Denuncia
Por qué Arroyo Salgado mantiene presa a concejala Eva Mieri por el escrache a Espert
La jueza federal liberó a tres de los cuatro detenidos por el escrache, pero rechazó excarcelar a la concejala de Quilmes, quien fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. El PJ denunció el caso ante el Consejo de la Magistratura.
El Juzgado Federal N°1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de tres de las cuatro personas detenidas por el escrache realizado en la casa del diputado nacional libertario José Luis Espert: Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
Sin embargo, la jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó excarecelar a la concejala de Quilmes Eva Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol en la puerta de la casa del diputado libertario, y ordenó su traslado a una unidad penal que sería la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.
La causa judicial se abrió tras una protesta y escrache realizado frente a la casa de Espert en San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense. Las detenciones y prisión preventiva fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos, quienes interpretaron que detrás de la causa existe un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disputa partidaria.
En las últimas horas, el Partido Justicialista (PJ) exigió la «libertad a los militantes políticos detenidos ilegalmente por la jueza Sandra Arroyo Salgado», haciendo alusión al «Terrorismo de Estado de baja intensidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico».
Denuncia ante el Consejo de la Magistratura
Desde el PJ enmarcaron el pedido en el caso que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como procesada, señalando que la expresidenta «atraviesa una prisión injusta que es el caso más grave y resonante de esta persecución que denunciamos».
«Todos los argentinos y argentinas que no acepten ese disciplinamiento de violencia y humillación, hoy viven bajo libertad condicional», denunciaron desde el partido, agregando que la lógica represiva se lleva «hasta el ridículo de terminar con militantes políticas detenidas en una cárcel de máxima seguridad por una contravención municipal».
Los consejeros de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron una denuncia contra la jueza federal por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». Acusaron a Arroyo Salgado de ordenar la «detención arbitraria e incomunicación» de varias personas en el marco de una causa iniciada tras la colocación de un pasacalle y bolsas con excremento frente a la casa del diputado Espert.
Irregularidades en el procedimiento judicial
Según la denuncia presentada, los hechos «no pueden configurar más que una infracción municipal», pero la jueza habría desplegado procedimientos que incluyeron «diferentes allanamientos, detenciones e incomunicación» sin una imputación clara.
Entre las detenidas se encontraba Alesia Abaigar, trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pese a padecer una «enfermedad autoinmune severa» y luego beneficiada con prisión domiciliaria. Esta situación motivó presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del CELS como «amicus curiae», según consta en la denuncia.
«La jueza fue informada por los abogados de Abaigar que padece una enfermedad autoinmune severa, que afecta su capacidad pulmonar, pero la situación no fue atendida por la magistrada», afirmaron Recalde y Siley en el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura.
Puntos clave:
- La jueza Sandra Arroyo Salgado liberó a tres de los cuatro detenidos por el escrache a José Luis Espert
- La concejala de Quilmes Eva Mieri permanece detenida y fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza
- El PJ denunció «terrorismo de Estado de baja intensidad» y exigió la libertad de los militantes detenidos
- Los consejeros Recalde y Siley presentaron una denuncia contra la jueza por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones»
- Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la criminalización de la protesta política
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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