DDHH
Ingresa en su etapa final el juicio por delitos de lesa humanidad en Escobar, Zárate y Campana
Justicia para los desaparecidos un juicio más llega a su fin.
El juicio «Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos del circuito Zárate-Campana» por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar entrará mañana en su etapa final con las réplicas de las querellas y defensas.
La audiencia, en el marco de la causa caratulada como «Di Nápoli Omar Edgardo», será transmitida por medios electrónicos debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.
En este proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, se juzgan privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en el circuito represivo de Escobar, Zárate y Campana entre marzo y abril de 1976.
El miércoles, por videoconferencia, proseguirá en los Tribunales de San Martín, la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.
Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.
Ese mismo día y por la vía remota seguirá en Mar del Plata el juicio «La Cueva III», por delitos cometidos en La Cueva, el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata, en el que está acusado Salvador Ullúa, entre otros represores, que está siendo también juzgado en en el juicio «CNU», por ser partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia.
Los otros imputados son: Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz y Ceferino Silva, quienes además son investigados por participar en «La Noche de las Corbatas».

El jueves, en los tribunales de Bahía Blanca habrá nuevas audiencias en el juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad por la banda parapolicial Triple A, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Los imputados son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, y están acusados de cometer delitos contra 20 víctimas que desarrollaban actividades gremiales y políticas en Bahía Blanca.
Ese día, en Tucumán seguirán, por medios electrónicos, las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II.
El jueves, además, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín seguirá juzgando a nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada «Contraofensiva montonera», ocurrida entre 1979 y 1980.
Finalmente, el viernes proseguirá en Mendoza el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.
El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -«Destacamento» y «Fuerza Área»- agrupan a 16 de los veinte acusados.
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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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