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Denuncia

Causa Vicentin: tecnicismos y cajoneos

El concurso preventivo de la polémica agroexportadora cuenta con 1500 millones de dólares en danza.

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El procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dictaminó hoy que “no procede el avocamiento” -similar a la figura del per saltum- del máximo tribunal provincial en el expediente por el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, aunque establece una serie de controles institucionales externos sobre el juez civil y comercial de la causa, informaron fuentes judiciales.

El dictamen del procurador no es vinculante, pero es el paso previo necesario a la resolución que adopte la Corte santafesina sobre el controvertido concurso de Vicentin, por unos U$S1.500 millones.

El avocamiento fue solicitado por una empresa del Grupo Grassi, acreedora de Vicentin, al considerar que existieron una serie de “inconductas procesales” y arbitrariedades durante el proceso por parte de juez, Fabián Lorenzini.

El presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto por el cual le sacó el expediente a Lorenzini por vía del avocamiento y suspendió los plazos procesales, por lo que la oferta de pago que Vicentin presentó en el concurso quedó frenada.

En su dictamen, Barraguirre opinó que “la pretensión en los términos en los que fue formulada, resulta asimilable al supuesto de per saltum no existente en nuestra provincia”.

“Finalmente y, aún en ausencia de previsión legal, el contenido de las aseveraciones efectuadas por el solicitante, las que me llevan a concluir que la gravedad institucional no ha sido demostrada”, abundó el procurador, para rechazar el remedio propuesto por el presidente de la Corte a instancias de un acreedor.

Pero en forma paralela a esa posición, que le devuelve el expediente al juez natural, Barraguirre sugirió en su dictamen establecer una serie de medidas de control externo del concurso.

Entre ellas, el procurador planteó la intervención de la comisión legislativa del seguimiento del caso de Vicentin y la de un fiscal extra penal.

En Santa Fe solo hay tres en toda la provincia, precisaron fuentes judiciales.

En el dictamen de 52 páginas, Barraguirre también puso el acento en la controvertida propuesta de pago -llamada acuerdo concordatario- de Vicentin a sus acreedores.

“Un cuidado fundamental está dado en relación a la propuesta de pago: tal como está formulada, podría implicar la violación del principio de igualdad de trato en tanto un sinnúmero de acreedores parecerían obtener el pago del ciento por ciento de su acreencia mientras que otros obtendrían un porcentaje notoriamente inferior”, advirtió el dictamen.

Un grupo de acreedores cuestionó precisamente el acuerdo presentado por la firma en cesación de pagos, al considerar que es “abusivo” porque para quienes tienen un mayor monto de créditos la propuesta implica la cancelación de un 20%.

Además, la propuesta presentada por Vicentin al juez Lorenzini implica -para poder hacerse efectiva- la venta del 16% de las acciones que aún conserva en la planta de Renova a su socia en esa misma empresa, Viterra Argentina, exGlencore.

Pero existen dos medidas cautelares, dispuestas por jueces penales que investigan un presunto fraude por U$S500 millones por parte de los directivos de Vicentin durante el proceso de default de la agroexportadora, que impiden la venta de esas acciones.

El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, miembros de la comisión legislativa que sigue el concurso, dijo hoy que “el reciente dictamen del procurador Barraguirre rechaza la supuesta propuesta del grupo empresarial y deja abierto el terreno para que una vez más el Gobierno nacional tome cartas en el asunto”.

“Recuperar Vicentin para el pueblo argentino no es una posibilidad, es una necesidad existencial colectiva”, sostuvo el diputado.

Además, señaló que “la gran estafa de Vicentin debe ser pagada por quienes la perpetraron. Los directivos ya varias veces procesados como también los cómplices que tuvieron en el Banco Nación y en el Central, con el total conocimiento del ex presidente Mauricio Macri”.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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