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Bolivia logró la recaptura de seis violadores y femicidas liberados por tres jueces
Tras conocerse el caso del femicida Richard Choque Flores, quien salió de la cárcel y volvió a asesinar, el Gobierno de Luis Arce conformó el 1 de febrero una Comisión de Revisión de casos de Violación y Femicidios integrada por autoridades de los tres órganos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
Seis delincuentes que fueron sentenciados por delitos de asesinato, violación e incluso tráfico de sustancias controladas y habían sido beneficiados con medidas de detención domiciliaria de manera ilegal fueron recapturados en las últimas horas, tras la conformación de la Comisión de Revisión de casos de Violación y Feminicidios en Bolivia.
Tras conocerse el caso del femicida Richard Choque Flores, quien salió de la cárcel y volvió a asesinar, el Gobierno de Luis Arce conformó el 1 de febrero una Comisión de Revisión de casos de Violación y Femicidios integrada por autoridades de los tres órganos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
Tres días después, el Gobierno de Bolivia inició la primera reunión de la comisión para revisar los casos en los que condenados por femicidios estén en libertad, una iniciativa que prevé analizar y revisar las sentencias desde 2013 con un plazo de 120 días para presentar resultados.
Tras las investigaciones, la Fiscalía y la Policía develaron la existencia de un consorcio de jueces, fiscales y abogados que beneficiaban a los privados de libertad que tenían sentencias ejecutadas.
El Consejo de la Magistratura determinó la intervención de los 18 juzgados en materia penal con el objetivo de fiscalizar y detectar presuntas irregularidades.
Por su parte, el Ministerio Público destituyó a fiscales involucrados en hechos de corrupción e instruyó la inspección de todos los despachos de fiscales que atiendan casos de violaciones, femicidios e infanticidios.
En tanto, el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana lograron recapturar a seis delincuentes que habían logrado evadir la justicia con ayuda del “consorcio” y estaban con detención domiciliaria con la ayuda de tres jueces, informó la agencia de noticias ABI.
El primer recapturado fue Rubén C., apodado como el descuartizador, quien asesinó a una mujer en 2004 y fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en Santa Cruz.
Sin embargo, el exjuez Rafael Alcón lo benefició con detención domiciliaria.
El segundo fue Félix. A. F. G., sentenciado también a 30 años de cárcel por el asesinato de una joven modelo en el 2001, en Cochabamba y también obtuvo detención domiciliaria gracias a Alcón.
Lionel C. es el tercero. Sentenciado a 30 años de cárcel por violación y asesinato de una menor de edad en el 2009, fue beneficiado con la detención domiciliaria por -otra vez- el exjuez Alcón.
El cuarto recapturado es Siriaco C. F., quien tenía sentencia por el delito de asesinato cometido el 2005 en Quillacollo, en Cochabamba. Esta vez fue la jueza Patricia M. M., quien le otorgó detención domiciliaria.
La quinta recapturada es Seferina Q. M., quien tenía una sentencia condenatoria de 30 años, sin derecho a indulto por el asesinato de sus hijos de 8 y 10 años, en 2002. El juez José A. S. le dio detención domiciliaria. Este caso ingresa a la investigación de la Comisión en la categoría de infanticidios.
El sexto es Rómulo M. A., sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de tráfico de sustancias controladas en el 2017, Obtuvo detención domiciliaria gracias el exjuez Juan José A. S..
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró el sábado que se investigarán a los jueces que favorecieron a los delincuentes y se presume que actuaron con el mismo modus operandi que Alcón.
El exjuez Rafael Alcón, del Juzgado 1° de Ejecución Penal, es acusado por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y ahora está con detención preventiva en el penal de San Pedro.
Hasta el momento, están detenidos: el exsecretario del Juzgado 1° de Ejecución Penal, Raúl G. L., quien trabajaba como fiscal y fue destituido.
Richard Choque Flores fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato y violación de una joven de 20 años en 2013, pero obtuvo su libertad en 2019.
Luego de una investigación policial, se detectó que Choque, el feminicida serial, captaba mujeres con ofertas laborales falsas mediante un perfil falso en Facebook, para luego extorsionarlas y abusarlas sexualmente.
