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Tras resistir la arremetida judicial, Arévalo asume como presidente de Guatemala

Llega a la presidencia para reemplazar a Alejandro Giammattei y cortar una racha de cuatro gestiones centroderechistas, respaldado por una inédita alianza de sectores rurales, organizaciones de pueblos originarios, grupos urbanos intelectualizados y jóvenes.

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El Argentino Diario-Bernardo Arévalo-Guatemala.

Por Ariel Bargach

El sociólogo Bernardo Arévalo asumirá mañana la presidencia de Guatemala, 145 días después de ganar la segunda vuelta y tras múltiples acciones judiciales en su contra y reiteradas protestas en las calles, con el reto de reconstruir la institucionalidad del país, responder a una desbordante expectativa social y, centralmente, de tejer con la Justicia y el Congreso una relación que le permita encarar la gestión con alguna calma.

A sus 65 años, Arévalo llega a la jefatura del Estado para reemplazar a Alejandro Giammattei y cortar una racha de cuatro gestiones centroderechistas, respaldado por una inédita alianza de sectores rurales, organizaciones de pueblos originarios, grupos urbanos intelectualizados y jóvenes.

“Lo que viene para Arévalo es la urgencia por reconstruir la institucionalidad del Estado. Era una institucionalidad que ya venía sufriendo un desgaste importante, pero ese proceso se aceleró en la gestión de Giammattei. Fue creciendo de manera evidente la insatisfacción con el Estado, en función de no otorgar las garantías necesarias”, evaluó Jahir Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala.

Analista e investigador, Dabroy remarcó a Télam que «el mayor de los retos» para el futuro presidente «estará en construir un Estado democrático de derecho, que permita otorgar certezas a la población”.

Arévalo fue la sorpresa de la primera vuelta, en junio, y ganó con alguna comodidad la segunda, en agosto, sobre Sandra Torres, exesposa del exmandatario Álvaro Colom (2008-2012), el último -y único- presidente de centroizquierda que tuvo el país en las últimas décadas.

Pero desde su triunfo debió enfrentar un marcado asedio de parte del Ministerio Público (MP) que le sacó la personería al triunfante Movimiento Semilla, pidió que le quiten la inmunidad que el propio Arévalo tenía como diputado, cuestionó al Tribunal Superior Electoral (TSE) por avalar los resultados electorales y finalmente pidió que se declaren nulos los comicios.

Aunque la fiscal general, Consuelo Porras, declarada «corrupta» por Estados Unidos, explique que el MP solo está cumpliendo su deber de investigar, Arévalo denunció de modo permanente que se orquestaba un golpe de Estado para no dejarlo asumir y culpó de la maniobra a lo que llama «el pacto de corruptos», que se vería afectado por su gestión.

“Esta transición inevitablemente desgastó la figura de Arévalo y de la bancada de Semilla, por los enemigos que tuvieron, tanto él como el partido, y que intentaron impedir que tome posesión”, lamentó Dabroy.

Y tuvo el respaldo sin fisuras, en el país, del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, y fuera de Guatemala, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Estados Unidos y el Mercosur.

El tironeo, de alguna manera, distrajo tiempo y esfuerzo del futuro equipo de gestión para avanzar en la planificación de políticas públicas para un país con pobreza extrema, pésimos índices de educación y salud, alta inseguridad, una corrupción enquistada en toda la estructura del Estado y miles de ciudadanos con pretensiones de emigrar.

“Hay retos muy particulares. Hay que recuperar al país en áreas muy específicas: los indicadores en salud, en educación, en seguridad, en seguridad alimentaria son relevantes. La idea es poder tener resultados evidentes al menos en el primer año de gestión”, dijo Dabroy, y alertó sobre cuánto puede esperarse de la nueva administración.

Para el investigador y analista, “uno de los puntos que puede afectar al presidente es la sobredimensión de las expectativas, porque hay sectores que esperan demasiados cambios”.

«Yo soy más prudente y creo que pueden sentarse las bases importantes para que haya resultados de gestión pública en cuatro años de Gobierno. Para los 150 años de desgaste que tuvo el Estado guatemalteco, eso sería un punto de inicio importante para mejorar la calidad de la gestión”, subrayó.

Hijo del expresidente Juan José Arévalo, a quien le tocó terminar con décadas de dictaduras cuando llegó a la presidencia en 1945, el nuevo mandatario -nacido en Montevideo- tendrá que gobernar con un Congreso en el que su partido, Semilla, es muy minoritario.

“Si bien Semilla tiene la tercera bancada con 23 diputados electos, el número no es alto, y tendrá que negociar. El Congreso tiene 160 diputados. Deberá poder establecer puentes. A algunos legisladores y votantes de Semilla no les agrada esto de tener que negociar con otras fuerzas, muchas de ellas inclusive cuestionadas. Pero no tienen otro camino”, coincidió Dabroy en su análisis.

El futuro presidente presentó hace menos de una semana al gabinete con el que trabajará, que tiene un inédito equilibrio entre hombres y mujeres, pero que recogió también algunos cuestionamientos, aunque menores.

Por un lado, porque nombró como ministro de Gobernación (Interior) a Francisco Jiménez, quien ocupó ese cargo durante el gobierno del fallecido Colom (2008-2012), acusado de corrupción; y por otro, porque una sola cartera -Trabajo, para Miriam Roquel- quedó para una representante de los pueblos originarios, fuerte sostén de Arévalo en medio de la embestida judicial.

El futuro mandatario reconoció que quedó “en deuda con la pluralidad” del país, donde las comunidades indígenas representan el 42% de los 17,6 millones de habitantes.

En lo formal, quien será el 52do presidente constitucional guatemalteco jurará mañana en el salón Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, junto a su vice, Karin Herrera, que esta semana logró un amparo judicial para evitar una eventual detención que impidiera su asunción.

Las delegaciones -están anunciados pocos presidentes de la región- empezaron a llegar a la capital, y estarán en un banquete que Giammattei ofrece en el Palacio Nacional.

Mañana asume la nueva integración del Congreso, elige a su conducción y escucha el informe final de Giammattei. La sesión se suspende después para ser retomada en el centro Cultural Asturias, donde Arévalo recibirá los atributos del mando.

Presidente y vice irán entonces al Palacio Nacional para dar sus primeros discursos ya desde sus nuevos cargos y después de la jura del gabinete habrá un encuentro para las delegaciones extranjeras.

En paralelo, habrá una serie de recitales y encuentros culturales, después del mediodía, en varios puntos de Ciudad de Guatemala.

Los actos terminarán recién el lunes: habrá un Te Deum matutino en la Catedral metropolitana y después Arévalo será presentado ante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil como su nuevo Comandante General y Oficial Superior, respectivamente, en una ceremonia en la Plaza de la Constitución.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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