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Denuncia

Causa Vicentin: tecnicismos y cajoneos

El concurso preventivo de la polémica agroexportadora cuenta con 1500 millones de dólares en danza.

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El procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dictaminó hoy que “no procede el avocamiento” -similar a la figura del per saltum- del máximo tribunal provincial en el expediente por el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, aunque establece una serie de controles institucionales externos sobre el juez civil y comercial de la causa, informaron fuentes judiciales.

El dictamen del procurador no es vinculante, pero es el paso previo necesario a la resolución que adopte la Corte santafesina sobre el controvertido concurso de Vicentin, por unos U$S1.500 millones.

El avocamiento fue solicitado por una empresa del Grupo Grassi, acreedora de Vicentin, al considerar que existieron una serie de “inconductas procesales” y arbitrariedades durante el proceso por parte de juez, Fabián Lorenzini.

El presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto por el cual le sacó el expediente a Lorenzini por vía del avocamiento y suspendió los plazos procesales, por lo que la oferta de pago que Vicentin presentó en el concurso quedó frenada.

En su dictamen, Barraguirre opinó que “la pretensión en los términos en los que fue formulada, resulta asimilable al supuesto de per saltum no existente en nuestra provincia”.

“Finalmente y, aún en ausencia de previsión legal, el contenido de las aseveraciones efectuadas por el solicitante, las que me llevan a concluir que la gravedad institucional no ha sido demostrada”, abundó el procurador, para rechazar el remedio propuesto por el presidente de la Corte a instancias de un acreedor.

Pero en forma paralela a esa posición, que le devuelve el expediente al juez natural, Barraguirre sugirió en su dictamen establecer una serie de medidas de control externo del concurso.

Entre ellas, el procurador planteó la intervención de la comisión legislativa del seguimiento del caso de Vicentin y la de un fiscal extra penal.

En Santa Fe solo hay tres en toda la provincia, precisaron fuentes judiciales.

En el dictamen de 52 páginas, Barraguirre también puso el acento en la controvertida propuesta de pago -llamada acuerdo concordatario- de Vicentin a sus acreedores.

“Un cuidado fundamental está dado en relación a la propuesta de pago: tal como está formulada, podría implicar la violación del principio de igualdad de trato en tanto un sinnúmero de acreedores parecerían obtener el pago del ciento por ciento de su acreencia mientras que otros obtendrían un porcentaje notoriamente inferior”, advirtió el dictamen.

Un grupo de acreedores cuestionó precisamente el acuerdo presentado por la firma en cesación de pagos, al considerar que es “abusivo” porque para quienes tienen un mayor monto de créditos la propuesta implica la cancelación de un 20%.

Además, la propuesta presentada por Vicentin al juez Lorenzini implica -para poder hacerse efectiva- la venta del 16% de las acciones que aún conserva en la planta de Renova a su socia en esa misma empresa, Viterra Argentina, exGlencore.

Pero existen dos medidas cautelares, dispuestas por jueces penales que investigan un presunto fraude por U$S500 millones por parte de los directivos de Vicentin durante el proceso de default de la agroexportadora, que impiden la venta de esas acciones.

El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, miembros de la comisión legislativa que sigue el concurso, dijo hoy que “el reciente dictamen del procurador Barraguirre rechaza la supuesta propuesta del grupo empresarial y deja abierto el terreno para que una vez más el Gobierno nacional tome cartas en el asunto”.

“Recuperar Vicentin para el pueblo argentino no es una posibilidad, es una necesidad existencial colectiva”, sostuvo el diputado.

Además, señaló que “la gran estafa de Vicentin debe ser pagada por quienes la perpetraron. Los directivos ya varias veces procesados como también los cómplices que tuvieron en el Banco Nación y en el Central, con el total conocimiento del ex presidente Mauricio Macri”.

Denuncia

Caso Urribarri: Burlando avanza con el jury contra el procurador General de Entre Ríos

El abogado del ex gobernador entrerriano anunció la presentación de la medida contra el procurador Jorge Amílcar Luciano García. Además, anticipó que denunciará a otros miembros de la Justicia provincial por irregularidades en la causa y a un medio de comunicación por operar contra el ex mandatario.

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El Argentino Diario-Sergio Urribarri-Fernando Burlando.

El exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Israel, Sergio Urribarri, solicitó jury de enjuiciamiento contra el procurador General de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y anticipó que denunciará a otros miembros de la Justicia y a un medio de comunicación.

