llano, la Justicia patea la pelota para adelante, no resuelve, ni investiga nada y esas amenazas, que puedan interpretadas como una escalada para lo que terminó siendo el atentado contra la vida de la vicepresidenta, todavía no han sido profundizados.

Una dilación que opera como una suerte de garantía de impunidad para ese grupo que, a cara descubierta y ante la mirada cómplice de efectivos de la Policía de la Ciudad, se permitió insultar y amenazar de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. “Ni siquiera llamar a declarar al que tenía el megáfono en la mano”, se graficó, en relación a la inactividad de las causas abiertas por el hecho.

La calificación del expediente es grave, ya que su carátula es “intimidación y amenazas de muerte” hacia la vicepresidenta y titular del Senado, además de “daños a la propiedad” por el ataque al edificio de Rodríguez Peña 80 en la zona de Congreso e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante la inacción de los efectivos de la fuerza de seguridad dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la denuncia se detalla que a las 18 de ese jueves 21 de julio, una decena de personas irrumpió en la vereda, frente a la sede del Instituto Patria, “comenzando a proferir violentas amenazas de muerte e intimidaciones en perjuicio de la vicepresidenta y de todos los integrantes de la institución”.

Como prueba irrefutable se la acompañó con el link de la red social Twitter de la cuenta oficial, (@ElArgentinoOk), donde está el video registrado por uno de nuestros periodistas, además de material fotográfico. “Allí se aprecia de forma clara y precisa como un hombre de aproximadamente 60 años, canoso y de anteojos, vestido con un piloto blanco, pantalón marrón y zapatillas azules, comienza megáfono en mano con graves epítetos y amenazas de muerte”, se precisó.

La situación fue acompañada por la “actitud pasiva de la Policía de la Ciudad, tal como se ve en los videos, permitiendo que las personas que se encuentran en el lugar arrojen basura, pinten paredes y cuelguen carteles con todo tipo de carteles amenazantes”. Esta circunstancia tiene su “remate” con un afectuoso saludo entre uno de los uniformado con el más exaltado de los escrachadores, “como una muestra sobre que conocerían con anterioridad”.

Los violentos se identificaron como “autoconvocados”, pero formaban parte de ese grupo, ciertamente homogéneo, que lanzaron basura y patearon las puertas del Instituto Patria, uno de ellos amenazaba de muerte en “la horca” a Cristina utilizando un megáfono y los cuatro policías observaban todo a distancia, sin intervenir.

Permanecieron más de una hora, llegaron a interrumpir el tránsito sobre Rodríguez Peña, pero esa actitud “piquetera” no mereció ni el más mínimo llamado de atención de los uniformados, en un claro “dejar hacer”. “Te vamos a ahorcar acá, delante del Instituto Patria y, si no, delante del Senado”, gritó, el que daba la sensación de ser el cabecilla del grupo.