Espionaje
Ex funcionario de Vidal reconoció visitas a la AFI para hablar sobre Medina
Grassi fue uno de los asistentes a la reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, de la que participaron otros miembros del gabinete de la ex gobernadora bonaerense.
El ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires Adrián Grassi se negó hoy a declarar en la causa en la que se investiga el supuesto diseño de una estrategia ilegal para perjudicar a gremialistas de la construcción de la ciudad de La Plata, como Juan Pablo «Pata» Medna, pero entregó un escrito en el que reconoció haber visitado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para hablar de ese tema.
«Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales, se encontraban dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina», sostuvo el ex ministro del gobierno de María Eugenia Vidal en el descargo.
Grassi fue uno de los asistentes a la reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, de la que participaron otros miembros del gabinete de Vidal; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador provincial Juan Pablo Allan, empresarios platenses de la construcción y exintegrantes jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
«En mayo de 2017 fui contactado por un grupo de empresarios del rubro de la Construcción de la Ciudad de La Plata para poner en mi conocimiento situaciones conflictivas».
Un video de esa reunión, que ahora se investiga como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina y a otros dirigentes de la Uocra La Plata, llegó a la justicia a través de una presentación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien denunció haber encontrado el material audiovisual mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos del organismo.
Grassi entregó un escrito de 49 páginas en el que, como primera medida, cuestionó la competencia del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak para intervenir en este expediente: sostuvo que si se investiga un supuesto plan del que pudo participar el Gobierno nacional (entonces a cargo de Mauricio Macri) la causa debería tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. También pidió que se anule como prueba la grabación que dio origen a la investigación.
A la hora de refutar las pruebas en su contra -siempre por escrito-, el exsubsecretario de Justicia de Vidal señaló que tenía entre sus funciones la de ejercer de nexo con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y que intervino en temas relacionados al «Pata» Median siempre en su afán de velar por los derechos de los empresarios que decían ser víctimas de amenazas por parte del gremialista.
«En mayo de 2017 fui contactado por un grupo de empresarios del rubro de la Construcción de la Ciudad de La Plata para poner en mi conocimiento situaciones conflictivas que padecían por el accionar ilegítimo del señor Juan Pablo Medina, de la seccional de La Plata de la UOCRA», sostuvo Grassi en su descargo, quien luego agregó que esas situaciones atentaban contra emprendimientos que intentaban iniciarse.
«Mi consejo siempre fue el mismo: que se presenten ante la justicia a denunciar los hechos por los que resultaban damnificados para, de esa forma, abordar los mismos con las herramientas que el derecho brinda».
«Mi consejo siempre fue el mismo: que se presenten ante la justicia a denunciar los hechos por los que resultaban damnificados para, de esa forma, abordar los mismos con las herramientas que el derecho brinda y encontrar una solución definitiva», sostuvo Grassi que les dijo a los empresarios a los que, según surge del escrito, también les habló de la posibilidad de declarar como testigos de identidad reservada.
Al referirse a la reunión que se llevó a cabo en el Bapro, Grassi dijo que allí «no se cometió ningún delito ni se pergeñó un supuesto plan criminal ni nada que se le parezca», a la vez que afirmó que no estaba al tanto de que estaba siendo grabado.
El exfuncionario de Vidal también tuvo que dedicar una parte de su descargo a explicar sus ingresos a la AFI dado que forman parte de la imputación: en el expediente está acreditado que ingresó a la central de espías a reunirse con el exjefe de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien también estuvo en la reunión del Bapro, y que en una oportunidad asistió junto con Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de Vidal, también imputado.
«Haber concurrido a la Agencia Federal de Inteligencia de la Nación no constituye ilícito penal alguno», sostuvo Grassi en el inicio de su descargo sobre ese punto, y luego agregó: «Siempre consideré que los procedimientos llevados a cabo por miembros de la AFI contaban con la resolución judicial que los autorizaba. No tenía motivos para pensar que fueran a realizarse de otro modo».
