Dalma y Gianinna Maradona solicitaron por tercera vez la indagatoria de Matías Morla, ex apoderado de su fallecido padre, en el marco de la causa que tramita en la justicia de La Plata donde el penalista está acusado de haberse aprovechado de Diego Maradona para quedarse con sus marcas y bienes, y pidieron que en caso de que vuelva a faltar a una citación se dicte su captura internacional, informaron hoy fuentes judiciales.

El escrito fue presentado por el abogado Federico Guntin, representante de las hijas del «10», ante la fiscal María Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata.

En el pedido, el abogado solicitó que «se designe nueva audiencia» para una indagatoria, exigió «presencialidad» por parte del imputado, que «constituya real domicilio en la Argentina» –ya que Morla estaría radicado en España-, y subsidiariamente reclamó su «captura internacional y detención».

Guntin afirmó que nota en esta causa «un deliberado mecanismo de evasión de la Justicia Platense» y al referirse a Morla, subraya: «Se estarían llevando sin temor a equivocarnos, maniobras absolutamente evasivas, para no comparecer a los estrados judiciales bonaerenses».

Para el abogado de Dalma y Gianinna, existen «sobrados elementos de prueba documental e indicios vehementes qué justificarían tal medida (la indagatoria) en razón de su posible participación en la comisión a los delitos de acción pública qué se le endilgan, hechos delictivos producidos y ejecutados contra la persona de quién fuere en vida Diego Armando Maradona, en la localidad de Brandsen jurisdicción del Departamento Judicial de La Plata».

El abogado recordó que Morla no se presentó ya en dos oportunidades a la indagatoria dispuesta por la fiscalía, tanto el 22 de marzo como el 9 de mayo pasados, de manera «injustificada» y que se advierten «un sin fin de maniobras obstructivas, dilatorias y evasivas tal vez a la espera milagrosa de un cambio de jurisdicción».

En otro de los párrafos, el letrado remarcó que advierte en Morla una «no intención de regresar al país» y, por ello, le pide a la fiscal Corfield que ordené mediante un oficio a Interpol Argentina «la búsqueda y paradero del mismo, dado que se encontraría radicado temporalmente en algún lugar de Europa (entendemos que podría ser en España)» y que cumplimentada dicha diligencia «ordene y disponga su inmediata detención» para su comparecencia a la indagatoria.

«No es un dato menor recordar que el Dr. Morla tendría sobrada solvencia económicofinanciera para profugarse, como así también (como se habría probado en la Jurisdicción de San Isidro) tiene la posibilidad de injerencia sobre otros imputados y/o testigos, que fueron del algún modo ‘dependientes’, ‘empleados’ y/o socios suyos estos últimos años», agrega el planteo.

Luego el Guntin enumeró los delitos por los que Morla podría ser penalmente responsable: «reducción a la servidumbre, defraudación por circunvención de incapaz» y «desobediencia», en relación a la causa de La Plata; y «prevaricato» y «estafa procesal», en la causa principal por el homicidio de Maradona que tramita en San Isidro.

También mencionó la causa por «defraudación por administración fraudulenta» que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 43.

«Nuestro propio ordenamiento formal autoriza a restringir la libertad de una persona, en los límites absolutamente indispensables, para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley», argumenta Guntin y luego sugiere que en caso de que Morla se presente, se le impongan como medidas de conducta que entregue su pasaporte, que constituya domicilio de donde no se ausente sin autorización judicial y que comparezca al Tribunal de manera presencial una vez por mes.

Esta causa –que la defensa Morla con un planteo aún no resuelto intenta llevar a los tribunales federales de Comodoro Py-, se inició en el ámbito de la justicia platense porque los hechos denunciados ocurrieron cuando Maradona vivía en el country Campos de Roca de la localidad de Brandsen, jurisdicción de ese departamento judicial.

Además de Morla, los otros ocho imputados son el también abogado Víctor Stinfale, Christian Maximiliano Pomargo (cuñado del abogado y asistente personal de Maradona), Vanesa Patricia Morla (hermana del abogado), Maximiliano Trimarchi (chofer de Maradona), Sergio Garmendia (secretario de Maradona), Carlos Orlando «Charly» Ibáñez (asistente de Maradona), Stefano Ceci (empresario italiano) y Sandra Iampolsky (escribana).

Al describir la imputación en su llamado a indagatoria para todos ellos, la fiscal Corfield señaló que «desde al menos finales del mes de julio del año 2020 y hasta principios del mes de noviembre del mismo año», todos esos acusados «redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona».

Afirmó que todos ellos le restringieron a Maradona «el contacto con familiares, amigos y allegados, tanto en forma personal como telefónica, suministrándole alcohol, fármacos y marihuana, y manipulándolo psicológicamente con distintos artilugios, con el propósito de mantenerlo bajo su poder, para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura».

La fiscal acusó a Morla y Stinfale de ser los «organizadores del plan», de poner alrededor de Maradona a «personas que respondían a sus intereses», de haberle suministrado al exjugador drogas, alcohol y fármacos «para mantenerlo en estado de confusión mental» y, así, entre otras maniobras, haberle hecho firmar un contrato con cesión de la explotación económica de sus derechos de imagen a la firma Sattvica, conformada por el propio apoderado de la víctima y por su cuñado Pomargo.