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Amenazas al Instituto Patria en el laberinto judicial

A casi dos meses de aquella intimidación a Cristina Fernández de Kirchner, las causas no avanzaron por cuestiones de “competencia”, la recusación contra el fiscal Stornelli y una apelación sin resolver.

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Por Néstor Llidó

Aquel escrache en la puerta del Instituto Patria en la tarde del último 21 de julio, que fuera denunciado en exclusiva por EL ARGENTINO al ser testigos del accionar de ese grupo de violentos que se manifestó con la complicidad de la Policía de a Ciudad, dio lugar a la presentación de dos causas judiciales.

Y a poco de cumplirse dos meses de ese episodio, cuyas imágenes fueron ampliamente difundida y sus autores debidamente identificados, la investigación quedó “encerrada” en esas cuestiones de la burocracia judicial, no exenta de “intereses políticos” y la cuestionada intervención del fiscal federal Carlos Stornelli, un funcionario con inocultables vínculos con el macrismo.

La denuncia de oficio impulsada por la fiscal Mónica Cuñarro recayó en el Juzgado en lo Correccional, a cargo de Manuel De Campos, quien se declaró incompetente al entender que debía intervenir el fuero federal y giró al expediente al despacho de Daniel Rafecas.

Mientras que la presentación formulada por el apoderado del Instituto Patria, Fernando Castiglioni, fue dirigida al juez federal Daniel Rafecas, pero este entendió que debía tramitarse en el ámbito correccional y allí que fue que el fiscal federal Carlos Stornelli interpuso una apelación.

Entonces, desde el Instituto Patria se recusó a Stornelli, que fue ratificado para que continúe al frente de la investigación por el juez Rafecas, mientras la cuestión de fondo, la de la competencia, aún está pendiente de resolución.

En síntesis, pasando el limpio y bajándolo al llano, la Justicia patea la pelota para adelante, no resuelve, ni investiga nada y esas amenazas, que puedan interpretadas como una escalada para lo que terminó siendo el atentado contra la vida de la vicepresidenta, todavía no han sido profundizados.

Una dilación que opera como una suerte de garantía de impunidad para ese grupo que, a cara descubierta y ante la mirada cómplice de efectivos de la Policía de la Ciudad, se permitió insultar y amenazar de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. “Ni siquiera llamar a declarar al que tenía el megáfono en la mano”, se graficó, en relación a la inactividad de las causas abiertas por el hecho.

La calificación del expediente es grave, ya que su carátula es “intimidación y amenazas de muerte” hacia la vicepresidenta y titular del Senado, además de “daños a la propiedad” por el ataque al edificio de Rodríguez Peña 80 en la zona de Congreso e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante la inacción de los efectivos de la fuerza de seguridad dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la denuncia se detalla que a las 18 de ese jueves 21 de julio, una decena de personas irrumpió en la vereda, frente a la sede del Instituto Patria, “comenzando a proferir violentas amenazas de muerte e intimidaciones en perjuicio de la vicepresidenta y de todos los integrantes de la institución”.

Como prueba irrefutable se la acompañó con el link de la red social Twitter de la cuenta oficial, (@ElArgentinoOk), donde está el video registrado por uno de nuestros periodistas, además de material fotográfico. “Allí se aprecia de forma clara y precisa como un hombre de aproximadamente 60 años, canoso y de anteojos, vestido con un piloto blanco, pantalón marrón y zapatillas azules, comienza megáfono en mano con graves epítetos y amenazas de muerte”, se precisó.

La situación fue acompañada por la “actitud pasiva de la Policía de la Ciudad, tal como se ve en los videos, permitiendo que las personas que se encuentran en el lugar arrojen basura, pinten paredes y cuelguen carteles con todo tipo de carteles amenazantes”. Esta circunstancia tiene su “remate” con un afectuoso saludo entre uno de los uniformado con el más exaltado de los escrachadores, “como una muestra sobre que conocerían con anterioridad”.

Los violentos se identificaron como “autoconvocados”, pero formaban parte de ese grupo, ciertamente homogéneo, que lanzaron basura y patearon las puertas del Instituto Patria, uno de ellos amenazaba de muerte en “la horca” a Cristina utilizando un megáfono y los cuatro policías observaban todo a distancia, sin intervenir.

Permanecieron más de una hora, llegaron a interrumpir el tránsito sobre Rodríguez Peña, pero esa actitud “piquetera” no mereció ni el más mínimo llamado de atención de los uniformados, en un claro “dejar hacer”. “Te vamos a ahorcar acá, delante del Instituto Patria y, si no, delante del Senado”, gritó, el que daba la sensación de ser el cabecilla del grupo.

Elecciones

Bullrich, la aliada incómoda: el ajuste en discapacidad agrieta el armado 2027

La senadora libertaria cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027 y en Casa Rosada ya temen una ruptura que fragmente a la derecha. El karinismo minimiza el riesgo, pero otras tribus del oficialismo admiten que hay que contenerla.

