El Juzgado Civil y Comercial N°16 de La Plata responsabilizó a una entidad bancaria por las fallas en sus sistemas de seguridad informática y ordenó indemnizar a una docente jubilada bonaerense que en 2020 fue víctima de una maniobra de phishing que vació sus cuentas. La sentencia incluyó además una multa de $5.000.000 en concepto de daño punitivo.

Una consulta por una red social que derivó en una maniobra de phishing

La damnificada, una docente jubilada de la provincia de Buenos Aires que cobraba sus haberes a través del Banco Provincia, intentó en 2020 consultar la renovación de un plazo fijo. Ante las dificultades para comunicarse telefónicamente con la entidad, recurrió a lo que creyó que era la página oficial del banco en Facebook.

Poco después recibió un llamado de una persona que se presentó como operadora de la entidad y comenzó a brindarle información vinculada a su cuenta bancaria, lo que le generó confianza. Según relató la mujer en la demanda, «el supuesto empleado conocía datos como su nombre, apellido, DNI, profesión y sucursal bancaria».

Tras varios intercambios telefónicos y por WhatsApp, los estafadores le indicaron que debía completar un supuesto trámite en un cajero automático para renovar el plazo fijo. Le pidieron ingresar determinados números, imprimir comprobantes y enviar fotografías de la información obtenida, y le aseguraron que debía esperar algunas horas para que la gestión quedara finalizada.

Un préstamo no autorizado y transferencias a terceros

Cuando más tarde ingresó a su home banking, la jubilada descubrió movimientos que nunca había autorizado: un préstamo por $264.000 y un adelanto de haberes por $9.000. Prácticamente todo ese dinero fue transferido a cuentas de terceros identificados en la causa como Agustín Fernández y Sergio Barrios, cada uno receptor de $100.000 y $44.000.

La mujer presentó una denuncia en la sucursal, pero diez meses después el banco rechazó su reclamo. La entidad argumentó que las operaciones se realizaron con las claves de acceso de la clienta, que el resguardo de esas credenciales es responsabilidad exclusiva del titular de la cuenta, y que la damnificada era usuaria habitual del home banking y había aceptado los términos y condiciones del servicio. Ante el rechazo, la jubilada recurrió a la Justicia.

La pericia informática y el fallo contra el banco

Durante el juicio, el Juzgado Civil y Comercial N°16 de La Plata tomó como prueba central una pericia informática que determinó que la maniobra se inició con un ataque de phishing, la modalidad de ciberestafa mediante la cual los delincuentes captan información sensible haciéndose pasar por una organización legítima. El informe técnico estableció además que, una vez obtenida la información de la víctima, el sistema del banco no activó mecanismos suficientes para detectar o bloquear las operaciones sospechosas, y señaló deficiencias en los mecanismos de monitoreo de la entidad, en particular frente al crecimiento de este tipo de delitos durante la pandemia.

Con ese sustento el juzgado declaró la nulidad de las operaciones, ordenó la devolución del dinero descontado a la víctima y aplicó una multa de $5.000.000 en concepto de daño punitivo. «Los bancos jamás han hecho las inversiones para estar a la altura», sostuvo el abogado de la jubilada, Marcelo Szelagowski, tras conocerse el fallo.

Un problema que crece en todo el sistema financiero

El caso no es aislado. En enero de 2025, la Justicia de Bariloche condenó a otra entidad bancaria por un esquema de phishing prácticamente idéntico, en el que una clienta perdió el control de su cuenta tras una operación de venta por Facebook, según un relevamiento de fallos judiciales difundido por el Gobierno porteño. Ese mismo relevamiento ubica como norma de referencia la Comunicación «A» 7319 del BCRA, que obliga a las entidades a verificar la identidad de los clientes antes de otorgar préstamos por canales digitales.

Las denuncias por ciberdelitos financieros aumentan de forma sostenida. De acuerdo con datos de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, los reclamos vinculados a estafas virtuales pasaron de 446 en 2023 a 672 en 2024, un incremento del 43%, con las cajas de ahorro, las cuentas corrientes y las tarjetas de crédito entre los rubros más afectados. A nivel nacional, según relevó Chequeado, en 2024 se registraron más de 34.000 denuncias por delitos informáticos en la Argentina, un 21,1% más que el año anterior, con el phishing y la usurpación de identidad entre las modalidades más frecuentes.

Frente a ese panorama, fallos como el de La Plata reafirman un criterio judicial cada vez más firme: la obligación de seguridad que pesa sobre las entidades financieras, con base en la Ley de Defensa del Consumidor y en la Constitución Nacional, no se agota en la entrega de una clave al usuario, sino que exige sistemas capaces de detectar y frenar maniobras fraudulentas antes de que el daño se concrete.

Puntos clave

• El Juzgado Civil y Comercial N°16 de La Plata condenó a un banco a indemnizar a una jubilada y a pagar $5.000.000 de daño punitivo.
• La maniobra comenzó con un contacto a través de una página apócrifa en Facebook y continuó con phishing telefónico y por WhatsApp.
• Los estafadores gestionaron un préstamo de $264.000 y un adelanto de haberes de $9.000, transferidos a cuentas de terceros.
• La pericia informática determinó que el banco no contaba con mecanismos suficientes para detectar las operaciones fraudulentas.
• Los reclamos por ciberestafas bancarias en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 43% entre 2023 y 2024.