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Ingresa en su etapa final el juicio por delitos de lesa humanidad en Escobar, Zárate y Campana

Justicia para los desaparecidos un juicio más llega a su fin.

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El juicio «Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos del circuito Zárate-Campana» por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar entrará mañana en su etapa final con las réplicas de las querellas y defensas.

La audiencia, en el marco de la causa caratulada como «Di Nápoli Omar Edgardo», será transmitida por medios electrónicos debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

En este proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, se juzgan privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en el circuito represivo de Escobar, Zárate y Campana entre marzo y abril de 1976.

El miércoles, por videoconferencia, proseguirá en los Tribunales de San Martín, la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

Ese mismo día y por la vía remota seguirá en Mar del Plata el juicio «La Cueva III», por delitos cometidos en La Cueva, el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata, en el que está acusado Salvador Ullúa, entre otros represores, que está siendo también juzgado en en el juicio «CNU», por ser partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia.

Los otros imputados son: Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz y Ceferino Silva, quienes además son investigados por participar en «La Noche de las Corbatas».

Base Naval Zárate.

El jueves, en los tribunales de Bahía Blanca habrá nuevas audiencias en el juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad por la banda parapolicial Triple A, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

Los imputados son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, y están acusados de cometer delitos contra 20 víctimas que desarrollaban actividades gremiales y políticas en Bahía Blanca.

Ese día, en Tucumán seguirán, por medios electrónicos, las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II.

El jueves, además, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín seguirá juzgando a nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada «Contraofensiva montonera», ocurrida entre 1979 y 1980.

Finalmente, el viernes proseguirá en Mendoza el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -«Destacamento» y «Fuerza Área»- agrupan a 16 de los veinte acusados.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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