La consultora Sarandí, que dirige Sergio Chouza, estimó para este año un incremento de 2% en el Producto Bruto Interno (PBI), una inflación de 66%, un aumento de reservas por más de US$ 5.100 millones y un déficit fiscal de 1,9%, que permitirán cumplir las metas pactadas con el FMI.

El principal reto que tendrá el Gobierno a la hora de desplegar su política económica será administrar el stock y el flujo de dólares, tratando de conciliar las necesidades importadoras del sector productivo y los desafíos del frente cambiario y financiero en un año electoral, en el que históricamente la demanda de divisas se incrementa.

En ese sentido, el director de la consultora Sarandí, Sergio Chouza, explicó a Télam que «de alguna manera hay un juego de manta corta, en el cual el Gobierno va a tener que ir viendo mes a mes dónde posicionarse entre ceder un poco más a los importadores y, por otro lado, no descuidar la acumulación de reservas».

«Las reservas, además de cumplir el objetivo fijado con el FMI, también te sirven para mostrar solidez y tener menores riesgos de un cimbronazo de crisis financiera o de ruido en los mercados. Si vos en marzo o abril consolidás US$ 3.000 o US$ 4.000 millones en las reservas es muy difícil que haya poder de fuego en el mercado como para correrte», agregó el analista.

Ese es el carril por el que deberá moverse la gestión económica este año, teniendo en cuenta que las importaciones tienen una relación directa con los niveles de actividad económica, lo que significa que cuando el PBI crece también lo hacen las compras del exterior. O, en otras palabras, que para que la actividad crezca es necesario que aumenten las importaciones de insumos necesarios para la producción.

Distintos estudios estimaron que por cada punto porcentual de incremento del PIB, las importaciones suben por lo menos 3 puntos.

Como las importaciones requieren dólares para ser pagadas y el Gobierno además debe tener «poder de fuego» para controlar el mercado financiero y que no presione sobre la inflación, la política económica debe hacer un equilibrio. El turismo en el exterior también es una canilla de divisas que debe atenderse. Situaciones que además tendrán lugar en un año electoral que suele traer aparejado una mayor dolarización de carteras.

Asimismo, se debe cumplir con la meta anual de acumulación de reservas de US$ 4.800 millones acordada con el FMI.

«Todo esto quitará grados de libertad para aliviar restricciones comerciales, a pesar de las quejas por parte de las empresas impedidas de planificar convenientemente su producción», advirtió el informe de la consultora privada.

En ese marco, vedada la opción de financiarse en el mercado de capitales a través de deuda, el principal canal para sumar dólares a las reservas del Banco Central es el exportador.

Allí, el principal desafío en el frente comercial para este año tiene que ver con la sequía que amenaza con afectar seriamente la producción agropecuaria, principal canal exportador y, por ende, generador de divisas en la economía nacional.

«El ritmo productivo este año va a estar estrictamente ligado a la disponibilidad de dólares, y esto fuertemente vinculado a los resultados de la cosecha gruesa del segundo trimestre», consideró el documento, en ese sentido.

Y agregó que «conforme vaya avanzando el flujo de liquidación de dólares se abrirá la posibilidad de flexibilizar controles a las importaciones, a expensas de una mayor velocidad de acumulación de reservas internacionales. De otro modo, una posición más robusta del BCRA ayudaría a despejar eventuales ruidos financieros y ganar solidez para afrontar movimientos disruptivos en los meses de tensión política».

De esta forma, se plantea un dilema ya que «un aliento excesivo a la actividad económica puede restar poder de fuego para hacer frente a presiones especulativas pero, a su vez, una producción menos vibrante puede deteriorar el empleo y la recuperación salarial».

En este punto se agrega también el factor inflacionario que, de acuerdo a las proyecciones de Sarandí, acumulará un alza del 66% en 2023. La necesidad de desacelerar el incremento de precios también puede entrar en tensión con los niveles de actividad.

Al respecto, el trabajo de la consultora sostuvo que «la dimensión política hace pensar que el Gobierno priorizará descomprimir la trayectoria de precios, para conservar algo de competitividad electoral. Esto no significa forzar una recesión, pero sí allanarse a una nueva velocidad de crecimiento».

Chouza dijo a Télam que «la variable que puede ser perceptible para el común de la ciudadanía es el bolsillo, en cambio la medición de si se crece un punto más o uno menos en el PBI es una diferencia que solo podemos tener en cuenta los economistas. La valoración mayoritaria es que la economía ya se recuperó en términos productivos y hoy la urgencia es la inflación».

Consultado sobre los factores que harían que los precios pasen de 94,8% en 2022 a 66% en 2023, Chouza explicó que «creemos que se han pinchado varios de los factores explicativos de la inflación del año pasado, como el efecto de precios internacionales y las inconsistencias políticas que mostraba la coalición gobernante».

«Hoy tenés un ministro de Economía con mucha más muñeca política y capacidad de diálogo con diferentes actores productivos y representantes de los trabajadores, lo que favorece alinear la puja distributiva en un espiral descendente», agregó el economista.

También destacó el especialista el impacto del ordenamiento fiscal y las políticas de acuerdos de precios.