La jefa de los servicios secretos de España, Paz Esteban, fue destituida este martes tras el escándalo desatado en el país por un espionaje a los teléfonos celulares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios líderes independentistas catalanes, entre otros.

«El Gobierno acordó hoy el cambio en la dirección del CNI» (Centro Nacional de Inteligencia), anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una conferencia de prensa en la que además de informar la decisión defendió «el gran prestigio internacional» de la inteligencia española por su lucha contra el extremismo y reivindicó la trayectoria de Esteban, sin explicar los motivos de su destitución.

Esteban, directora del CNI, era la principal señalada tras destaparse el informe de un grupo de investigadores canadienses sobre el espionaje a más de 60 políticos independentistas, por el que la funcionaria debió comparecer la semana pasada ante el Congreso, en una reunión que se celebró a puerta cerrada y en la que reconoció la participación del CNI en el hecho.

Por este caso, el independentismo catalán -clave para la estabilidad parlamentaria del Gobierno socialista de Sánchez- había exigido que se deslindaran responsabilidades, y Esteban se convierte en la primera víctima del escándalo.

Robles evitó explicar las razones del relevo y ante consultas periodísticas sobre qué ocurrió entre la semana pasada, cuando defendió su continuidad, y hoy, tras la decisión del cambio en la cúpula de los espías, respondió con un escueto: «No ha pasado nada».

«Puede haber fallos, en España y en todos los países del mundo. Por eso es tan importante que no bajemos nunca la guardia» dijo luego, e impulsó el reforzamiento del CNI y su modernización, informó la agencia de noticias AFP.

El CNI depende del Ministerio de Robles, por lo que su intervención hoy constituye un claro mensaje político a quienes pedían también su dimisión, ya que no solo la ministra sigue en su puesto con todo el apoyo de Sánchez, sino que además el reemplazo de Esteban cae en una persona de su confianza, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.

La denuncia de espionaje a los líderes independentistas y el hallazgo posterior de los ataques a los teléfonos celulares de los miembros del Gobierno tensó como pocas veces en el actual parlamento la relación entre el Ejecutivo y sus socios catalanes, en especial Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), que exigió dimisiones al más alto nivel.

El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista catalana que habrían tenido sus teléfonos celulares infectados entre 2017 y 2020 con un software israelí llamado Pegasus. El escándalo también abrió una nueva grieta en la coalición de Gobierno.

El lunes de la semana pasada, el Gobierno presentó una denuncia por escuchas «ilegales» y «externas» contra el presidente y la ministra de Defensa a través del programa informático israelí, intromisión que permitió el robo de «gran cantidad de información».

De acuerdo con la denuncia presentada por el Gobierno ante la Justicia, las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono celular de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.

Los piratas informáticos extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión y 130 megabites en la segunda, mientras en el aparato de la titular de Defensa el robo fue menor, unos 9 megas.

Aún se ignora quien espió al Gobierno, y, en cuanto a los independentistas catalanes, según trascendió tras una comisión parlamentaria, el CNI admitió haber vigilado a 18 dirigentes con orden judicial, incluido el presidente regional catalán Pere Aragonés cuando era vicepresidente, pero no a los 65 de los que habla este movimiento.

El Gobierno desconoce asimismo cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de un hackeo a las líneas institucionales no a las privadas.

La intención del Ejecutivo de que la salida de Esteban ponga fin a la crisis del caso Pegasus y funcione como cortafuegos de un incendio que sacudió la política española en las últimas semanas. Sin embargo, la destitución de Esteban no aplacó a los independentistas catalanes.

«No es suficiente», dijo a la prensa Patricia Plaja, portavoz del Gobierno catalán, que reclamó en días pasados la dimisión de Robles.

«Sánchez consuma el esperpento y ofrece la cabeza de la directora del CNI a los independentistas, debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia», aseguró por su parte en Twitter Alberto Núñez Feijóo, líder del primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP).

El Gobierno reaccionó con sorna ante esas críticas, a través de la portavoz Isabel Rodríguez. «Está claro que el PP ha cambiado al líder, pero no al community manager [quien administra las redes sociales] porque ese tuit que ha escrito Feijóo podría haberlo hecho Pablo Casado», presidente de la formación hasta principios de abril.

Los servicios secretos españoles, que han sufrido grandes reorganizaciones tras la llegada de la democracia en 1978, protagonizaron en las últimas décadas varios escándalos.

En 1995, el descubrimiento de unas escuchas telefónicas ilegales gatillaron la renuncia de dos antecesores de y del entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Narcís Serra.

Más recientemente, el anterior director del CNI, Félix Sanz Roldán, fue acusado por una examante del rey emérito Juan Carlos I de haberla hostigado para que no revelara secretos, algo que él negó.