Investigación 🔎
Investigan nexo entre agujas halladas en Palermo y robo de drogas en hospitales
La aparición de agujas en un edificio de Palermo y la muerte de un anestesista revelan un entramado de consumo y desvío de insumos hospitalarios. La inacción de las autoridades sanitarias bajo el actual esquema de gestión profundiza la crisis de control en el sistema público.
Tramas de impunidad en el caso de las drogas de quirófano
★ La investigación judicial sobre el desvío de drogas de uso exclusivo en quirófanos, conocidas coloquialmente como «drogas de diseño para fiestas», sumó en las últimas horas elementos que comprometen la situación de Delfina Fini Lanusse y Tati Leclerc. Según información judicial a la que pudo acceder este medio, la justicia investiga si el hallazgo de agujas hospitalarias en lavarropas comunitarios de un edificio en Avenida Santa Fe 5300 guarda relación directa con el consumo problemático y el robo de insumos en el Hospital Rivadavia.
El rol de las autoridades y el secreto corporativo
El caso, que cobró relevancia tras la muerte del anestesista Alejandro Salazar, pone bajo la lupa no solo a los profesionales implicados, sino también la cadena de responsabilidades jerárquicas. De acuerdo a testimonios de una testigo clave incorporados recientemente, las autoridades del Hospital Italiano ya tenían conocimiento de las irregularidades y del estado de vulnerabilidad de algunos profesionales a mediados de febrero, semanas antes del fallecimiento de Salazar.
Esta demora en la intervención institucional sugiere una preocupante falta de control estatal sobre los recursos estratégicos de salud y el personal médico. Mientras el Gobierno nacional promueve la desregulación de los controles, este escenario de libertad de acción sin supervisión parece facilitar circuitos de ilegalidad y riesgo sanitario dentro de los propios efectores públicos y privados.
Desvío de insumos y el «negocio» de la anestesia
La justicia trabaja sobre dos expedientes que podrían unificarse en el corto plazo; los participantes y las mecánicas de obtención de sustancias se repiten. Se investiga el posible robo de material anestésico en el Hospital Rivadavia, destinado presuntamente a eventos sociales privados.
En el departamento de la calle Santa Fe, los vecinos denunciaron hace más de un año el hallazgo sistemático de agujas de uso hospitalario en áreas comunes. Tras el allanamiento del inmueble, se confirmó que Tati Leclerc no regresó a la propiedad; su defensa alega que es una víctima del sistema de adicciones iniciado por otros profesionales, como Hernán Boveri. Sin embargo, para la fiscalía, la desaparición de una tablet en la casa de Salazar, presuntamente retirada por Lanusse, complica la situación procesal de ambas jóvenes ante la sospecha de encubrimiento.
Implicancias de un Estado ausente
Este escándalo no es un hecho aislado de la crisis institucional que atraviesa la Argentina. La degradación de los controles en los hospitales públicos y la falta de una política integral de soberanía sanitaria permiten que insumos críticos terminen en circuitos clandestinos. El tratamiento del caso bajo el nombre de «Porpofest» no solo trivializa el desvío de fondos y recursos públicos, sino que oculta una matriz de corrupción donde la solidaridad social brilla por su ausencia, reemplazada por el individualismo extremo y el desprecio por la salud colectiva.
Puntos clave:
- Se investiga el hallazgo de agujas hospitalarias en un edificio de Palermo vinculadas a Tati Leclerc.
- Las autoridades sanitarias conocían la situación semanas antes de la muerte del anestesista Salazar.
- La justicia evalúa unificar las causas de desvío de drogas y muertes dudosas por la repetición de los imputados.
- Desapareció una tablet de la escena de muerte de Salazar, lo que sugiere maniobras de encubrimiento.
- La falta de controles estatales facilita el robo de insumos estratégicos en el Hospital Rivadavia.
Goles! ⚽
Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA
Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.
La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
El juzgado que querían los acusados
La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.
El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.
Por qué la causa es porteña
El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.
La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.
Un regreso con fecha de vencimiento
Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.
Lo que tenés que saber
- La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
- Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
- El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
- La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
- Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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