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Tras resistir la arremetida judicial, Arévalo asume como presidente de Guatemala

Llega a la presidencia para reemplazar a Alejandro Giammattei y cortar una racha de cuatro gestiones centroderechistas, respaldado por una inédita alianza de sectores rurales, organizaciones de pueblos originarios, grupos urbanos intelectualizados y jóvenes.

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El Argentino Diario-Bernardo Arévalo-Guatemala.

Por Ariel Bargach

El sociólogo Bernardo Arévalo asumirá mañana la presidencia de Guatemala, 145 días después de ganar la segunda vuelta y tras múltiples acciones judiciales en su contra y reiteradas protestas en las calles, con el reto de reconstruir la institucionalidad del país, responder a una desbordante expectativa social y, centralmente, de tejer con la Justicia y el Congreso una relación que le permita encarar la gestión con alguna calma.

A sus 65 años, Arévalo llega a la jefatura del Estado para reemplazar a Alejandro Giammattei y cortar una racha de cuatro gestiones centroderechistas, respaldado por una inédita alianza de sectores rurales, organizaciones de pueblos originarios, grupos urbanos intelectualizados y jóvenes.

“Lo que viene para Arévalo es la urgencia por reconstruir la institucionalidad del Estado. Era una institucionalidad que ya venía sufriendo un desgaste importante, pero ese proceso se aceleró en la gestión de Giammattei. Fue creciendo de manera evidente la insatisfacción con el Estado, en función de no otorgar las garantías necesarias”, evaluó Jahir Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala.

Analista e investigador, Dabroy remarcó a Télam que «el mayor de los retos» para el futuro presidente «estará en construir un Estado democrático de derecho, que permita otorgar certezas a la población”.

Arévalo fue la sorpresa de la primera vuelta, en junio, y ganó con alguna comodidad la segunda, en agosto, sobre Sandra Torres, exesposa del exmandatario Álvaro Colom (2008-2012), el último -y único- presidente de centroizquierda que tuvo el país en las últimas décadas.

Pero desde su triunfo debió enfrentar un marcado asedio de parte del Ministerio Público (MP) que le sacó la personería al triunfante Movimiento Semilla, pidió que le quiten la inmunidad que el propio Arévalo tenía como diputado, cuestionó al Tribunal Superior Electoral (TSE) por avalar los resultados electorales y finalmente pidió que se declaren nulos los comicios.

Aunque la fiscal general, Consuelo Porras, declarada «corrupta» por Estados Unidos, explique que el MP solo está cumpliendo su deber de investigar, Arévalo denunció de modo permanente que se orquestaba un golpe de Estado para no dejarlo asumir y culpó de la maniobra a lo que llama «el pacto de corruptos», que se vería afectado por su gestión.

“Esta transición inevitablemente desgastó la figura de Arévalo y de la bancada de Semilla, por los enemigos que tuvieron, tanto él como el partido, y que intentaron impedir que tome posesión”, lamentó Dabroy.

Y tuvo el respaldo sin fisuras, en el país, del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, y fuera de Guatemala, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Estados Unidos y el Mercosur.

El tironeo, de alguna manera, distrajo tiempo y esfuerzo del futuro equipo de gestión para avanzar en la planificación de políticas públicas para un país con pobreza extrema, pésimos índices de educación y salud, alta inseguridad, una corrupción enquistada en toda la estructura del Estado y miles de ciudadanos con pretensiones de emigrar.

“Hay retos muy particulares. Hay que recuperar al país en áreas muy específicas: los indicadores en salud, en educación, en seguridad, en seguridad alimentaria son relevantes. La idea es poder tener resultados evidentes al menos en el primer año de gestión”, dijo Dabroy, y alertó sobre cuánto puede esperarse de la nueva administración.

Para el investigador y analista, “uno de los puntos que puede afectar al presidente es la sobredimensión de las expectativas, porque hay sectores que esperan demasiados cambios”.

«Yo soy más prudente y creo que pueden sentarse las bases importantes para que haya resultados de gestión pública en cuatro años de Gobierno. Para los 150 años de desgaste que tuvo el Estado guatemalteco, eso sería un punto de inicio importante para mejorar la calidad de la gestión”, subrayó.

Hijo del expresidente Juan José Arévalo, a quien le tocó terminar con décadas de dictaduras cuando llegó a la presidencia en 1945, el nuevo mandatario -nacido en Montevideo- tendrá que gobernar con un Congreso en el que su partido, Semilla, es muy minoritario.

“Si bien Semilla tiene la tercera bancada con 23 diputados electos, el número no es alto, y tendrá que negociar. El Congreso tiene 160 diputados. Deberá poder establecer puentes. A algunos legisladores y votantes de Semilla no les agrada esto de tener que negociar con otras fuerzas, muchas de ellas inclusive cuestionadas. Pero no tienen otro camino”, coincidió Dabroy en su análisis.

