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Bolivia logró la recaptura de seis violadores y femicidas liberados por tres jueces
Tras conocerse el caso del femicida Richard Choque Flores, quien salió de la cárcel y volvió a asesinar, el Gobierno de Luis Arce conformó el 1 de febrero una Comisión de Revisión de casos de Violación y Femicidios integrada por autoridades de los tres órganos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
Seis delincuentes que fueron sentenciados por delitos de asesinato, violación e incluso tráfico de sustancias controladas y habían sido beneficiados con medidas de detención domiciliaria de manera ilegal fueron recapturados en las últimas horas, tras la conformación de la Comisión de Revisión de casos de Violación y Feminicidios en Bolivia.
Tras conocerse el caso del femicida Richard Choque Flores, quien salió de la cárcel y volvió a asesinar, el Gobierno de Luis Arce conformó el 1 de febrero una Comisión de Revisión de casos de Violación y Femicidios integrada por autoridades de los tres órganos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
Tres días después, el Gobierno de Bolivia inició la primera reunión de la comisión para revisar los casos en los que condenados por femicidios estén en libertad, una iniciativa que prevé analizar y revisar las sentencias desde 2013 con un plazo de 120 días para presentar resultados.
Tras las investigaciones, la Fiscalía y la Policía develaron la existencia de un consorcio de jueces, fiscales y abogados que beneficiaban a los privados de libertad que tenían sentencias ejecutadas.
El Consejo de la Magistratura determinó la intervención de los 18 juzgados en materia penal con el objetivo de fiscalizar y detectar presuntas irregularidades.
Por su parte, el Ministerio Público destituyó a fiscales involucrados en hechos de corrupción e instruyó la inspección de todos los despachos de fiscales que atiendan casos de violaciones, femicidios e infanticidios.
En tanto, el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana lograron recapturar a seis delincuentes que habían logrado evadir la justicia con ayuda del “consorcio” y estaban con detención domiciliaria con la ayuda de tres jueces, informó la agencia de noticias ABI.
El primer recapturado fue Rubén C., apodado como el descuartizador, quien asesinó a una mujer en 2004 y fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en Santa Cruz.
Sin embargo, el exjuez Rafael Alcón lo benefició con detención domiciliaria.
El segundo fue Félix. A. F. G., sentenciado también a 30 años de cárcel por el asesinato de una joven modelo en el 2001, en Cochabamba y también obtuvo detención domiciliaria gracias a Alcón.
Lionel C. es el tercero. Sentenciado a 30 años de cárcel por violación y asesinato de una menor de edad en el 2009, fue beneficiado con la detención domiciliaria por -otra vez- el exjuez Alcón.
El cuarto recapturado es Siriaco C. F., quien tenía sentencia por el delito de asesinato cometido el 2005 en Quillacollo, en Cochabamba. Esta vez fue la jueza Patricia M. M., quien le otorgó detención domiciliaria.
La quinta recapturada es Seferina Q. M., quien tenía una sentencia condenatoria de 30 años, sin derecho a indulto por el asesinato de sus hijos de 8 y 10 años, en 2002. El juez José A. S. le dio detención domiciliaria. Este caso ingresa a la investigación de la Comisión en la categoría de infanticidios.
El sexto es Rómulo M. A., sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de tráfico de sustancias controladas en el 2017, Obtuvo detención domiciliaria gracias el exjuez Juan José A. S..
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró el sábado que se investigarán a los jueces que favorecieron a los delincuentes y se presume que actuaron con el mismo modus operandi que Alcón.
El exjuez Rafael Alcón, del Juzgado 1° de Ejecución Penal, es acusado por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y ahora está con detención preventiva en el penal de San Pedro.
Hasta el momento, están detenidos: el exsecretario del Juzgado 1° de Ejecución Penal, Raúl G. L., quien trabajaba como fiscal y fue destituido.
Richard Choque Flores fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato y violación de una joven de 20 años en 2013, pero obtuvo su libertad en 2019.
Luego de una investigación policial, se detectó que Choque, el feminicida serial, captaba mujeres con ofertas laborales falsas mediante un perfil falso en Facebook, para luego extorsionarlas y abusarlas sexualmente.
Según el reporte de la división de Trata y Tráfico de personas de La Paz, Choque tiene aproximadamente 77 víctimas.
Tras ser aprehendido el 24 de enero, confesó haber asesinado a dos de sus víctimas y haberlas enterrado en su domicilio.
La Policía y la Fiscalía realizaron la exhumación de los cuerpos de dos jovencitas reportadas como desaparecidas desde mediados de la gestión 2021.
Se develó que Choque tenía una sentencia ejecutada por asesinato y que el exjuez Alcón lo benefició con detención domiciliaria a él y su cómplice, quien fue recapturado días después.
Hasta la fecha, se detectó que el femicida que asesinó a tres mujeres y un varón, ahora está detenido en la cárcel de Chonchocoro.
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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