Investigación 🔎
Investigan nexo entre agujas halladas en Palermo y robo de drogas en hospitales
La aparición de agujas en un edificio de Palermo y la muerte de un anestesista revelan un entramado de consumo y desvío de insumos hospitalarios. La inacción de las autoridades sanitarias bajo el actual esquema de gestión profundiza la crisis de control en el sistema público.
Tramas de impunidad en el caso de las drogas de quirófano
★ La investigación judicial sobre el desvío de drogas de uso exclusivo en quirófanos, conocidas coloquialmente como «drogas de diseño para fiestas», sumó en las últimas horas elementos que comprometen la situación de Delfina Fini Lanusse y Tati Leclerc. Según información judicial a la que pudo acceder este medio, la justicia investiga si el hallazgo de agujas hospitalarias en lavarropas comunitarios de un edificio en Avenida Santa Fe 5300 guarda relación directa con el consumo problemático y el robo de insumos en el Hospital Rivadavia.
El rol de las autoridades y el secreto corporativo
El caso, que cobró relevancia tras la muerte del anestesista Alejandro Salazar, pone bajo la lupa no solo a los profesionales implicados, sino también la cadena de responsabilidades jerárquicas. De acuerdo a testimonios de una testigo clave incorporados recientemente, las autoridades del Hospital Italiano ya tenían conocimiento de las irregularidades y del estado de vulnerabilidad de algunos profesionales a mediados de febrero, semanas antes del fallecimiento de Salazar.
Esta demora en la intervención institucional sugiere una preocupante falta de control estatal sobre los recursos estratégicos de salud y el personal médico. Mientras el Gobierno nacional promueve la desregulación de los controles, este escenario de libertad de acción sin supervisión parece facilitar circuitos de ilegalidad y riesgo sanitario dentro de los propios efectores públicos y privados.
Desvío de insumos y el «negocio» de la anestesia
La justicia trabaja sobre dos expedientes que podrían unificarse en el corto plazo; los participantes y las mecánicas de obtención de sustancias se repiten. Se investiga el posible robo de material anestésico en el Hospital Rivadavia, destinado presuntamente a eventos sociales privados.
En el departamento de la calle Santa Fe, los vecinos denunciaron hace más de un año el hallazgo sistemático de agujas de uso hospitalario en áreas comunes. Tras el allanamiento del inmueble, se confirmó que Tati Leclerc no regresó a la propiedad; su defensa alega que es una víctima del sistema de adicciones iniciado por otros profesionales, como Hernán Boveri. Sin embargo, para la fiscalía, la desaparición de una tablet en la casa de Salazar, presuntamente retirada por Lanusse, complica la situación procesal de ambas jóvenes ante la sospecha de encubrimiento.
Implicancias de un Estado ausente
Este escándalo no es un hecho aislado de la crisis institucional que atraviesa la Argentina. La degradación de los controles en los hospitales públicos y la falta de una política integral de soberanía sanitaria permiten que insumos críticos terminen en circuitos clandestinos. El tratamiento del caso bajo el nombre de «Porpofest» no solo trivializa el desvío de fondos y recursos públicos, sino que oculta una matriz de corrupción donde la solidaridad social brilla por su ausencia, reemplazada por el individualismo extremo y el desprecio por la salud colectiva.
Puntos clave:
- Se investiga el hallazgo de agujas hospitalarias en un edificio de Palermo vinculadas a Tati Leclerc.
- Las autoridades sanitarias conocían la situación semanas antes de la muerte del anestesista Salazar.
- La justicia evalúa unificar las causas de desvío de drogas y muertes dudosas por la repetición de los imputados.
- Desapareció una tablet de la escena de muerte de Salazar, lo que sugiere maniobras de encubrimiento.
- La falta de controles estatales facilita el robo de insumos estratégicos en el Hospital Rivadavia.
Denuncia
Oro del BCRA: piden allanar el Banco Central y apuntan al Deutsche Bank
El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili y pidió secuestrar los servidores y correos del BCRA para rastrear sus comunicaciones con el Deutsche Bank, posible contraparte de las operaciones que, según la AGN, dejaron pérdidas por US$ 1.023 millones. El BCRA sostiene que hubo ganancia neta.