El futuro presidente presentó hace menos de una semana al gabinete con el que trabajará, que tiene un inédito equilibrio entre hombres y mujeres, pero que recogió también algunos cuestionamientos, aunque menores.

Por un lado, porque nombró como ministro de Gobernación (Interior) a Francisco Jiménez, quien ocupó ese cargo durante el gobierno del fallecido Colom (2008-2012), acusado de corrupción; y por otro, porque una sola cartera -Trabajo, para Miriam Roquel- quedó para una representante de los pueblos originarios, fuerte sostén de Arévalo en medio de la embestida judicial.

El futuro mandatario reconoció que quedó “en deuda con la pluralidad” del país, donde las comunidades indígenas representan el 42% de los 17,6 millones de habitantes.

En lo formal, quien será el 52do presidente constitucional guatemalteco jurará mañana en el salón Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, junto a su vice, Karin Herrera, que esta semana logró un amparo judicial para evitar una eventual detención que impidiera su asunción.

Las delegaciones -están anunciados pocos presidentes de la región- empezaron a llegar a la capital, y estarán en un banquete que Giammattei ofrece en el Palacio Nacional.

Mañana asume la nueva integración del Congreso, elige a su conducción y escucha el informe final de Giammattei. La sesión se suspende después para ser retomada en el centro Cultural Asturias, donde Arévalo recibirá los atributos del mando.

Presidente y vice irán entonces al Palacio Nacional para dar sus primeros discursos ya desde sus nuevos cargos y después de la jura del gabinete habrá un encuentro para las delegaciones extranjeras.

En paralelo, habrá una serie de recitales y encuentros culturales, después del mediodía, en varios puntos de Ciudad de Guatemala.

Los actos terminarán recién el lunes: habrá un Te Deum matutino en la Catedral metropolitana y después Arévalo será presentado ante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil como su nuevo Comandante General y Oficial Superior, respectivamente, en una ceremonia en la Plaza de la Constitución.

Elecciones

Lula promulgó la jornada de 40 horas y la Argentina de Milei la estira a 12

Con 75 votos contra 1, el Senado brasileño aprobó la enmienda que reduce la jornada de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial. Lula la promulgó este viernes, a nueve días del balotaje contra Flávio Bolsonaro.

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Seis días de trabajo y uno solo de descanso: ese fue durante décadas el régimen de millones de trabajadoras y trabajadores brasileños. Desde este viernes, es historia constitucional. El Congreso de Brasil promulgó la Enmienda Constitucional N° 141 de 2026, que elimina la escala 6×1, garantiza dos días de descanso remunerado por semana y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas, sin rebaja de salarios. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Argentina de Javier Milei recorrió el camino exactamente inverso.

La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 221/2019 fue aprobada el miércoles 14 de octubre por el plenario del Senado Federal en dos turnos, con 75 votos a favor y uno solo en contra, el del exvicepresidente y senador Hamilton Mourão (Republicanos). Como los senadores mantuvieron la misma redacción aprobada por la Cámara de Diputados, el texto no volvió a la cámara baja y fue promulgado este viernes 16 en una sesión solemne encabezada por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre (União), y el titular de Diputados, Hugo Motta (Republicanos), con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué cambia y cuándo

La enmienda modifica el artículo 7° de la Constitución brasileña y establece una transición en dos etapas. Sesenta días después de la promulgación, las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y la jornada máxima bajará a 42 horas semanales. Doce meses más tarde, el tope quedará fijado de manera definitiva en 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe expresamente que la reducción de horas se traduzca en una baja salarial y preserva los pisos de cada categoría.

Según un relevamiento del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), elaborado con datos de la encuesta nacional de hogares de 2025, la medida podría beneficiar a 26,8 millones de personas que hoy trabajan más de 40 horas semanales. Datos del Ministerio de Trabajo y del IBGE citados durante la votación indican que 36,2 millones de vínculos formales tienen una jornada contratada superior a ese límite.

En la ceremonia, Lula calificó la enmienda como una «victoria de la sociedad brasileña» y la comparó con la Constitución de 1988. Alcolumbre, por su parte, sostuvo que al aprobar el fin de la escala 6×1 «el Legislativo brasileño eligió el camino correcto, no el camino fácil», y afirmó que los impactos de la medida «son incalculables».

Una bandera que nació en la calle

La reducción de la jornada fue durante años una demanda histórica del movimiento sindical brasileño. El senador Paulo Paim (PT), que presentó a lo largo de su carrera diversos proyectos para llevar la jornada a 40 horas, estuvo entre los firmantes de la promulgación. El tema recobró fuerza a fines de 2024, cuando la diputada federal Erika Hilton (PSOL) lo instaló nuevamente en la agenda pública, y el gobierno lo convirtió en prioridad legislativa a partir del discurso de Lula del 1° de mayo de 2025.