Grassi está acusado de haber intervenido, durante el año 2017, en su carácter de subsecretario de justicia de la provincia de Buenos Aires, en el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional la Plata o de su Secretario General y allegados.
«Dicha estrategia de judicialización no se habría limitado a aportar o a favorecer el aporte de denuncias o elementos probatorios, o más genéricamente, a garantizar las condiciones necesarias para que el poder judicial cumpliera sus funciones originales sino que, operando simultáneamente en un segundo nivel, habría implicado la ejecución de diversas acciones ilícitas tendientes a garantizar un resultado predeterminado en esos procesos», reza la imputación en su contra.
Entre esas acciones, «se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes», sostienen los investigadores.
En la causa se investiga también si existieron presiones, sugerencias o negociaciones entre funcionarios de la AFI y o del gobierno provincial con autoridades judiciales y o del Ministerio Público Fiscal, que implicaron «violaciones a la normativa de orden procesal penal relacionada, al menos, con cuestiones de competencia».
Para mañana está citado a declarar el exministro de trabajo bonaerense, Villegas, el autor de la frase más resonante del video que dio inicio a esta causa: «Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».
Espionaje
Ajuste para todos, menos para la SIDE: su presupuesto creció 841% y ahora trabaja para el FBI
Mientras Javier Milei invocó el legado de San Martín para justificar el combate a «enemigos externos e internos», el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado creció un 841% desde diciembre de 2023, muy por encima de la inflación acumulada del 241,8%. El organismo que dirige Cristian Auguadra concentra casi la mitad del gasto total en inteligencia estatal, acordó una colaboración formal con el FBI y creó el Centro Nacional Antiterrorismo, el primero de su tipo en América Latina, según el propio Gobierno.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) publicó en su cuenta de X un texto que remontaba a las operaciones de espías y agentes infiltrados que San Martín desplegó antes de cruzar los Andes, y concluía que sus agentes actuales «tienen la responsabilidad de continuar su legado». La comparación no es retórica: en términos presupuestarios, el organismo que hoy conduce Cristian Auguadra atraviesa una expansión sin precedentes en la historia reciente del Estado argentino, en abierta contradicción con el discurso oficial de ajuste y «déficit cero».
El ajuste que no llegó a la inteligencia
Según los datos publicados en el sitio Presupuesto Abierto del Gobierno nacional, el presupuesto destinado a acciones de inteligencia estatal creció un 409% entre 2023 y 2026, 167 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada, que el INDEC calculó en 241,8% entre diciembre de 2023 y julio de 2026. En ese período, el monto asignado pasó de $ 66.000 millones a $ 338.000 millones, de los cuales ya se ejecutaron $ 177.000 millones al momento de publicarse este informe.
Son diez los organismos estatales con partidas asignadas a funciones de inteligencia. La SIDE encabeza ese listado con $ 146.000 millones, casi la mitad del total. Le siguen la Gendarmería Nacional ($ 53.000 millones), la Policía Federal Argentina ($ 43.600 millones), el Ejército ($ 41.000 millones), la Fuerza Aérea ($ 13.700 millones), la Armada ($ 13.100 millones), la Prefectura Naval ($ 13.000 millones), el Ministerio de Seguridad ($ 10.800 millones), el Estado Mayor Conjunto ($ 2.961 millones) y el Ministerio de Defensa, con apenas $ 617 millones; este último, paradójicamente, perdió recursos en términos nominales respecto de 2023, cuando recibió $ 702 millones.
El crecimiento más pronunciado en términos porcentuales lo protagonizó la propia SIDE, con un 841% de incremento. El Ejército la secundó con un 455% y la Armada con un 287%. En el otro extremo, el Ministerio de Defensa es el único organismo que vio reducir su asignación en términos reales, señal inequívoca de a quién le recorta y a quién le da este Gobierno cuando de seguridad se trata.
