Buenos Aires
Segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez
La joven fue asesinada en Mar del Plata el 2016 por Matías Farías y Juan Pablo Offidani.
El segundo juicio a los dos acusados de violar y asesinar a la adolescente Lucía Pérez en la ciudad de Mar del Plata en octubre de 2016 comenzará el próximo martes, y se extenderá por al menos dos semanas, con la declaración de casi 50 testigos, informaron fuentes judiciales.
El nuevo debate oral se desarrollará desde las 9 ante el Tribunal Oral en los Criminal 2 (TOC 2) marplatense, y los imputados, Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (47), no estarán presentes, ya que seguirán cada audiencia de manera remota desde sus lugares de detención.
Offidani y Farías están acusados por el delito de «abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio».
Ambos enfrentarán este nuevo juicio, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara una resolución del Tribunal de Casación Penal provincial, que anuló la absolución por los delitos de abuso sexual y femicidio dictada en 2018 en un primer debate oral ante el TOC 1.
El juicio se desarrollará ante un nuevo tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, con la acusación a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7.
Las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini intervendrán como particular damnificado, en representación de los padres de Lucía (16), Marta Montero y Guillermo Pérez, y de su hermano, Matías.
La defensa particular de Offidani estará a cargo de César Sivo y Romina Merino, y Farías será asistido por la defensora oficial Laura Solari.
Las audiencias se desarrollarán en la sede del TOC 2, en el sexto piso de los tribunales locales, y está previsto que el juicio se extienda por al menos dos semanas, con fecha estimada de sentencia el 1 de marzo, según indicaron fuentes judiciales.
Si bien inicialmente estaba prevista la declaración de más de 80 testigos, el número fue reducido finalmente a 49, según se estableció en una audiencia preliminar realizada días atrás.
En la primera jornada, las partes plantearán sus lineamientos y está prevista la declaración testimonial de los padres de la víctima.
Por pedido de las defensas, no estarán presentes en la sala ninguno de los dos acusados, quienes seguirán el juicio de manera remota: Farías, desde la Unidad Penal de Florencia Varela, y Offidani, desde la Alcaidía Penitenciaria de Batán.
El desarrollo del juicio será seguido además desde otra sala ubicada en el segundo piso de los tribunales, donde estarán presentes allegados de los imputados y de la víctima, y representantes de 11 organizaciones y entidades que intervienen como Amicus Curiae en el caso.
La apertura y el cierre serán transmitidas además a través de YouTube, como ocurrió en el debate oral por el crimen de Fernando Báez Sosa, desarrollada en la ciudad de Dolores.
Por cuestiones de seguridad, se dispuso además que las inmediaciones de los tribunales locales sean valladas, pese al pedido de los familiares de la víctima para que dejaran acercarse al edificio a agrupaciones que anunciaron que se movilizarán para exigir la condena de los imputados.
De cara a este nuevo juicio, la madre de Lucía pidió que se dicte un fallo condenatorio «como corresponde» y que la joven «pueda descansar en paz», y aseguró que es «lo menos que se tiene que lograr».
«Es sufriente nuevamente comenzar de nuevo todo, por eso lo menos que tenemos que lograr es que se haga justicia por Lucía, que ella tenga su justicia y que estas personas queden detenidos como corresponde y que no hagan más daño a nadie. Esa es nuestra expectativa y creo que es lo normal de cualquier familia que pide justicia por su ser querido», señaló en diálogo con Télam.
Durante el primer juicio, realizado en noviembre de 2018, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía.
Ambos fueron absueltos sin embargo por las acusaciones de abuso sexual seguido de muerte y femicidio, pero la sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la «nulidad» del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo.
Esa resolución fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial, pese a los recursos presentados por las defensas de los imputados.
En el primer juicio había sido absuelto además un tercer acusado en la causa, Alejandro Maciel, quien falleció en julio de 2020.
Offidani y Farías se encuentran detenidos por la pena impuesta por tenencia y venta de drogas cerca de la escuela de Lucía, y cumplen además prisión preventiva por la acusación de cara a este nuevo juicio.
El defensor de Offidani cuestionó la realización de un segundo debate, y expresó «suma preocupación», porque aseguró que «lo instalado en las diversas campañas que se han venido realizando desde hace ya bastante tiempo no se corresponde con lo que existe en la causa. ni con lo que las pruebas muestran».