La Central Única de los Trabajadores (CUT) celebró el fin de la «masacrante escala 6×1» como una victoria «mayúscula de la lucha, del sudor y de la organización de la clase trabajadora brasileña». En un comunicado, la central sostuvo que la aprobación marca un punto de quiebre en la superación de «un modelo arcaico y cruel que succiona las energías de quien realmente trabaja y produce la riqueza de esta nación». La Força Sindical, a través de su presidente Miguel Torres, destacó que la medida dará a millones de personas más tiempo para la salud, la familia, la formación y el ocio.

El lobby empresario ya pide marcha atrás

La reacción patronal no tardó. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) calificó la enmienda como un «retroceso» y su presidente, Ricardo Alban, pidió al Congreso que revise la medida «tras la constatación, por ejemplo, de la pérdida de competitividad y de la alta inflacionaria». La entidad estimó que la reducción de la jornada elevaría los costos de producción hasta en 267.000 millones de reales, con una caída de 0,7% del PIB. La Confederación Nacional del Comercio (CNC) lamentó que el tema se discutiera «en pleno período electoral».

Las proyecciones catastróficas, sin embargo, no son unánimes. Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) estimó que el impacto sobre el costo total de las empresas rondaría el 1% en sectores como el comercio y la industria, con un máximo de 6,6% en vigilancia y seguridad. Una vez más, el argumento de la competitividad aparece como escudo para defender jornadas extenuantes que el propio mundo desarrollado abandonó hace décadas.

El bolsonarismo, entre el voto a favor y la letra chica

La oposición bolsonarista, que resistía la enmienda e intentó frenar su tratamiento esta semana, terminó liberando a su bancada cuando Alcolumbre puso el tema en el orden del día, y votó mayoritariamente a favor. El propio Flávio Bolsonaro anticipó que acompañaría el fin de la escala 6×1, una propuesta que se convirtió en una de las principales banderas de la campaña de Lula para el balotaje.

Pero el doble discurso quedó expuesto pocas horas después. En una entrevista con el canal de noticias Jovem Pan, el líder del Partido Liberal (PL) en Diputados, Sóstenes Cavalcante, afirmó que, si Flávio Bolsonaro gana la presidencia, debería impulsar la PEC 12/2026, que prevé un contrato «por hora trabajada». El voto favorable del bolsonarismo en el recinto convive así con una agenda de precarización que espera su turno en el cajón. El senador Randolfe Rodrigues reclamó a los legisladores contrarios al fin de la 6×1 que retiren sus firmas de esa iniciativa para permitir su archivo.

Un balotaje abierto a nueve días de las urnas

La promulgación llega en el momento más delicado de la campaña. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos contra el 45,16% de Lula. Las encuestas difundidas este viernes muestran, sin embargo, un escenario de empate técnico: la de la Confederación Nacional del Transporte con el instituto MDA ubica a Flávio con 50,5% y a Lula con 49,5%, mientras que PoderData/AYA registra 48% contra 46%, una diferencia dentro del margen de error. En su medición anterior, PoderData había dado a Flávio una ventaja de 53% a 47%.

El segundo turno se celebrará el 25 de octubre. Lula llega a la recta final con una conquista concreta para el bolsillo y el tiempo de vida de la clase trabajadora, y con la ultraderecha obligada a votar una medida que combatió hasta último momento.

El espejo argentino: 12 horas y banco de horas

El contraste con la Argentina es brutal. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei, que en el Senado obtuvo 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, con Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza al frente de las negociaciones. La norma habilita extender la jornada diaria de 8 a 12 horas sin pago de horas extras, compensadas mediante un «banco de horas»; reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, con prestaciones mínimas de entre el 50% y el 75%.

La CGT definió esa reforma como «regresiva e inconstitucional». Mientras Brasil discute cómo devolverle tiempo de vida a quienes trabajan, el gobierno libertario legisló para que ese tiempo quede a disposición del empleador. Dos modelos de país, dos ideas opuestas sobre quién debe pagar el costo del desarrollo.

Lo que tenés que saber:

  • El Senado de Brasil aprobó el 14 de octubre, por 75 votos contra 1, la PEC 221/2019 que elimina la escala 6×1.
  • La jornada máxima baja de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, con dos días de descanso remunerado por semana.
  • La transición fija 42 horas a los 60 días de la promulgación y 40 horas doce meses después.
  • Lula participó este viernes de la promulgación, a nueve días del balotaje del 25 de octubre contra Flávio Bolsonaro.
  • En la Argentina, la reforma laboral de Milei aprobada en febrero de 2026 habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas.

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