El ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires Adrián Grassi se negó hoy a declarar en la causa en la que se investiga el supuesto diseño de una estrategia ilegal para perjudicar a gremialistas de la construcción de la ciudad de La Plata, como Juan Pablo «Pata» Medna, pero entregó un escrito en el que reconoció haber visitado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para hablar de ese tema.

«Mis ingresos a la AFI fueron por cuestiones estrictamente laborales, se encontraban dentro de mis funciones intermediar entre los distintos actores de los procedimientos judiciales y debía interceder por las víctimas del accionar del sr. Medina», sostuvo el ex ministro del gobierno de María Eugenia Vidal en el descargo.

Grassi fue uno de los asistentes a la reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, de la que participaron otros miembros del gabinete de Vidal; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador provincial Juan Pablo Allan, empresarios platenses de la construcción y exintegrantes jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

«En mayo de 2017 fui contactado por un grupo de empresarios del rubro de la Construcción de la Ciudad de La Plata para poner en mi conocimiento situaciones conflictivas».

Un video de esa reunión, que ahora se investiga como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina y a otros dirigentes de la Uocra La Plata, llegó a la justicia a través de una presentación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien denunció haber encontrado el material audiovisual mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos del organismo.

Grassi entregó un escrito de 49 páginas en el que, como primera medida, cuestionó la competencia del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak para intervenir en este expediente: sostuvo que si se investiga un supuesto plan del que pudo participar el Gobierno nacional (entonces a cargo de Mauricio Macri) la causa debería tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. También pidió que se anule como prueba la grabación que dio origen a la investigación.

A la hora de refutar las pruebas en su contra -siempre por escrito-, el exsubsecretario de Justicia de Vidal señaló que tenía entre sus funciones la de ejercer de nexo con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y que intervino en temas relacionados al «Pata» Median siempre en su afán de velar por los derechos de los empresarios que decían ser víctimas de amenazas por parte del gremialista.

«En mayo de 2017 fui contactado por un grupo de empresarios del rubro de la Construcción de la Ciudad de La Plata para poner en mi conocimiento situaciones conflictivas que padecían por el accionar ilegítimo del señor Juan Pablo Medina, de la seccional de La Plata de la UOCRA», sostuvo Grassi en su descargo, quien luego agregó que esas situaciones atentaban contra emprendimientos que intentaban iniciarse.

«Mi consejo siempre fue el mismo: que se presenten ante la justicia a denunciar los hechos por los que resultaban damnificados para, de esa forma, abordar los mismos con las herramientas que el derecho brinda».

«Mi consejo siempre fue el mismo: que se presenten ante la justicia a denunciar los hechos por los que resultaban damnificados para, de esa forma, abordar los mismos con las herramientas que el derecho brinda y encontrar una solución definitiva», sostuvo Grassi que les dijo a los empresarios a los que, según surge del escrito, también les habló de la posibilidad de declarar como testigos de identidad reservada.

Al referirse a la reunión que se llevó a cabo en el Bapro, Grassi dijo que allí «no se cometió ningún delito ni se pergeñó un supuesto plan criminal ni nada que se le parezca», a la vez que afirmó que no estaba al tanto de que estaba siendo grabado.

El exfuncionario de Vidal también tuvo que dedicar una parte de su descargo a explicar sus ingresos a la AFI dado que forman parte de la imputación: en el expediente está acreditado que ingresó a la central de espías a reunirse con el exjefe de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien también estuvo en la reunión del Bapro, y que en una oportunidad asistió junto con Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de Vidal, también imputado.

«Haber concurrido a la Agencia Federal de Inteligencia de la Nación no constituye ilícito penal alguno», sostuvo Grassi en el inicio de su descargo sobre ese punto, y luego agregó: «Siempre consideré que los procedimientos llevados a cabo por miembros de la AFI contaban con la resolución judicial que los autorizaba. No tenía motivos para pensar que fueran a realizarse de otro modo».

Grassi está acusado de haber intervenido, durante el año 2017, en su carácter de subsecretario de justicia de la provincia de Buenos Aires, en el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional la Plata o de su Secretario General y allegados.

«Dicha estrategia de judicialización no se habría limitado a aportar o a favorecer el aporte de denuncias o elementos probatorios, o más genéricamente, a garantizar las condiciones necesarias para que el poder judicial cumpliera sus funciones originales sino que, operando simultáneamente en un segundo nivel, habría implicado la ejecución de diversas acciones ilícitas tendientes a garantizar un resultado predeterminado en esos procesos», reza la imputación en su contra.

Entre esas acciones, «se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes», sostienen los investigadores.

En la causa se investiga también si existieron presiones, sugerencias o negociaciones entre funcionarios de la AFI y o del gobierno provincial con autoridades judiciales y o del Ministerio Público Fiscal, que implicaron «violaciones a la normativa de orden procesal penal relacionada, al menos, con cuestiones de competencia».

Para mañana está citado a declarar el exministro de trabajo bonaerense, Villegas, el autor de la frase más resonante del video que dio inicio a esta causa: «Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».