Un año de vetos, decretos, fallos y apelaciones no alcanzó para que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. El Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de apelación contra el fallo del juez federal Martín Cormick, que el 6 de octubre declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó la ejecución inmediata de la norma aprobada por el Congreso. Con ese movimiento judicial, el Ejecutivo vuelve a dilatar el cumplimiento de una ley que fue vetada, luego ratificada por el Congreso con los dos tercios que exige la Constitución, y que el Gobierno se niega a aplicar.

El fallo de Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado concluyó que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 pero condicionó su aplicación a la determinación de fuentes de financiamiento, «no supera un test mínimo de razonabilidad» y funcionó en los hechos como un «mecanismo extraconstitucional» para bloquear una ley que el Congreso ratificó con mayorías agravadas.

El argumento del Gobierno: el equilibrio fiscal por encima de la ley

En el recurso presentado ante la Cámara, el Ministerio de Capital Humano rechazó la sentencia y la calificó como generadora de «agravios concretos y de significativa gravedad institucional». La cartera que conduce Sandra Pettovello argumentó que el fallo ordena la ejecución de la ley «sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional».

En esa línea, el Gobierno sostuvo que el cumplimiento de la norma «proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas», señalando que el fallo no identifica una «fuente de financiamiento específica y suficiente». Llegó a afirmar que la aplicación de la ley exigiría «reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional», lo que implicaría «reducir créditos destinados a otras finalidades».

El Ejecutivo también cuestionó la idoneidad del amparo colectivo como vía procesal, al sostener que no es un mecanismo «idóneo para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos». Por último, advirtió que la confirmación del fallo afectaría la «división de poderes» al «imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera».

Un conflicto con historia: veto, insistencia parlamentaria y desacato

El Gobierno lleva más de un año resistiendo una ley que el Congreso aprobó, vetó y volvió a ratificar. La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada en agosto de 2025. Milei la vetó mediante el Decreto 647/25. Diputados y el Senado insistieron con los dos tercios que exige el artículo 83 de la Constitución Nacional, y el 21 de octubre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la promulgación condicionada mediante el Decreto 759/2025, el mismo instrumento ahora declarado inconstitucional. La norma prevé la recomposición del presupuesto universitario según la inflación, la actualización de los salarios docentes y no docentes, y el financiamiento de becas e investigación.

Desde entonces, el conflicto no cesó. A fines de marzo de 2026, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a ejecutar la ley, calificando los argumentos oficiales de «poco serios». En septiembre, el juez Cormick volvió a intimar al Estado al considerar que no había acreditado un cumplimiento total. El Gobierno apeló también esa resolución. Y cuando el máximo tribunal descartó el planteo del Ejecutivo ante la Corte Suprema, el escenario volvió al punto de origen.

El dirigente social y referente político Juan Grabois cruzó a la ministra Pettovello en el marco del conflicto universitario, al calificarla como «fanática de los desacatamientos judiciales», en un señalamiento que recoge una conducta que la Justicia ya documentó en más de una instancia.

Marcha Federal universitaria el 15 de octubre

El CIN volvió a reclamar este miércoles 7 de octubre la aplicación de la ley y el cumplimiento del fallo judicial. El conflicto tendrá una nueva expresión pública el jueves 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, con concentración frente al Congreso de la Nación desde las 13:30, donde los reclamos centrales serán el cumplimiento de la ley, la apertura de la paritaria docente y no docente, y la recomposición del presupuesto universitario.

Mientras el Gobierno transforma cada instancia judicial en una nueva oportunidad para dilatar, las universidades públicas acumulan más de dos años de deterioro presupuestario real. Según datos incorporados en el Informe del Foro Economía y Trabajo publicado en mayo de 2026, las transferencias a universidades cayeron un 20% en términos reales desde diciembre de 2023. La ley que el Gobierno se niega a cumplir fue diseñada precisamente para revertir ese desfinanciamiento.

Lo que tenés que saber:

• El Ministerio de Capital Humano apeló el fallo del juez Martín Cormick, que el 6 de octubre declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
• El Gobierno argumenta «gravamen irreparable» y riesgo para el equilibrio fiscal, y sostiene que cumplir la ley requeriría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gasto primario.
• El juez Cormick concluyó que el decreto no supera «un test mínimo de razonabilidad» y funcionó como un «mecanismo extraconstitucional» para bloquear una ley ratificada por el Congreso con mayorías especiales.
• La Cámara del fuero ya confirmó en marzo de 2026 una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a ejecutar la ley, calificando sus argumentos de «poco serios».
• El conflicto tendrá una nueva jornada de protesta el 15 de octubre, con la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.