Según el reporte de la división de Trata y Tráfico de personas de La Paz, Choque tiene aproximadamente 77 víctimas.
Tras ser aprehendido el 24 de enero, confesó haber asesinado a dos de sus víctimas y haberlas enterrado en su domicilio.
La Policía y la Fiscalía realizaron la exhumación de los cuerpos de dos jovencitas reportadas como desaparecidas desde mediados de la gestión 2021.
Se develó que Choque tenía una sentencia ejecutada por asesinato y que el exjuez Alcón lo benefició con detención domiciliaria a él y su cómplice, quien fue recapturado días después.
Hasta la fecha, se detectó que el femicida que asesinó a tres mujeres y un varón, ahora está detenido en la cárcel de Chonchocoro.
Córdoba
Justicia para Agostina Vega: Córdoba marchó y piden que la causa no cierre con 6 acusados
A casi cuatro meses del femicidio de la adolescente de 14 años, cientos de personas recorrieron el barrio Cofico hasta la Legislatura provincial. El fiscal pidió elevar la causa a juicio, pero Gabriel Vega, padre de la víctima, insiste en que hay más responsables que aún no fueron imputados.
Cientos de personas salieron a las calles de Córdoba este sábado para exigir justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada hace casi cuatro meses. La marcha recorrió desde el barrio Cofico, el mismo lugar donde la menor fue vista con vida por última vez, hasta la Legislatura provincial, donde los manifestantes desplegaron una bandera con su imagen y el reclamo de justicia.
Gabriel Vega, padre de Agostina, encabezó la movilización y cuestionó públicamente el avance de la investigación. La causa está a punto de ir a juicio oral con seis personas acusadas, pero la familia sostiene que el expediente cierra con demasiados interrogantes abiertos y que hay responsables que todavía no fueron alcanzados por la Justicia. «Las pruebas hablan. Acá faltan personas», afirmó Vega durante la marcha.
La causa camino al juicio: seis acusados y una estrategia defensiva que cambia
El fiscal Raúl Garzón formalizó el pedido para elevar la causa a juicio oral. El principal imputado es Claudio Barrelier, acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, cargos que contemplan prisión perpetua. Junto a él quedaron imputados por presunto encubrimiento doblemente calificado: Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Soledad Andreani, Marianela Palmero y Eugenia Ascarruz.
La semana previa a la marcha, Barrelier amplió su declaración ante la Justicia y reiteró su versión de los hechos. El fiscal Garzón descartó que lo expresado por el acusado pudiera dejarlo «libre de culpa y cargo», aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de esa presentación. La defensa de Barrelier, que cambió tanto de abogado como de estrategia, intenta ahora sostener una hipótesis que lo ubica como un «nexo» entre distintas partes, una figura que diluye su responsabilidad directa en lo ocurrido.
El reclamo del padre: investigar a tres personas más
Gabriel Vega lleva meses señalando que la investigación no agotó todas las líneas posibles. Durante la marcha volvió a reclamar que la Justicia avance sobre Viviana Brizuela, Ángela Barrelier y Mario Muñoz, a quienes la familia considera vinculados con el crimen. También cuestionó la situación procesal de Marianela Palmero, expareja del principal acusado, imputada por encubrimiento pero con una situación que la familia evalúa como insuficiente.
El reclamo del padre condensa una tensión que atraviesa muchas causas de femicidio: la distancia entre lo que la Justicia puede probar y lo que el entorno de la víctima percibe que efectivamente ocurrió. La elevación a juicio, aun siendo un avance procesal, no siempre significa para las familias que se hizo todo lo que se debía hacer.
El juicio oral podría comenzar a fines de 2026 o en los primeros meses de 2027
El abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, estimó que el debate oral podría comenzar entre fines de este año y los primeros meses de 2027, una vez cumplidas las etapas procesales que siguen al pedido de elevación a juicio. La decisión sobre ese pedido deberá atravesar la instancia de control jurisdiccional correspondiente antes de que se fije fecha.
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