El Juzgado Federal N°1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de tres de las cuatro personas detenidas por el escrache realizado en la casa del diputado nacional libertario José Luis Espert: Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.

Sin embargo, la jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó excarecelar a la concejala de Quilmes Eva Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol en la puerta de la casa del diputado libertario, y ordenó su traslado a una unidad penal que sería la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.

La causa judicial se abrió tras una protesta y escrache realizado frente a la casa de Espert en San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense. Las detenciones y prisión preventiva fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos, quienes interpretaron que detrás de la causa existe un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disputa partidaria.

En las últimas horas, el Partido Justicialista (PJ) exigió la «libertad a los militantes políticos detenidos ilegalmente por la jueza Sandra Arroyo Salgado», haciendo alusión al «Terrorismo de Estado de baja intensidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico».

Denuncia ante el Consejo de la Magistratura

Desde el PJ enmarcaron el pedido en el caso que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como procesada, señalando que la expresidenta «atraviesa una prisión injusta que es el caso más grave y resonante de esta persecución que denunciamos».

«Todos los argentinos y argentinas que no acepten ese disciplinamiento de violencia y humillación, hoy viven bajo libertad condicional», denunciaron desde el partido, agregando que la lógica represiva se lleva «hasta el ridículo de terminar con militantes políticas detenidas en una cárcel de máxima seguridad por una contravención municipal».

Los consejeros de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron una denuncia contra la jueza federal por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». Acusaron a Arroyo Salgado de ordenar la «detención arbitraria e incomunicación» de varias personas en el marco de una causa iniciada tras la colocación de un pasacalle y bolsas con excremento frente a la casa del diputado Espert.

Irregularidades en el procedimiento judicial

Según la denuncia presentada, los hechos «no pueden configurar más que una infracción municipal», pero la jueza habría desplegado procedimientos que incluyeron «diferentes allanamientos, detenciones e incomunicación» sin una imputación clara.

Entre las detenidas se encontraba Alesia Abaigar, trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pese a padecer una «enfermedad autoinmune severa» y luego beneficiada con prisión domiciliaria. Esta situación motivó presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del CELS como «amicus curiae», según consta en la denuncia.

«La jueza fue informada por los abogados de Abaigar que padece una enfermedad autoinmune severa, que afecta su capacidad pulmonar, pero la situación no fue atendida por la magistrada», afirmaron Recalde y Siley en el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura.

Puntos clave:

• La jueza Sandra Arroyo Salgado liberó a tres de los cuatro detenidos por el escrache a José Luis Espert
• La concejala de Quilmes Eva Mieri permanece detenida y fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza
• El PJ denunció «terrorismo de Estado de baja intensidad» y exigió la libertad de los militantes detenidos
• Los consejeros Recalde y Siley presentaron una denuncia contra la jueza por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones»
• Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la criminalización de la protesta política