El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, aseguró hoy que «hay condiciones para que Mauricio Macri sea citado a declarar», en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto contrabando perpetrado por su gobierno en el envío ilegal de material represivo durante las jornadas del golpe de Estado a Evo Morales en ese país, en noviembre de 2019.

«La causa por contrabando de municiones en pleno proceso de destitución de Evo Morales toma mayor dimensión y dinámica. Hablando con el procurador -de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano-, ve que hay condiciones para avanzar; se calcula que en las imputaciones avanzarán y se sumarán funcionarios del Gobierno de Macri y hasta el propio expresidente», dijo hoy el embajador.

En diálogo con El Destape Radio, el embajador en Bolivia estimó que «hay condiciones para que Macri sea citado a declarar» y además puntualizó que «los funcionarios y fiscales que trabajan en el tema creen que habrá novedades y Mauricio Macri será citado a declarar».

También detalló que el Procurador de Bolivia «calcula que en el transcurso de este año las imputaciones van a avanzar, se van a sumar nuevos imputados, entre ellos funcionarios del gobierno de Macri, incluso el propio Macri», y agregó: «Hay muchas pruebas para que esto termine en proceso».

Asimismo, sostuvo que «el tema del contrabando de armas se va a sumar en la causa contra Jeanine Áñez», quien asumió la presidencia boliviana luego del derrocamiento de Evo Morales.

En ese sentido, Basteiro recordó que la causa se originó cuando en el vecino país se descubrió que «el Gobierno de Macri envió más de 70 mil municiones a Bolivia, donde llegó a manos de policías y de la Fuerza Aérea y fueron usadas para ayudar a la represión que se dio a partir de esos días en los que desestabilizaron al gobierno de Evo Morales, lo que causó 38 muertos».

«Ya está comprobado totalmente la responsabilidad del expresidente Macri y de la exministra de Seguridad, Patria Bullrich, en el envío de municiones totalmente irregular, que sería la figura de contrabando agravado en la Argentina y en Bolivia sería -según la figura jurídica- tráfico de armas, lo que hace que la causa tome mayor dimensión y dinámica», agregó.

Días atrás, el procurador boliviano explicó en declaraciones periodísticas que el envío por parte del Gobierno de Macri «no es material de guerra, pero sí es material de represión, que se ha usado en los días más duros aquí en Bolivia, en la ciudad de El Alto, en Cochabamba; ese material se ha usado para disuadir y han sobrevenido masacres, como consta en el informe del grupo interdisciplinario que organizó la OEA».