La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia se reunió este martes a puertas cerradas en el Congreso y acordó citar al secretario de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, para fines de agosto. La sesión inaugural se realizó bajo la presidencia de Sebastián Pareja, el hombre de confianza de Karina Milei que desplazó al PRO del control del organismo en mayo pasado. El objetivo de la citación es que Auguadra explique una serie de hechos ocurridos bajo su conducción, comenzando por el DNU 941/2025: el decreto que reformuló la Ley de Inteligencia Nacional, le otorgó a los agentes de la SIDE facultades para aprehender personas y declaró de carácter encubierto la totalidad de sus actividades.

Un decreto que nunca respondió y que casi nadie apoyó

El DNU 941/2025 fue firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. Con 41 artículos, reorganizó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional: concentró la conducción estratégica en la SIDE, creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia y habilitó a los organismos del sistema a solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas. El artículo más cuestionado incorporó la facultad de que el personal de inteligencia «proceda a la aprehensión de personas» en casos de flagrancia o requerimiento judicial, sin contemplar ningún control judicial previo. El decreto también declaró que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto», transformando el secreto en regla y no en excepción.

Organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y especialistas en derecho constitucional coincidieron en que el decreto viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al habilitar detenciones sin orden judicial. La entonces comisión bicameral, encabezada por el senador Martín Lousteau, rechazó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la SIDE y cursó planteos escritos que Auguadra nunca respondió. Casi todas las fuerzas políticas, incluido el PRO de Mauricio Macri, emitieron comunicados críticos. Se presentaron decenas de recursos de amparo, que la Justicia rechazó al no encontrar amenazas concretas a las libertades individuales. El decreto nunca fue impugnado por el Congreso.

Desde Unión por la Patria, legisladores advirtieron que el decreto habilitaría incluso la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior: «Incluso el decreto habilitaría a las Fuerzas Armadas a intervenir. Queremos saber qué están haciendo», señalaron voceros del bloque. Cristian Auguadra fue designado al frente de la SIDE el 2 de diciembre de 2025, en reemplazo de Sergio Neiffert. El organismo es conducido en los hechos por el asesor presidencial Santiago Caputo, y la designación de Auguadra, hombre de estrecha relación con el padre de Caputo, no fue considerada casual por los analistas parlamentarios.

Pedidos de informes: la valija de espionaje y una designación no publicada

En la misma reunión, la comisión recibió dos pedidos de informes impulsados por legisladores de Unión por la Patria, firmados por los diputados Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi. El primero tiene vinculación directa con el escándalo del ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, aprehendido luego de que la Policía Federal allanara su departamento en el barrio porteño de Palermo Chico. En ese domicilio, los agentes secuestraron una valija de caja estanca con 19 dispositivos profesionales de espionaje, entre ellos cámaras y micrófonos ocultos en objetos cotidianos como anteojos, llaves de auto y lapiceras, un teléfono satelital Iridium 9555, un inhibidor de señal y un detector de radiofrecuencia capaz de localizar cámaras y rastreadores GPS. En ese mismo y otros domicilios de Leal, también se encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo y diversas drogas sintéticas.

Los diputados de Unión por la Patria subrayaron la gravedad institucional del hallazgo: «Un equipo de vigilancia encubierta no se acumula por casualidad ni por afición de coleccionista: se tiene para vigilar personas. La pregunta que esta Comisión no puede esquivar es elemental: ¿a quién se vigilaba, con qué información y para quién?», indicaron en la presentación. La pregunta cobra especial relevancia porque Leal fue funcionario de ambos gobiernos: presidió ARSAT entre 2022 y 2024 durante la gestión de Alberto Fernández, y en 2025 el gobierno de Milei lo designó al frente del ORSNA, cargo que ejerció hasta enero de este año. Su acceso a infraestructura crítica del Estado, que incluye redes de fibra óptica, capacidad satelital y centros de datos, hace que la tenencia de ese arsenal de espionaje resulte, según los legisladores, «un asunto que esta Comisión no puede esquivar».

Los diputados solicitaron que la comisión libre oficio al juez federal Lino Mirabelli para obtener copias certificadas de las constancias vinculadas al secuestro, peritaje e informe de los equipos encontrados. El segundo pedido de informes apunta a la presunta incorporación de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en reemplazo de Marcelo Romero. Los legisladores advirtieron que, a la fecha, esa designación no se encuentra formalizada mediante publicación en el Boletín Oficial, lo que implicaría una irregularidad en el procedimiento de nombramiento.

El control parlamentario que el Poder Ejecutivo evitó durante seis meses

La citación de Auguadra llega con medio año de demora. Desde que el DNU 941/2025 fue publicado en enero de 2026, la comisión bicameral recibió los cuestionamientos de casi todas las fuerzas políticas, presentó planteos por escrito y no obtuvo respuesta. Durante ese período, el organismo operó sin rendir cuentas al Congreso sobre sus nuevas atribuciones, sus fondos reservados ni la aplicación concreta del decreto. El escándalo de la valija de espionaje en poder de un ex funcionario que manejó infraestructura sensible del Estado obligó a que la agenda parlamentaria, por ahora controlada por el oficialismo a través de Pareja, incorpore el tema.

La pregunta de fondo que atraviesa ambos expedientes, el del DNU y el de Leal, es la misma: quién controla a los que controlan. El DNU 941/2025 construyó un sistema de inteligencia donde el secreto es la norma, las detenciones son posibles sin control judicial previo y los fondos reservados son auditados por el propio organismo auditado. En ese marco, la figura de un ex funcionario con una valija cargada de dispositivos de vigilancia profesional en su departamento plantea una pregunta que el Congreso, esta vez, no parece dispuesto a dejar sin respuesta.

Puntos clave

• La bicameral de Inteligencia, presidida por Sebastián Pareja, acordó citar al secretario Cristian Auguadra para fines de agosto, con el DNU 941/2025 como eje central del interrogatorio.
• El DNU 941/2025 habilitó a la SIDE a detener personas y declaró «encubiertas» todas las actividades del organismo; Auguadra nunca respondió los cuestionamientos de la comisión ni del Congreso.
• En el domicilio del ex titular de ARSAT y ORSNA Facundo Leal se secuestraron 19 dispositivos profesionales de espionaje, más de 2,5 millones de dólares en efectivo y drogas.
• Legisladores de Unión por la Patria presentaron dos pedidos de informes: uno sobre los equipos de espionaje de Leal y otro sobre una designación en la DNIC que no está publicada en el Boletín Oficial.
• El organismo operó seis meses sin rendir cuentas al Congreso sobre sus nuevas atribuciones, sus fondos reservados ni la aplicación concreta del decreto.