Región
Chile decretó el Estado de Excepción en el norte del país por la crisis migratoria
Según el presidente chileno, Sebastián Piñera, la acción permite que las Fuerzas Armadas del país trasandino colaboren con la policía para controlar la «inmigración ilegal», a la que culpó de «generar problemas humanitarios, de seguridad, delincuencia y alteración del orden público». «Muchas veces esto es utilizado por verdaderas bandas de crimen organizado para labores de narcotráfico, tráfico de armas, de personas, contrabandos de mercancías y muchos otros males», argumentó el mandatario.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó hoy el Estado de Excepción en cuatro provincias de la macrozona norte a raíz de la crisis migratoria y la inseguridad, medida que le permite a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas internas, entre otros puntos.
La acción «permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con la policía para controlar la inmigración ilegal», dijo el mandatario desde el Palacio de La Moneda al anunciar la medida que rige en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa.
«Además de generar problemas humanitarios, también genera problemas de seguridad, delincuencia y orden público, y muchas veces es utilizada por verdaderas bandas de crimen organizado para labores de narcotráfico, tráfico de armas, de personas, contrabandos de mercancías y muchos otros males», argumentó.
La medida se estableció por 15 días y podrá ser renovada por el presidente por 15 días adicionales, mientras que si solicita una nueva extensión la decisión recaerá sobre el Congreso.
El mandatario especificó que la zona ha sido reforzada con 100 carabineros (policía de Chile) y 672 efectivos de las Fuerzas Armadas para la protección de las fronteras «acompañados con mayor, equipamiento y tecnología».
Está previsto que los efectivos de seguridad realicen patrullajes en conjunto a pie y motorizados, al tiempo que fueron dotados con drones que serán desplegados en la zona, helicópteros para vigilancia y traslado «24/7», equipos de telecomunicación, monitoreo con visión nocturna y térmica.
Piñera fue enfático al decir «sí a la migración legal» y advirtió que «Chile es un país amistoso, acogedor con los que vienen legalmente, diciendo la verdad y cumpliendo nuestras leyes, pero vamos a usar todos los instrumentos para evitar que aquellos que quieran ingresar en forma ilegal, falseando la realidad, no respetando nuestras leyes, no puedan ingresar a nuestro país».
Actualmente Chile contabiliza 1,4 millones de inmigrantes, lo que representa más del 7% de su población total, y la comunidad con mayor presencia es la de los venezolanos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
El mandatario señaló que la crisis migratoria es un fenómeno mundial y regional y que puntualmente en Chile hay «más de 6 millones de venezolanos que han abandonado ese país por la crisis política, económica, social y humanitaria».
Durante los últimos meses los pasos del altiplano en el norte -en frontera con Bolivia- han sido la principal ruta de ingreso para inmigrantes irregulares.
El fin de semana pasado se publicó en el boletín oficial el reglamento de la nueva Ley de Migraciones, con el propósito de controlar y frenar los ingresos por pasos no habilitados.
En los últimos días efectivos de seguridad comenzaron con los operativos en la zona y puntualmente en el pueblo fronterizo de Colchane se han efectuado más de 100 traslados de migrantes hacia la frontera con Bolivia.
El presidente chileno también recordó que siguen capacitando a los Carabineros en esta materia, y están planificadas nuevas expulsiones de inmigrantes ilegales para las próximas semanas.
América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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