Investigación 🔎
El juez Rafecas profundizó la causa contra Francisco Adorni con nuevas medidas de prueba
El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas diligencias en la investigación por enriquecimiento ilícito y falsificación de declaraciones juradas contra el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, hermano del ex jefe de Gabinete. La Cámara Federal unificó además en Comodoro Py una segunda causa vinculada al IAF y al IOSFA.
La causa contra Francisco Adorni, diputado bonaerense por La Libertad Avanza y hermano del ex jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni, entró en una nueva fase. El juez federal Daniel Rafecas, que subrogó el Juzgado Federal N° 6 en el que tramita la investigación impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, ordenó una serie de medidas de prueba orientadas a acreditar la legitimidad del incremento patrimonial del legislador antes de resolver si hace lugar al pedido de declaración indagatoria.
Entre las diligencias dispuestas, el magistrado cursó un pedido de informe al Banco Provincia para obtener el detalle completo de todos los pagos realizados entre 2024 y 2026 en concepto de cancelación de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos. Asimismo, requirió a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el envío oficial de la última declaración jurada presentada por Adorni en su condición de legislador provincial, y libró oficios al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense para verificar titularidad, valuación y condiciones de incorporación al patrimonio de dos propiedades específicas que figuran en el expediente.
La herencia cuestionada y la pericia en el origen de los fondos
Una de las líneas centrales de la investigación apunta a una rectificación de la declaración jurada en la que Adorni incorporó 21 millones de pesos que atribuyó a una herencia de su padre fallecido. La Justicia busca determinar la veracidad y el origen de esa suma, que fue incluida de manera retroactiva una vez que la causa judicial tomó estado público. Según consignó el fiscal Marijuán en su dictamen, los montos declarados por Francisco Adorni respecto de esa sucesión no son coincidentes con el informe de bienes patrimoniales expuesto por su hermano Manuel Adorni, una inconsistencia que la instrucción ahora se propone esclarecer.
El fiscal no solo acusó a Adorni de omisión maliciosa de documento público, sino que lo señaló de haber ocultado de forma deliberada cuentas bancarias y bienes. Para sustentar ese señalamiento, Marijuán destacó que, por su profesión de perito contador y por sus funciones previas en el Consejo de la Magistratura provincial, el diputado conocía sobradamente la confección y el alcance de las declaraciones juradas obligatorias.
La Cámara Federal unificó la causa del IAF y el IOSFA en Comodoro Py
En paralelo, la Cámara Federal dispuso la unificación en los tribunales de Comodoro Py de una segunda causa abierta contra Francisco Adorni, vinculada a presuntas irregularidades en un préstamo de 40.000 millones de pesos relacionado con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La acumulación de ambas investigaciones en el mismo fuero consolida el cuadro procesal que enfrenta el legislador libertario, cuya trayectoria dentro del Estado nacional incluyó funciones en ambos organismos durante el período comprendido entre febrero de 2024 y enero de 2026.
La investigación sobre Francisco Adorni se desarrolla en forma paralela a la que tramita ante el juez Ariel Lijo contra su hermano Manuel, ex jefe de Gabinete, cuyo patrimonio bajo sospecha supera los 840.000 dólares según los datos que obran en esa causa. La diputada nacional Marcela Pagano fue quien presentó la denuncia original que dio origen a la causa contra Francisco, y también solicitó en el expediente de Manuel la detención por presunto entorpecimiento de la justicia. En los dos frentes, la figura de la familia Adorni ocupa un lugar central en las investigaciones judiciales que comprometen al núcleo duro del gobierno de Javier Milei.
Puntos clave
- El juez Rafecas ordenó informes al Banco Provincia sobre pagos de un crédito hipotecario de $60 millones y oficios al Registro de la Propiedad sobre dos inmuebles.
- La Legislatura bonaerense fue requerida para enviar la última declaración jurada del diputado.
- Marijuán acusó a Adorni de omisión maliciosa y ocultamiento de cuentas, y señaló que por su profesión conocía las obligaciones declarativas.
- 21 millones de pesos atribuidos a una herencia paterna no coinciden con el patrimonio declarado por su hermano Manuel Adorni.
- La Cámara Federal unificó en Comodoro Py una segunda causa por un préstamo de $40.000 millones vinculado al IAF y al IOSFA.
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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA
Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.
La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
El juzgado que querían los acusados
La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.
El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.
Por qué la causa es porteña
El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.
La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.
Un regreso con fecha de vencimiento
Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.
Lo que tenés que saber
- La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
- Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
- El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
- La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
- Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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