La primera decisión administrativa de 2026: la SIDE manda sobre todos
La expansión presupuestaria no es el único indicador de la concentración de poder en la SIDE. La primera decisión administrativa de 2026, publicada el 20 de enero en el Boletín Oficial, estableció en su artículo 8 que «las jurisdicciones que posean asignaciones presupuestarias destinadas a la atención de gastos de inteligencia, incluyendo los gastos reservados, deberán contar con la conformidad de la Secretaría de Inteligencia de Estado» para efectuar cualquier gasto o modificación presupuestaria. En la práctica, Auguadra pasó a tener poder de veto sobre el gasto en inteligencia de todas las fuerzas armadas y de seguridad del país.
Esa norma vino a completar la arquitectura trazada en octubre de 2025 con la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo dependiente directamente de la SIDE que articula con los ministerios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Justicia, y también con la Dirección Nacional de Migraciones. El decreto de creación justificó la medida en que «el protagonismo asumido por la República Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos y las democracias occidentales genera la necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales».
El FBI llega al país con otra agenda
El 7 de agosto de 2026, la cuenta oficial de la SIDE en X celebró el inicio de una colaboración con el FBI. «La SIDE y el FBI han alcanzado un vínculo histórico que permite incorporar la experiencia y las mejores prácticas de una de las agencias más importantes del mundo. El CNA es hoy la herramienta central del Estado argentino para coordinar la prevención del terrorismo y el primero de estas características en América Latina», publicó el organismo.
Sin embargo, el posteo del FBI que la SIDE compartió con evidente orgullo describía la operación con otras coordenadas: «Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras. En Argentina, el Co-Director Adjunto del FBI Andrew Bailey se reunió con el Embajador de EE.UU. Peter Lamelas y altos líderes del Centro Nacional Antiterrorismo de Argentina para llevar la lucha a las redes terroristas y criminales en el extranjero», y agregó que el objetivo era detener las amenazas «antes de que lleguen al pueblo estadounidense». La diferencia no es semántica: donde la SIDE habla de proteger a la Argentina, el FBI habla de proteger a Estados Unidos usando suelo argentino como plataforma.
Ni la SIDE ni el Gobierno aclararon los términos, el alcance ni los límites de ese «vínculo histórico». El nuevo sitio web del organismo ofrece canales de contacto para consultas, pero al cierre de esta nota no había respondido ninguna de las preguntas enviadas al respecto.
San Martín, Milei y la contradicción del guerrero sin ejército
En el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, Milei retomó la narrativa de los enemigos externos para justificar, sin nombrarlo, el crecimiento del aparato de inteligencia. «Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses», sostuvo el Presidente. Y añadió: «El instrumento militar de nuestro país, encargado de hacerle frente a estas amenazas externas contra nuestras libertades, fue demonizado y desfinanciado».
La contradicción que el Presidente no señaló es que ese desfinanciamiento ocurre bajo su propia gestión: mientras el presupuesto de la SIDE creció un 841%, el del Ministerio de Defensa cayó incluso en términos nominales. La Argentina de Milei no fortalece sus fuerzas armadas; fortalece su aparato de espionaje, lo subordina a la SIDE de Auguadra y lo pone a trabajar en sintonía con los intereses del FBI. Esa distinción, nada menor, tampoco fue explicada en el discurso presidencial.
Puntos clave
- El presupuesto total de inteligencia estatal creció un 409% entre 2023 y 2026, 167 puntos por encima de la inflación acumulada (241,8%).
- La SIDE lideró ese crecimiento con un incremento del 841% y concentra $ 146.000 millones, casi la mitad del total.
- Una decisión administrativa de enero de 2026 exige que toda jurisdicción con partidas de inteligencia cuente con la conformidad de la SIDE para gastar o modificar su presupuesto.
- El FBI y la SIDE anunciaron una colaboración formal en agosto de 2026 a través del Centro Nacional Antiterrorismo; el organismo norteamericano describió el acuerdo como una herramienta para proteger a Estados Unidos, no a la Argentina.
- El Ministerio de Defensa es el único organismo de los diez con funciones de inteligencia que perdió recursos en términos nominales respecto de 2023.
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