Denuncia
Patota de Lewis: denuncia penal a funcionarios de Río Negro
Es por la responsabilidad en el ataque de Lago Escondido contra manifestantes que exigen soberanía nacional en el enclave británico.
La abogada y exsenadora por Río Negro Magdalena Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció penalmente a los empleados del magnate británico Joe Lewis por los «ataques contra los manifestantes que quisieron acceder por el camino público de Tacuifí» y a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y su jefe de Policía, Osvaldo Telleria, por «omitir actuar para garantizar la seguridad de las personas».
«Entendemos que con su accionar la ministra de Seguridad y Justicia y el jefe de Policía omitieron actuar para garantizar la seguridad de las personas. Los manifestantes ingresaron por un camino de uso público y recibieron golpes y lesiones que pudieron haber sido fatales», sostuvo la abogada en declaraciones para Télam.
Por este motivo, la exsenadora consideró que «además de la responsabilidad propia de la patota que llevó adelante la represión» también hay «responsabilidad política, porque se dejó actuar».
La denuncia penal se presentó este viernes al mediodía gracias a que el miércoles pasado nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden a Lewis, en un incidente producido durante la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.
La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.
«No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de Río Negro ha garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión», explicó la única amparista en la causa.
Las ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel.
Entre los heridos derivados estaban el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro.
El resto de los manifestantes retenidos por los hombres de Lewis fueron la fotoperiodista de Télam Alejandra Bartoliche y los manifestantes Leandro Rachid, Alfredo Chávez, Julieta Luna, Marcos Cianni, Joel Sverdlik, Alejandra Portantadino y Gabriel Berrozpe, informaron las fuentes.
Para Odarda, la violencia contra los militantes se dio porque Joe Lewis encuentra «garantías en el poder político de Río Negro» que permiten que «haya un cierre total del acceso seguro y público de Tacuifí para todas las personas»:
En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido por Tacuifí en las tierras que posee el magnate británico en ese paraje cordillerano y el gobierno de Río Negro encabezado por Arabela Carreras apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.
«El cierre total del acceso lo habíamos denunciado hace un año, durante la pandemia se construyó ese vallado con alambre de púas y cámaras de seguridad, en remplazo a la tranquera», indicó la abogada.
Además, agregó que el vallado fue construido «a plena luz del sol, con maquinarias y camiones dela empresa Hidden Lake».
«En un lugar dónde pasan constantemente funcionarios, así que todos fueron testigos del vallado», aseguró.
La abogada explicó a esta agencia que el camino de Tacuifí existía «antes que Lewis compre el campo» y que la mansión que ostenta el empresario fue construida justo encima del mismo.
«Cerca del camino pasa la empresa hidroeléctrica que tiene Lewis, dónde utiliza el agua pública del Lago. Si se abre el camino de Tacuifí va a quedar esto al descubierto».
Según Odarda, esto significaría para Lewis «perder totalmente la privacidad que le ha dado el poder político para utilizarlo como un paraíso privado».
La única amparista en la causa indicó que se ha propuesto al magnate realizar un desvío del camino para llegar al Lago sin pasar por la mansión, pero que hasta ahora no ha sido aceptado.
Actualmente, la exsenadora y su equipo se encuentran esperando una respuesta por la recusación presentada contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia que llevan al causa por el acceso público al camino de Tacuifí.
Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció a los cinco jueces que componen el Tribunal Superior de Justicia de la provincia por «parcialidad» y pidió sus recusaciones por considerar que tienen «relación directa con el poder político» local.
En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido en las tierras que posee el magnate británico Joe Lewis en ese paraje cordillerano y el gobierno de Río Negro encabezado por Carreras apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.
En este sentido, Odarda, quien hace 18 años presentó un amparo para garantizar el acceso a esa tierras que se encuentran en conflicto con la justicia, denuncia que los jueces del tribunal superior de Río Negro «tienen relación directa con el poder político de la provincia».
Odarda contó a Télam que el pasado 26 de diciembre presentó esta recusación contra los magistrados Sergio Barotto, Liliana Pichinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian, a través de un escrito que los abogados Juan Ernesto Montecino Odarda y Juan Martín Palumbo formalizaron ante el Superior Tribunal provincial.
«La recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los magistrados y su neutralidad con el fin de asegurar el debido proceso previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional», indicaron los letrados en el texto que presentaron.
Odarda aseguró a Télam que el resultado de la presentación judicial se debería recibir en las próximas dos semanas, aunque admitió que el juez Apcarian ya indicó que «no se va a apartar» y que «quiere dictar sentencia».
«Estamos litigando junto a distintas organizaciones sociales contra el poder real de Río Negro, que es Joe Lewis», concluyó.
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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