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La Fiscalía de Perú pidió 34 años de cárcel para el expresidente Castillo

La causa por la que el Ministerio Público soslicitó la pena es la que se le sigue al exmandatario por su fallido intento de disolver el Congreso y «perpetrar un golpe de estado» en diciembre de 2022.

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La fiscalía de Perú pidió este viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por su fallido intento de disolver el Congreso y «perpetrar un golpe de estado» en diciembre de 2022.

«Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública», informó la fiscalía a través de la red social X.

El juez Juan Carlos Checkley deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación, según consigna la agencia de noticias AFP, sobre el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios.

De la misma forma, la Fiscalía también pidió por el delito de rebelión 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez; los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente; y para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, informó la agencia de noticias Europa Press.

La fiscalía reclamó también 15 años de cárcel para el ex primer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres, por el delito de rebelión.

Los hechos por los que se acusa a Castillo

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a través del establecimiento de un «gobierno de excepción».

Este hecho fue interpretado por el Parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno del cuerpo lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia, según consigna la agencia de noticias Sputnik.

Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia, la Fiscalía peruana llevó a cabo su detención.

Desde entonces permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, que es conocida como cárcel de los expresidentes, porque allí está alojado Alejandro Toledo y hasta hace poco estaba allí Alberto Fujimori.

Castillo también cumple una pena por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, ya que la Fiscalía de Perú pidió a finales de febrero del año 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro Perú.

El Gobierno de Castillo fue de una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno -con más de 70 ministros- que tuvo en solo 16 meses.

Incapaz de dar rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre, la fuerza que le ganó el balotaje a Keiko Fujimori.

El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad, en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuya presidencia cumplió en diciembre pasado un año en medio de una marcada tensión social, una relación tirante con el fragmentado Parlamento y una fuerte recesión económica.

Elecciones

El PL reconoció el triunfo de Lula pero Bolsonaro quiere anular la elección que perdió por más de 4 millones de votos

El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aceptó el resultado oficial, pero pidió explicaciones por las impugnaciones del senador. Lula ganó con el 51,79% y Flávio Bolsonaro anticipa que pedirá anular los comicios, en línea con el historial de su padre, condenado a 27 años por intento de golpe.

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El propio partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva, pero el senador sigue sin aceptar una derrota que las urnas dejaron sin discusión. La carta del Partido Liberal (PL) deja a la ultraderecha brasileña atrapada entre la aceptación institucional del resultado y el libreto de fraude que repite desde hace años.

Valdemar Costa Neto, presidente del PL, difundió este lunes una carta pública en sus redes sociales en la que sostuvo que el partido «reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral». Lula resultó reelecto en el balotaje del domingo con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, tras una remontada de más de cuatro millones de votos respecto de la primera vuelta del 4 de octubre, en la que el senador había terminado primero.

Un reconocimiento con letra chica

El texto del PL no cierra el conflicto: el partido pidió explicaciones formales sobre las impugnaciones que presentó Flávio Bolsonaro y denunció que el aumento del gasto público y de los beneficios sociales previo a la elección alteró la equidad de la contienda. Según la carta, en la segunda vuelta el resultado fue distinto en un escenario de «medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social».

Flávio Bolsonaro, por su parte, rechazó la derrota y anticipó que pedirá la anulación de los comicios. Su reclamo se apoya en la decisión del máximo tribunal de extender a último momento el horario de votación, a raíz de una solicitud del oficialismo. En un video difundido en sus redes, el senador prometió «organizar a la oposición» para convertir al Congreso en una «fortaleza contra la barbarie» durante los «cuatro años más de Lula», y denunció un «complejo industrial de noticias falsas» y «abusos de poder político y económico sin precedentes». Es decir, cuestiona el mismo sistema electoral que lo había ubicado primero en la primera vuelta.

El PL, además, destacó su crecimiento parlamentario: logró 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernaciones. Una fuerza con ese peso en las instituciones intenta, al mismo tiempo, deslegitimar la elección que acaba de perder.

El libreto de la ultraderecha brasileña

La desconfianza hacia las urnas no nació este domingo. En 2022, Jair Bolsonaro pasó meses cuestionando la seguridad del sistema electrónico de votación, con acusaciones sin pruebas que ya habían sido refutadas, y tras perder ante Lula en el balotaje guardó silencio sin admitir la derrota. Durante meses se había negado a responder si aceptaría el resultado, y repitió que solo reconocería elecciones que considerara limpias.

Ese desconocimiento del voto popular terminó en violencia. El 8 de enero de 2023, miles de simpatizantes de Bolsonaro tomaron por la fuerza las sedes del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio del Planalto en Brasilia, con el objetivo de desconocer el triunfo de Lula. La Justicia brasileña concluyó que aquel asalto fue parte de un plan golpista más amplio.

El 11 de septiembre de 2025, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, por cuatro votos contra uno, por intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y liderazgo de una organización criminal armada, entre otros delitos. Fue la primera vez que un expresidente brasileño recibió una condena por golpismo. El tribunal rechazó luego por unanimidad sus últimos recursos y la pena quedó firme. Además, el Tribunal Superior Electoral lo había declarado inelegible hasta 2030. Hoy cumple arresto domiciliario.

Su hijo hereda la estrategia en un momento delicado: este lunes, además, Flávio denunció que la Justicia le exigió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país, en una medida que aún no tuvo confirmación oficial inmediata.

Trump y la sombra de Washington

El conflicto tiene también un capítulo internacional. En 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles punitivos a Brasil en represalia por el juicio a Jair Bolsonaro. Antes de las elecciones, Trump recibió a Flávio en la Casa Blanca y lo elogió en su red Truth Social como «un joven inteligente que ama mucho a su país». Lula, por su parte, le había pedido al mandatario estadounidense que no se meta en las elecciones de Brasil, que son un asunto exclusivo del país.

Tras el balotaje, Trump aseguró que los comicios brasileños estuvieron «amañados», aunque advirtió: «Yo no tomé partido». La denuncia de fraude, según se informó, no estuvo acompañada de pruebas. Lula, en tanto, celebró su triunfo en el búnker del PT en San Pablo con una advertencia: «La gente no permitió que el fascismo gane».

En la región, el presidente argentino Javier Milei, que había respaldado a Flávio Bolsonaro en las redes durante la campaña, fue según se informó el único mandatario sudamericano que no reconoció la reelección de Lula. Mientras el resto de la región acepta el veredicto de las urnas, el bolsonarismo y sus aliados siguen sin hacerlo.

Lo que tenés que saber:

  • El Partido Liberal reconoció el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral, aunque exigió explicaciones sobre las impugnaciones de Flávio Bolsonaro.
  • Lula fue reelecto con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro.
  • Flávio rechazó la derrota y pedirá la anulación de los comicios por la extensión del horario de votación.
  • Jair Bolsonaro cumple una condena firme de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado, tras el asalto del 8 de enero de 2023.
  • Trump dijo que las elecciones estuvieron amañadas, mientras Milei, según se informó, no reconoció la reelección de Lula.

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