El pedido más drástico hasta ahora en la causa por el oro de las reservas apunta al corazón del Banco Central: que la Justicia allane la entidad y secuestre sus servidores y casillas de correo institucional.
El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por las operaciones con las reservas de oro. La nueva presentación se hizo luego de que se reveló que el Deutsche Bank, entidad en la que trabajaron ambos funcionarios, habría participado como contraparte en las operaciones que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), dejaron pérdidas de US$ 1.023 millones al Banco Central. La investigación está en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Qué pidió Dalbón
El abogado solicitó que se secuestren los servidores y las casillas de correo institucional del BCRA para determinar las comunicaciones con el Deutsche Bank. El pedido alcanza también a las casillas de la presidencia y del Directorio, y a los registros de acceso y modificación vinculados con esa documentación.
En el escrito, Dalbón sostuvo que “la prueba esencial de esta causa es documental y electrónica” y que está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados. Entre esos elementos mencionó los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes. Los denunciados son, a la vez, los máximos responsables del organismo que guarda la prueba.
El Deutsche Bank, en la mira
La presentación busca establecer cómo se seleccionó a la contraparte, cuál fue el costo total de las operaciones y “si alguien percibió una ventaja indebida”. Para eso, Dalbón pidió que el BCRA informe el procedimiento y los motivos de selección de cada contraparte, con las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas; la metodología de estructuración y valuación de las operaciones; el costo total, que incluye comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, y a quién se abonó cada concepto; las garantías y márgenes constituidos; y si intervino otra entidad, asesor o intermediario, y en qué carácter.
Al Deutsche Bank le requirió que informe si celebró operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025 y que remita los contratos y confirmaciones, el detalle de comisiones, honorarios o márgenes percibidos y las garantías constituidas. También pidió saber si el banco abonó a su vez comisiones, retrocesiones o cualquier pago a terceros por esas operaciones, con identificación de los beneficiarios. Que el banco donde trabajaron Caputo y Bausili aparezca como posible contraparte abre un interrogante que la Justicia deberá despejar.
Una ampliación que suma funcionarios
Dalbón también extendió la denuncia a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA. Anteriormente, el abogado había solicitado la detención de Caputo, de Bausili y del director del Banco Central Juan Curutchet, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa reúne además la denuncia que en agosto presentó la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó que casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable, y la ampliación de los senadores peronistas Martín Soria, Juliana Di Tullio y Florencia López.
La defensa oficial y el cruce con la AGN
La AGN aprobó los estados contables del BCRA de 2025, pero incorporó una observación específica sobre las operaciones con derivados cuyo subyacente fue el oro, que cuantificó en un resultado negativo equivalente a US$ 1.023 millones. Su presidente, Juan Manuel Olmos, distinguió entre la revalorización contable del activo y el resultado de la operatoria con derivados. Una cosa es la ganancia contable por la suba del oro y otra el resultado de las operaciones que la AGN cuestiona.
El BCRA respondió con un comunicado en el que afirmó que su posición en oro arrojó en 2025 un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones, que las coberturas forman parte de una política que aplica desde 2007 sobre el 100% de esa posición, y acusó a la AGN de actuar con motivaciones políticas. El Gobierno defendió a la entidad y cuestionó al organismo de control con la frase “Hay una politización”.
Sobre el destino físico de los lingotes, Bausili ubicó primero el oro trasladado en Suiza y después reconoció que se encuentra en Londres, una contradicción que los senadores peronistas ponen en duda. La AGN todavía no tiene conclusiones sobre ese punto. Con el Deutsche Bank en escena, la discusión ya no es solo contable: la pregunta es quién eligió a la contraparte, a qué costo y con qué beneficios para terceros.
Lo que tenés que saber:
- Dalbón amplió la denuncia contra Caputo y Bausili por las operaciones con el oro del BCRA y pidió allanar la sede del Banco Central.
- Solicitó secuestrar servidores y casillas de correo institucional, incluidas las de la presidencia y el Directorio, para rastrear comunicaciones con el Deutsche Bank.
- Se reveló que el Deutsche Bank habría sido contraparte en las operaciones que, según la AGN, dejaron pérdidas por US$ 1.023 millones.
- La denuncia alcanza ahora a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.
- El BCRA sostiene que su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones en 2025.
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