Denuncia
Por qué Arroyo Salgado mantiene presa a concejala Eva Mieri por el escrache a Espert
La jueza federal liberó a tres de los cuatro detenidos por el escrache, pero rechazó excarcelar a la concejala de Quilmes, quien fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. El PJ denunció el caso ante el Consejo de la Magistratura.
El Juzgado Federal N°1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de tres de las cuatro personas detenidas por el escrache realizado en la casa del diputado nacional libertario José Luis Espert: Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
Sin embargo, la jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó excarecelar a la concejala de Quilmes Eva Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol en la puerta de la casa del diputado libertario, y ordenó su traslado a una unidad penal que sería la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.
La causa judicial se abrió tras una protesta y escrache realizado frente a la casa de Espert en San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense. Las detenciones y prisión preventiva fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos, quienes interpretaron que detrás de la causa existe un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disputa partidaria.
En las últimas horas, el Partido Justicialista (PJ) exigió la «libertad a los militantes políticos detenidos ilegalmente por la jueza Sandra Arroyo Salgado», haciendo alusión al «Terrorismo de Estado de baja intensidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico».
Denuncia ante el Consejo de la Magistratura
Desde el PJ enmarcaron el pedido en el caso que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como procesada, señalando que la expresidenta «atraviesa una prisión injusta que es el caso más grave y resonante de esta persecución que denunciamos».
«Todos los argentinos y argentinas que no acepten ese disciplinamiento de violencia y humillación, hoy viven bajo libertad condicional», denunciaron desde el partido, agregando que la lógica represiva se lleva «hasta el ridículo de terminar con militantes políticas detenidas en una cárcel de máxima seguridad por una contravención municipal».
Los consejeros de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron una denuncia contra la jueza federal por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». Acusaron a Arroyo Salgado de ordenar la «detención arbitraria e incomunicación» de varias personas en el marco de una causa iniciada tras la colocación de un pasacalle y bolsas con excremento frente a la casa del diputado Espert.
Irregularidades en el procedimiento judicial
Según la denuncia presentada, los hechos «no pueden configurar más que una infracción municipal», pero la jueza habría desplegado procedimientos que incluyeron «diferentes allanamientos, detenciones e incomunicación» sin una imputación clara.
Entre las detenidas se encontraba Alesia Abaigar, trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pese a padecer una «enfermedad autoinmune severa» y luego beneficiada con prisión domiciliaria. Esta situación motivó presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del CELS como «amicus curiae», según consta en la denuncia.
«La jueza fue informada por los abogados de Abaigar que padece una enfermedad autoinmune severa, que afecta su capacidad pulmonar, pero la situación no fue atendida por la magistrada», afirmaron Recalde y Siley en el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura.
Puntos clave:
- La jueza Sandra Arroyo Salgado liberó a tres de los cuatro detenidos por el escrache a José Luis Espert
- La concejala de Quilmes Eva Mieri permanece detenida y fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza
- El PJ denunció «terrorismo de Estado de baja intensidad» y exigió la libertad de los militantes detenidos
- Los consejeros Recalde y Siley presentaron una denuncia contra la jueza por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones»
- Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la criminalización de la protesta política
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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