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Lawfare

Asambleas, tomas y reclamos: los estudiantes secundarios también responden al fallo de la Corte

Centros de estudiantes del Nacional Buenos Aires, el Pellegrini y otras ocho escuelas porteñas votaron en asamblea la toma de los establecimientos. Este jueves decidirán cómo continúa la medida.

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La reacción al fallo de la Corte Suprema que confirmó la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner llegó también a las escuelas. Diez instituciones educativas porteñas, entre ellas el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, decidieron tomar sus edificios en señal de repudio.

“Entendemos que es una causa injusta”, sostuvo León Vieito, presidente del centro de estudiantes del Nacional, tras la asamblea en la que se resolvió la medida.

La protesta fue impulsada luego de una concentración intercolegial y está prevista una nueva asamblea este jueves por la tarde para evaluar si la toma continúa o si se adoptan otras formas de manifestación.

Las tomas, en el marco de una respuesta política y social

El fallo del máximo tribunal, que ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fue calificado por amplios sectores del campo popular como un nuevo episodio de lawfare. La reacción estudiantil se suma a otras expresiones de solidaridad que se multiplicaron en las últimas horas.

El respaldo de las universidades y el Senado

Poco antes de que se conociera la sentencia, la propia Cristina Kirchner instruyó a los senadores de Unión por la Patria a priorizar la discusión de proyectos clave: jubilaciones, discapacidad y financiamiento del Hospital Garrahan.

En paralelo, rectores y vicerrectores de universidades públicas de todo el país emitieron un comunicado en apoyo a la expresidenta, afirmando que “hoy nuestro país es menos justo”.

Judiciales ⚖️

El naufragio de los cuadernos: un video editado expone las grietas del armado judicial contra CFK

El Tribunal Oral Federal 7 aceptó un material audiovisual donde el «arrepentido» Oscar Centeno admite ante la justicia española que no conoce a los empresarios ni vio entregas de dinero; lo que debilita aún más una causa viciada por irregularidades y tachaduras.

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​★ En una jornada que dejó al desnudo la fragilidad del andamiaje probatorio construido en los tribunales de Comodoro Py; el Tribunal Oral Federal N°7 permitió la reproducción de un video editado que compromete seriamente la acusación central del juicio. El empresario Juan Carlos De Goycochea, exdirectivo de Isolux; fue quien encabezó la sesión del pasado jueves al exhibir una declaración de Oscar Centeno ante la justicia de España que contradice los pilares del expediente local.

​Una audiencia bajo control de la defensa

​La dinámica en la sala Auditorium resultó inédita. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli autorizaron la proyección del material a pesar de la fuerte oposición de la fiscal Fabiana León. La funcionaria judicial argumentó que el tribunal desconocía la cadena de custodia del video y que su reproducción forzaba la voluntad del exchofer; quien ya manifestó su decisión de no declarar en el debate argentino.

​A pesar de las advertencias sobre la falta de certeza sobre el origen del material; los magistrados hicieron lugar al pedido de la defensa. Este hecho se suma a la larga lista de anomalías de una causa que se sostiene sobre cuadernos que el propio Centeno dijo haber quemado; pero que luego aparecieron parcialmente en manos de un periodista; con claras evidencias de adulteraciones, sobreescrituras y tachaduras confirmadas por peritajes calificados.

​Las confesiones de Centeno en el exterior

​El contenido del video; correspondiente a una teleconferencia en un proceso vinculado a la firma Isolux Corsán en Madrid; dinamitó la narrativa de la fiscalía. Ante las preguntas de los funcionarios españoles; Centeno fue categórico al afirmar que no conocía a los directivos de la empresa ni sabía de la existencia de una matriz en España. «No conozco a nadie», sentenció el testigo clave cuando le consultaron por los interlocutores de la firma.

​El golpe de gracia a la acusación llegó cuando le preguntaron sobre las supuestas entregas de fondos entre 2011 y 2014. «Tampoco lo sé», respondió Centeno; para luego rematar asegurando que no le constaba que ningún responsable de la empresa hubiera entregado dinero a funcionarios públicos. Estas declaraciones contrastan con las anotaciones de los cuadernos; donde el propio Centeno vinculó a la compañía con licitaciones de la central termoeléctrica de Río Turbio. Al respecto; admitió en España que escribió esos datos basándose en comentarios de terceros y no en una percepción directa.

​El fantasma del Lawfare y las pruebas viciadas

​Este episodio refuerza la tesis de las defensas; especialmente la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; sobre la existencia de una persecución judicial coordinada por el denominado Partido Judicial. La causa Cuadernos acumuló desde su inicio cuestionamientos por la utilización de la Ley de Arrepentidos bajo presunta coacción y la falta de grabaciones de las declaraciones testimoniales durante la instrucción del fallecido juez Claudio Bonadio.

​La justicia española ya descartó en 2022 los cargos contra directivos de Isolux al considerar que las pruebas; basadas en los mismos cuadernos y el testimonio de Centeno; eran insuficientes. Ahora; el TOF 7 enfrenta el desafío de sostener un juicio con 87 imputados mientras su prueba estrella admite bajo juramento en el extranjero que el relato incriminatorio carece de sustento fáctico.

Puntos clave:

  • ​El TOF 7 aceptó un video de Centeno declarando en España donde niega conocer a empresarios de Isolux.
  • ​La declaración desmiente las anotaciones de los cuadernos sobre presuntas coimas de esa firma.
  • ​La fiscalía se opuso a la prueba por desconocerse su cadena de custodia y ser un material editado.
  • ​El antecedente de la justicia española ya desestimó estas pruebas por considerarlas débiles.
  • ​El juicio continúa en medio de denuncias por adulteración de documentos y falta de garantías procesales. ★
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