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El Argentino Diario-Patricia Bullrich.
Bullrich no discute el ajuste, discute su costo electoral: la trastienda del desmarque por discapacidad.

El recorte en discapacidad que el Gobierno de Javier Milei metió en el Presupuesto 2027 no solo golpea a miles de familias que dependen de esas prestaciones: también abrió una grieta en la propia coalición oficialista, que a menos de un año de las presidenciales ya hace cuentas sobre qué pasaría si Patricia Bullrich decide irse. En Casa Rosada reapareció un fantasma conocido: la fragmentación del electorado de centroderecha.

La protagonista es la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, que en los últimos días se desmarcó públicamente del capítulo VI del proyecto presupuestario. Ese apartado, que abarca los artículos 36 a 41, plantea modificaciones y derogaciones sobre distintos puntos de la legislación vinculada con discapacidad, incluido el esquema con el que se fijan y actualizan los aranceles del sistema de prestaciones.

«Nadie dijo nada de esto»

La primera señal llegó cuando Bullrich admitió que desconocía los cambios. «Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz. El Presupuesto llegó con cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos», explicó en una entrevista con Radio Rivadavia. Días después subió el tono en el canal de noticias A24: «Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto».

En esa misma entrevista apuntó contra la cartera que conduce Luis «Toto» Caputo como responsable del envío del texto al Congreso y definió el episodio como «un error no forzado» que «te puede hacer perder el partido». Luego fue más lejos: «Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles».

El cruce escaló cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que la senadora se había retirado antes de que la mesa política abordara el tema. Bullrich lo desmintió de plano: «Cuando se habló del Presupuesto yo estaba», afirmó, y agregó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones. «Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es», disparó, aunque aclaró que no pretende pelearse con nadie.

La crítica que no toca el ajuste

Conviene leer la letra chica del desmarque. Bullrich no cuestiona el rumbo económico: en sus intervenciones remarcó que el superávit fiscal y las metas de inflación son pilares no negociables del plan oficial, y sostuvo que el tema de discapacidad requiere una definición que no altere los objetivos fiscales de la administración libertaria. Su reproche no apunta al recorte en sí, sino al costo político de que la sociedad perciba al Gobierno como insensible.

La preocupación que la senadora expresa es, en esencia, electoral. «El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad», recordó, en referencia a las derrotas legislativas que sufrió el oficialismo. Para las personas con discapacidad y sus familias, lo que está en juego no es la imagen de un gobierno, sino el acceso a tratamientos, transporte y rehabilitación.

Las tribus libertarias y el temor a la ruptura

Si bien buena parte de la plana mayor del oficialismo cree que Bullrich repite un patrón conocido y no romperá con La Libertad Avanza, algunas voces del espacio siguen de cerca cada paso y plantean que el Gobierno debe esforzarse por retenerla. «El Gobierno tiene que impedirlo y tiene las herramientas para hacerlo», precisó una voz de una de las tribus libertarias, según trascendió.

El temor se alimenta de otro movimiento: el extitular de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz planteó la necesidad de impulsar un espacio opositor similar a Juntos por el Cambio. En el oficialismo le bajan el precio a la idea, pero reconocen que la ecuación cambiaría si la senadora se fuera. «Quieren poder darle cierto cuerpo a una potencial candidatura del PRO. Cuando hablan de Juntos por el Cambio es porque Sanz le sumaría ‘el tono radical’ para hablar de algo más amplio, pero no lo veo viable. Excepto que rompa Patricia», afirmó una fuente oficial.

En el karinismo, el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descartan que la senadora tome distancia del partido al que se afilió en último término, aunque admiten que Bullrich se considera «una aliada» de la administración libertaria. «Es lógico. Ella ganó una PASO y fue candidata de otro espacio», la justifican. «Patricia es Patricia», resumió un funcionario del círculo íntimo de la hermana del Presidente.

Una candidatura en disputa

Con la reelección de Milei como objetivo declarado, toma fuerza la posibilidad de que Bullrich integre la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta en 2027. La propia senadora lo dejó entrever sin nombrar al mandatario: «Es muy importante que el proyecto reelija». En su entorno evitan precisar a qué lugar de las listas aspira, pero anticipan que «hará lo necesario para que el peronismo no gane».

La escena revela la fragilidad de una coalición que se sostiene más por el espanto compartido que por un programa común. Mientras la interna libertaria discute lugares en las listas, el ajuste sobre los sectores más vulnerables sigue su curso en el Congreso.

Lo que tenés que saber:

  • El capítulo VI del Presupuesto 2027 (artículos 36 a 41) modifica y deroga normas vinculadas con discapacidad.
  • Bullrich admitió que desconocía esos cambios y los calificó como «un error no forzado».
  • La senadora desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el tratamiento del tema en la mesa política.
  • Bullrich sostiene que el superávit fiscal y las metas de inflación no son negociables.
  • En el oficialismo crece la posibilidad de que sea candidata a vicepresidenta en 2027, mientras Ernesto Sanz impulsa reeditar un frente similar a Juntos por el Cambio.
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