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Tasladaron a Añez a una clínica por la huelga de hambre

El juez explicó que la decisión apunta a velar por el derecho a la vida de la exsenadora golpista.

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Un juez de la ciudad boliviana de La Paz ordenó este viernes el traslado de la expresidenta de facto Jeanine Añez a una clínica para que sea revisada, aún en contra de su voluntad, dado que lleva 10 días de huelga de hambre que cumple para protestar por su situación jurídica.

La decisión del magistrado octavo de sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Franklin Siñani Velasco, declaró procedente la llamada “acción de libertad” en favor de Áñez para que la lleven al Instituto Nacional del Tórax, aunque la resolución no significa que quede libre.

“Se ha concedido la tutela de la acción de libertad en favor de la expresidenta y ha dispuesto el juez octavo de sentencia su traslado de inmediato a un centro hospitalario”, informó Norka Cuellar, la abogada de Áñez, según la agencia de noticias ABI y diarios paceños.

El juez explicó que la decisión apunta a velar por el derecho a la vida de la exsenadora. “Pese a que se niega a recibir la atención médica y a alimentarse, corresponde asumir medidas activas desde la estación jurisdiccional”, indicó el magistrado.

Un médico particular había visitado ayer a Áñez y afirmado que estaba «delicada», pero que al momento no veía necesaria su internación.

Por la mañana, los obispos de Bolivia habían pedido en un comunicado que se permitiera “el inmediato acceso a atención hospitalaria” para la exgobernante de facto, que ayer se descompesó en una audiencia judicial, que debió ser suspendida.

Áñez está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en la causa del “Golpe de Estado I” y de haber actuado contra la Constitución en la causa “Golpe de Estado II”.

Durante su gestión de facto fueron cometidas las masacres de Sacaba y Senkata, con una treintena de muertos por la represión policial y militar a las protestas en medio de la crisis derivada del golpe contra Evo Morales.

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Casación otorgó a De Vido prisión domiciliaria por riesgo cardiaco

La decisión de la Casación no implica libertad, sino el traslado del lugar de cumplimiento de la pena: De Vido continuará condenado y bajo control judicial, aunque desde su domicilio particular.

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De Vido deja Ezeiza: la Casación ordenó su prisión domiciliaria por riesgo cardíaco

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el exministro de Planificación Julio De Vido abandone la cárcel de Ezeiza y cumpla su condena por la tragedia de Once en detención domiciliaria. La decisión, adoptada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, revirtió el fallo previo del Tribunal Oral Federal que había rechazado idéntico pedido.

Un cuadro clínico que la justicia no pudo ignorar

El detonante del beneficio fue el infarto que De Vido sufrió el 1° de abril de 2026, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un stent. Los informes médicos presentados ante la Casación alertaron sobre un «alto riesgo cardiovascular».

A esas afecciones se suman otras patologías preexistentes: diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial, un cuadro que, a juicio del tribunal, hace incompatible el encierro carcelario con las condiciones de salud del exfuncionario.

De Vido tiene 76 años y cumple condena por el delito de fraude al Estado como partícipe necesario de la tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 que causó la muerte de 51 personas e hirió a casi 800.

La Casación revirtió al Tribunal Oral

El camino no fue sencillo. Antes de la resolución de Casación, el Tribunal Oral Federal había rechazado el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exfuncionario. La Cámara de Casación, integrada para este caso por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, anuló ese fallo y estableció el cumplimiento de la condena en el domicilio del exministro. Al mismo tiempo, le encomendó al juez de ejecución penal que mantenga un control periódico sobre De Vido durante el resto de la pena.

La causa Once estableció responsabilidades en la gestión de los contratos ferroviarios con la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires), cuya falta de mantenimiento fue determinante en el siniestro. Su condena como partícipe necesario lo convirtió en uno de los exfuncionarios de más alto rango en ser condenado efectivamente a prisión.

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