Su abogado, Fernando Burlando, presentó este viernes un pedido de jury contra el procurador General de la Provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar Luciano García, en el que solicitó su suspensión y posterior destitución por “graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones”.

Burlando había anticipado la medida contra el procurador, tras confirmar que la condena a Uribarri de 8 años de prisión, por supuestos delitos de corrupción, sería apelada ante la Corte Suprema de la Nación.

En ese momento, el abogado denunció también la existencia de un «entramado judicial-periodístico» contra Urribarri y señaló «inconsistencias» en la causa. Además, apuntó contra el medio de comunicación Análisis y su titular, Daniel Enz, por operar en el armado de la causa.

Según Burlando, el caso contra Urribarri se basó en la publicación de «pseudo notas periodísticas» contra el ex mandatario provincial, y denunció que Enz fue beneficiado por la justicia entrerriana en una causa vinculada a casos de abuso sexual infantil, que fue archivada en 2018.

Otro de los abogados de Urribarri, Javier Baños, cuestionó la imparcialidad de los jueces y fiscales que intervinieron en la causa. Afirmó que la condena fue firmada por la cuñada del juez de primera instancia y que las otras dos juezas «están casadas con un declarado enemigo público» del exgobernador.

La semana pasada también señaló que el procurador general de Entre Ríos, ahora denunciado, “concentró todo el poder” a la hora de investigar los delitos políticamente más sensibles “en unas muy pocas personas”.

Urribarri ya había denunciado en el juicio, que su caso era producto de «maniobras judiciales vinculadas con el macrismo». También había apuntado contra Enz, acusándolo de ser parte de una «pata mediática» de la «Gestapo macrista» en Entre Ríos.

Puntos clave del caso Urribarri

  • Jury contra el procurador general Jorge García: Lo acusan de «un entramado judicial-periodístico perpetrado en contra de Sergio Urribarri».
  • Jorge García habría seleccionado a los fiscales que actuaron en el juicio y su cuñada es una de las juezas que lo confirmó en segunda instancia.
  • Otros fiscales y jueces: No se dieron nombres, pero los abogados de Urribarri aseguran que hubo «arbitrariedades e irregularidades» en el proceso judicial.
  • Una jueza: Se la acusa de ser pareja del procurador general y de haber confirmado la condena en segunda instancia.
  • Otra jueza: Se la acusa de estar casada con un «enemigo público» de Urribarri y de haber rechazado las recusaciones por parcialidad.

Las denuncias contra el medio de comunicación Análisis

  • Al medio Análisis se lo acusa de haber operado contra Urribarri con «pseudo notas periodísticas» antes de que se iniciaran las investigaciones en su contra.
  • Daniel Enz, director de Análisis: Burlando reveló que fue denunciado por «reproducir imágenes pornográficas infantiles». Sin embargo, fue favorecido por la Fiscalía, que archivó la causa en 2018.

Las «inconsistencias» en la causa contra Urribarri

  • Los abogados de Urribarri afirman que se violó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
  • Denuncian «temor de parcialidad» por los vínculos de algunos jueces y fiscales con el caso.
  • Aseguran que uno de los fiscales no tenía jurisdicción para actuar en la causa.
  • Sostienen que una de las fiscales no tenía pruebas, ni testigos, ni documentos para acusar a Urribarri.
  • Otra fiscal que participó de la acusación fue desplazada de su cargo por «graves irregularidades» y «actos de corrupción».

Las acusaciones de la defensa de Urribarri

  • Ya en el juicio de 2022, Urribarri había denunciado «maniobras judiciales vinculadas con el macrismo».
  • Apuntó contra el periodista Daniel Enz, acusándolo de ser «un manifiesto antikirchnerista» y de haber actuado como «jugador político» con intereses claros.
  • También criticó a algunos fiscales y jueces, acusándolos de actuar con «arbitrariedad» y de no respetar «procedimientos, normas y garantías».

Próximos pasos

  • Los abogados de Urribarri apelarán la condena ante la Corte Suprema de Justicia.
  • Presentar denuncia contra el medio de comunicación Análisis y su director, Daniel Enz, por el armado de la pata mediática de la causa.
  • Avanzar con el jury de enjuiciamiento contra el procurador General de Entre Ríos y otros pedidos de juicio político contra el entramado judicial.

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