El Gobierno socialista de España criticó hoy el «incomprensible» anuncio del traslado de la sede a Países Bajos de una importante compañía de infraestructuras, una medida por la que la oposición acusó al Ejecutivo de alentar el éxodo de empresas.

Ferrovial, fundada en España en 1952, propietaria del aeropuerto londinense de Heathrow y de numerosas autopistas en Estados Unidos y Canadá, anunció anoche que trasladaba su sede social a Países Bajos, en el marco de una reorganización de las actividades del grupo.

La decisión «es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España, (…) que ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos los españoles», criticó en la televisión pública TVE la ministra de Economía, Nadia Calviño.

«Estamos pendientes de conocer los detalles para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión», abundó la número dos del presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, en una nota enviada a AFP, en la que lamentó la «falta de compromiso» de Ferrovial «con su país».

La ministra de Economía le transmitió este mensaje en una conversación telefónica al director general de Ferrovial, Rafael del Pino.

La empresa privada explicó que, debido a su «internacionalización creciente», busca ser «una sociedad anónima europea» con «domicilio social en Países Bajos».

«En 2022, el 82% de los ingresos (…) del grupo proceden de su negocio internacional», señaló Ferrovial en un comunicado, en el que destacaba que los Países Bajos ofrecen un «marco jurídico estable».

Una parte de la clase política y numerosos analistas relacionaron la decisión con una fiscalidad más ventajosa en los Países Bajos.

Ferrovial, que pagó 282 millones de euros ($300 millones de dólares) en impuestos el año pasado, podría ahorrarse 40 millones de euros ($43 millones de dólares) anuales en gravámenes obligatorios gracias a la medida, según una nota de análisis del Banco Sabadell.

«Sin rubor, una empresa española nos dice que traslada su domicilio social a Holanda, porque allí las condiciones fiscales son mejores. Estamos hablando de ‘dumping’ fiscal», denunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

«Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país, que además ha crecido al albur de enormes contratos con la administración pública», lamentó Díaz, pidiéndole a la empresa que reconsidere su decisión.

Para el gobierno de izquierda, que busca destacar los buenos resultados económicos y el atractivo de España de cara a los inversores a pocos meses de las elecciones legislativas previstas para finales de año, la decisión de Ferrovial es motivo de preocupación.

El «riesgo que corremos es que se produzca un efecto contagio», advirtió en la radio pública RNE Juan Bravo, responsable de asuntos económicos del Partido Popular derecha), principal formación de oposición.

El PP lleva meses criticando la política fiscal del Gobierno, que ha establecido impuestos extraordinarios sobre los beneficios de grupos bancarios y empresas energéticas para financiar sus paquetes de medidas antiinflacionarias.

Unos reproches rechazados por el Ejecutivo, que recuerda los 30.000 millones de euros (casi $32.000 millones) de inversión extranjera directa que recibió España el año pasado.

La decisión de Ferrovial es «doblemente paradójica en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca», afirmó Calviño en el canal La Sexta.

Ferrovial pertenece en más de un 32% a la familia Del Pino y entre sus accionistas cuenta con varios fondos de inversión internacionales.