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Investigan nexo entre agujas halladas en Palermo y robo de drogas en hospitales

La aparición de agujas en un edificio de Palermo y la muerte de un anestesista revelan un entramado de consumo y desvío de insumos hospitalarios. La inacción de las autoridades sanitarias bajo el actual esquema de gestión profundiza la crisis de control en el sistema público.

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Tramas de impunidad en el caso de las drogas de quirófano

★ La investigación judicial sobre el desvío de drogas de uso exclusivo en quirófanos, conocidas coloquialmente como «drogas de diseño para fiestas», sumó en las últimas horas elementos que comprometen la situación de Delfina Fini Lanusse y Tati Leclerc. Según información judicial a la que pudo acceder este medio, la justicia investiga si el hallazgo de agujas hospitalarias en lavarropas comunitarios de un edificio en Avenida Santa Fe 5300 guarda relación directa con el consumo problemático y el robo de insumos en el Hospital Rivadavia.

El rol de las autoridades y el secreto corporativo

El caso, que cobró relevancia tras la muerte del anestesista Alejandro Salazar, pone bajo la lupa no solo a los profesionales implicados, sino también la cadena de responsabilidades jerárquicas. De acuerdo a testimonios de una testigo clave incorporados recientemente, las autoridades del Hospital Italiano ya tenían conocimiento de las irregularidades y del estado de vulnerabilidad de algunos profesionales a mediados de febrero, semanas antes del fallecimiento de Salazar.

Esta demora en la intervención institucional sugiere una preocupante falta de control estatal sobre los recursos estratégicos de salud y el personal médico. Mientras el Gobierno nacional promueve la desregulación de los controles, este escenario de libertad de acción sin supervisión parece facilitar circuitos de ilegalidad y riesgo sanitario dentro de los propios efectores públicos y privados.

Desvío de insumos y el «negocio» de la anestesia

La justicia trabaja sobre dos expedientes que podrían unificarse en el corto plazo; los participantes y las mecánicas de obtención de sustancias se repiten. Se investiga el posible robo de material anestésico en el Hospital Rivadavia, destinado presuntamente a eventos sociales privados.

En el departamento de la calle Santa Fe, los vecinos denunciaron hace más de un año el hallazgo sistemático de agujas de uso hospitalario en áreas comunes. Tras el allanamiento del inmueble, se confirmó que Tati Leclerc no regresó a la propiedad; su defensa alega que es una víctima del sistema de adicciones iniciado por otros profesionales, como Hernán Boveri. Sin embargo, para la fiscalía, la desaparición de una tablet en la casa de Salazar, presuntamente retirada por Lanusse, complica la situación procesal de ambas jóvenes ante la sospecha de encubrimiento.

Implicancias de un Estado ausente

Este escándalo no es un hecho aislado de la crisis institucional que atraviesa la Argentina. La degradación de los controles en los hospitales públicos y la falta de una política integral de soberanía sanitaria permiten que insumos críticos terminen en circuitos clandestinos. El tratamiento del caso bajo el nombre de «Porpofest» no solo trivializa el desvío de fondos y recursos públicos, sino que oculta una matriz de corrupción donde la solidaridad social brilla por su ausencia, reemplazada por el individualismo extremo y el desprecio por la salud colectiva.

Puntos clave:

  • Se investiga el hallazgo de agujas hospitalarias en un edificio de Palermo vinculadas a Tati Leclerc.
  • Las autoridades sanitarias conocían la situación semanas antes de la muerte del anestesista Salazar.
  • La justicia evalúa unificar las causas de desvío de drogas y muertes dudosas por la repetición de los imputados.
  • Desapareció una tablet de la escena de muerte de Salazar, lo que sugiere maniobras de encubrimiento.
  • La falta de controles estatales facilita el robo de insumos estratégicos en el Hospital Rivadavia.

Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

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Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.

Puntos clave

  • La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
  • El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
  • Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
  • Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
  • El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.

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