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Sentencia contra Sabbatella reaviva críticas al poder judicial y al Grupo Clarín

Nuevo Encuentro salió al cruce del polémico fallo y cuestionó a la Corte Suprema: “Nunca seremos mascotas del poder”.

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El Argentino Diario-Martín Sabbatella-AFSCA.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que condena a Martín Sabbatella, ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), por intentar que el Grupo Clarín cumpliera con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta medida ha sido duramente criticada, en especial desde el kirchnerismo y otros sectores políticos, que señalan esta decisión como un nuevo episodio de persecución judicial o “lawfare” contra los funcionarios de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y las políticas implementadas en esos períodos.

Nuevo Encuentro, organización kirchnerista liderada por Sabbatella, emitió un comunicado en el que cuestiona la decisión judicial y denuncia que el fallo no busca justicia, sino amedrentar a quienes se enfrentan al poder mediático concentrado. “Condenaron al funcionario por gestionar el cumplimiento de la ley y no a quienes se dedicaron a evadirla”, señala el documento. “Este es el precio que tendrá que cumplir nuestro compañero por enfrentarse a las mafias enquistadas del país”.

La Ley de Medios y su resistencia en la Justicia

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también conocida como «Ley de Medios», fue aprobada en 2009 con el objetivo de promover la diversidad de voces y limitar los monopolios mediáticos. En 2013, la Corte Suprema declaró la constitucionalidad plena de esta normativa. Sin embargo, la implementación de esta ley enfrentó una férrea resistencia de sectores concentrados de medios, en especial el Grupo Clarín, uno de los principales conglomerados mediáticos de Argentina. Martín Sabbatella, desde la AFSCA, intentó aplicar la ley, solicitando la adecuación del Grupo Clarín, pero esta medida generó una fuerte oposición y desembocó en un complejo proceso judicial.

Fernando Torrillate, exdirector nacional de Comunicación en la AFSCA, expresó su indignación por la decisión de la Corte. En su cuenta de X, afirmó: “El 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema declaró la constitucionalidad plena de toda la Ley de Medios. Hoy, 29/10/24, la misma Corte confirma el castigo a Sabbatella por querer que el Grupo Clarín cumpla esa ley”. Torrillate también denunció que la condena contra Sabbatella responde a una presión del “poder mafioso” que, según su visión, busca evitar que el poder mediático se vea limitado.

Nuevo Encuentro: “Nunca seremos mascotas del poder”

El comunicado de Nuevo Encuentro detalla lo que, a su entender, es una asociación entre el poder judicial y el Grupo Clarín para debilitar cualquier intento de democratizar el espacio mediático en Argentina. En un fragmento contundente, el documento señala: “Lo que Martín intentó desde la AFSCA fue una osadía que Héctor Magnetto no podía permitir. Por eso, en asociación con un sector de la justicia afín al macrismo, coordinaron esta maniobra de lawfare con el único objetivo de disciplinar”.

Para el kirchnerismo y sus aliados, este fallo no es un acto aislado, sino parte de un esquema más amplio que incluye persecución judicial y condenas que buscan amedrentar a quienes impulsan políticas contrarias a los intereses del poder económico concentrado. El comunicado enfatiza: “Nunca seremos mascotas del poder, no podrán disciplinarnos, por más causas que inventen y sentencias que digiten”.

La condena contra Sabbatella también aviva las críticas en torno al rol de la Corte Suprema y su aparente selectividad al momento de emitir fallos en casos con tintes políticos. Para sus críticos, la decisión se inscribe dentro de una estrategia de lawfare que no solo afecta al kirchnerismo, sino que limita las posibilidades de implementación de políticas públicas que busquen un cambio estructural en el país.

Denuncia

Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”

La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.

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Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»

★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.

«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»

Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.

La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.

Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.

«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»

Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.

La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.

El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto

En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.

La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».

Puntos clave:

  • La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
  • Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
  • Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
  • Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
  • El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.

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