«Estamos ante un segundo juicio en donde ya hubo una absolución por ausencia de delito, en donde un tribunal superior anuló el fallo, de hecho este juicio se nutre con la misma evidencia del anterior, no por deficiencias en el análisis de la prueba, sino por el modo de redactar el mismo», dijo Sivo a Télam.
La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a los dos acusados un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.
Al día siguiente, Farías citó a la chica en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde habría sido drogada y abusada hasta la muerte.
Tras el primer proceso, los jueces Gómez Urso y Viñas fueron acusados de «negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta» por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires.
Carnevale, por su parte, renunció a su cargo para jubilarse y así evitó ser sometido a un jury de enjuiciamiento.
Buenos Aires
Milei les debe el almuerzo escolar a los chicos bonaerenses y los intendentes salen al cruce
Funcionarios e intendentes del PJ bonaerense encabezarán este martes una movilización al Ministerio de Capital Humano para reclamar 220.000 millones de pesos que el Gobierno nacional adeuda a la Provincia por el Servicio Alimentario Escolar.
El ajuste de Milei golpea a los más chicos: la Nación solo giró la mitad de lo prometido para el SAE
★ El Partido Justicialista bonaerense pasó de las palabras a la acción. Tras la reunión del viernes pasado en La Plata, intendentes y funcionarios provinciales decidieron movilizarse este martes hasta la sede del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, para exigir que la Nación salde una deuda millonaria que afecta directamente el acceso a la alimentación de miles de estudiantes en la provincia de Buenos Aires.
La decisión de salir a la calle fue tomada en el último plenario del PJ bonaerense, donde también se acordó actualizar y ampliar el padrón de afiliados del partido.
Una deuda de 220.000 millones
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque, puso los números sobre la mesa durante el cónclave partidario: la deuda del Estado nacional con la Provincia asciende a 220.000 millones de pesos correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE), el programa que garantiza el desayuno y el almuerzo en las escuelas públicas.
Según precisó el funcionario del gabinete de Axel Kicillof, el Gobierno de Javier Milei se había comprometido a financiar el 20% del SAE, pero hasta ahora solo giró poco más del 10%, es decir, apenas la mitad de lo prometido.
«Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con una parte mínima de lo que históricamente aportaba el Estado nacional», reclamó Larroque, en declaraciones a la prensa.
El ajuste que llega al plato
La situación no es nueva, pero se agrava con cada mes que pasa sin que la Nación transfiera los fondos comprometidos. El SAE es uno de los programas más sensibles del sistema educativo bonaerense: alcanza a más de un millón y medio de alumnos en situación de vulnerabilidad social, para quienes el comedor escolar representa, en muchos casos, la única comida garantizada del día.
La negativa del Gobierno libertario a cumplir con los compromisos de cofinanciamiento reproduce un patrón ya documentado durante la gestión de Milei: el recorte sistemático de las transferencias a las provincias como parte de la estrategia de ajuste fiscal, que tiene como contrapartida el deterioro de los servicios públicos esenciales y el aumento de la pobreza infantil.
El peronismo bonaerense en pie de marcha
La movilización de este martes tendrá un carácter político y social a la vez. Los intendentes del conurbano y del interior provincial que se sumarán a la marcha llevan en sus municipios el impacto cotidiano del recorte: comedores con menos insumos, cooperadoras escolares que financian lo que el Estado no cubre, y familias que dependen de esos platos para llegar a fin de mes.
La medida de fuerza representa además una señal de articulación interna del peronismo bonaerense, que busca reactivar su presencia territorial y consolidar una agenda de oposición concreta frente al ajuste del Gobierno nacional.
Puntos clave
- Intendentes y funcionarios del PJ bonaerense marchan este martes al Ministerio de Capital Humano.
- El reclamo es por 220.000 millones de pesos adeudados por la Nación a la Provincia en concepto de Servicio Alimentario Escolar.
- El Gobierno de Milei comprometió financiar el 20% del SAE pero solo giró poco más del 10%.
- La decisión surgió en la reunión del PJ bonaerense del viernes pasado en La Plata.
- El ministro Andrés Larroque encabezó el planteo en el cónclave partidario.
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