La abogada y exsenadora por Río Negro Magdalena Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció penalmente a los empleados del magnate británico Joe Lewis por los «ataques contra los manifestantes que quisieron acceder por el camino público de Tacuifí» y a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y su jefe de Policía, Osvaldo Telleria, por «omitir actuar para garantizar la seguridad de las personas».

«Entendemos que con su accionar la ministra de Seguridad y Justicia y el jefe de Policía omitieron actuar para garantizar la seguridad de las personas. Los manifestantes ingresaron por un camino de uso público y recibieron golpes y lesiones que pudieron haber sido fatales», sostuvo la abogada en declaraciones para Télam.

Por este motivo, la exsenadora consideró que «además de la responsabilidad propia de la patota que llevó adelante la represión» también hay «responsabilidad política, porque se dejó actuar».

La denuncia penal se presentó este viernes al mediodía gracias a que el miércoles pasado nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden a Lewis, en un incidente producido durante la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.

«No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de Río Negro ha garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión», explicó la única amparista en la causa.

Las ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel.

Entre los heridos derivados estaban el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro.

El resto de los manifestantes retenidos por los hombres de Lewis fueron la fotoperiodista de Télam Alejandra Bartoliche y los manifestantes Leandro Rachid, Alfredo Chávez, Julieta Luna, Marcos Cianni, Joel Sverdlik, Alejandra Portantadino y Gabriel Berrozpe, informaron las fuentes.

Para Odarda, la violencia contra los militantes se dio porque Joe Lewis encuentra «garantías en el poder político de Río Negro» que permiten que «haya un cierre total del acceso seguro y público de Tacuifí para todas las personas»:

En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido por Tacuifí en las tierras que posee el magnate británico en ese paraje cordillerano y el gobierno de Río Negro encabezado por Arabela Carreras apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.

«El cierre total del acceso lo habíamos denunciado hace un año, durante la pandemia se construyó ese vallado con alambre de púas y cámaras de seguridad, en remplazo a la tranquera», indicó la abogada.

Además, agregó que el vallado fue construido «a plena luz del sol, con maquinarias y camiones dela empresa Hidden Lake».

«En un lugar dónde pasan constantemente funcionarios, así que todos fueron testigos del vallado», aseguró.

La abogada explicó a esta agencia que el camino de Tacuifí existía «antes que Lewis compre el campo» y que la mansión que ostenta el empresario fue construida justo encima del mismo.

«Cerca del camino pasa la empresa hidroeléctrica que tiene Lewis, dónde utiliza el agua pública del Lago. Si se abre el camino de Tacuifí va a quedar esto al descubierto».

Según Odarda, esto significaría para Lewis «perder totalmente la privacidad que le ha dado el poder político para utilizarlo como un paraíso privado».

La única amparista en la causa indicó que se ha propuesto al magnate realizar un desvío del camino para llegar al Lago sin pasar por la mansión, pero que hasta ahora no ha sido aceptado.

Actualmente, la exsenadora y su equipo se encuentran esperando una respuesta por la recusación presentada contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia que llevan al causa por el acceso público al camino de Tacuifí.

Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció a los cinco jueces que componen el Tribunal Superior de Justicia de la provincia por «parcialidad» y pidió sus recusaciones por considerar que tienen «relación directa con el poder político» local.

En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido en las tierras que posee el magnate británico Joe Lewis en ese paraje cordillerano y el gobierno de Río Negro encabezado por Carreras apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.

En este sentido, Odarda, quien hace 18 años presentó un amparo para garantizar el acceso a esa tierras que se encuentran en conflicto con la justicia, denuncia que los jueces del tribunal superior de Río Negro «tienen relación directa con el poder político de la provincia».

Odarda contó a Télam que el pasado 26 de diciembre presentó esta recusación contra los magistrados Sergio Barotto, Liliana Pichinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian, a través de un escrito que los abogados Juan Ernesto Montecino Odarda y Juan Martín Palumbo formalizaron ante el Superior Tribunal provincial.

«La recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los magistrados y su neutralidad con el fin de asegurar el debido proceso previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional», indicaron los letrados en el texto que presentaron.

Odarda aseguró a Télam que el resultado de la presentación judicial se debería recibir en las próximas dos semanas, aunque admitió que el juez Apcarian ya indicó que «no se va a apartar» y que «quiere dictar sentencia».

«Estamos litigando junto a distintas organizaciones sociales contra el poder real de Río Negro, que es Joe Lewis», concluyó.