★ Andrés Gil Domínguez, abogado de Ian Moche en la causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afirmó este miércoles que en la Justicia argentina «hay una doble vara» para los hechos de corrupción, y sostuvo que este caso debería avanzar «con otra celeridad».

El letrado se refirió al avance de la investigación que involucra al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo y a otros funcionarios, además de laboratorios que habrían pagado «retornos» para obtener abultados contratos con el organismo en el marco del programa Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), destinado a financiar tratamientos prolongados y medicamentos de altísimo valor para enfermedades poco frecuentes.

«Robar a los más vulnerables demuestra una gran perversidad»

En declaraciones al programa «Sin corbata» que se emite por Splendid AM 990, Gil Domínguez señaló: «Robarles a esas personas que son las más vulnerables y que necesitan una protección especial, no agrava el tipo penal en sí mismo, pero demuestra una gran perversidad».

El abogado subrayó que «las personas con discapacidad tienen una protección especial en la Constitución. Hay un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional que protege especialmente a las personas con discapacidad». Esta referencia alude a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU y ratificada por Argentina con jerarquía constitucional mediante la Ley 27.044.

La comparación con la Causa Vialidad

Gil Domínguez estableció una comparación directa con el estándar probatorio aplicado en casos anteriores de corrupción. «Si se aplicara el estándar que desarrolló la Justicia en fallos anteriores, y que convalidó la Corte Suprema como en la Causa Vialidad, en cuanto a que sin que exista ninguna conexión directa, por mero indicio de que no podían no saber, el Gobierno debería someterse a un proceso para ser condenado penalmente», recalcó.

La Causa Vialidad, que concluyó con la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentó un precedente sobre la responsabilidad de funcionarios de alto rango en esquemas de corrupción, incluso sin prueba directa de su participación activa.

El abogado pidió que «ese estándar se aplique para todos», y puntualizó que con la Causa Vialidad se dijo que la Justicia ponía «la vara alta», pero aclaró que en su opinión «es que hay una vara doble» según el caso que se analice.

El contexto de la causa ANDIS

La investigación en curso involucra a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS; al empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como operador central del esquema; y a funcionarios como Pablo Atchabahian, Daniel María Garbellini y otros imputados. También quedó involucrada Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, quien renunció a su cargo en el Ministerio de Economía tras el hallazgo de US$700.000 en efectivo en su departamento durante un allanamiento.

Los chats peritados por la Justicia revelan conversaciones sobre comisiones del «3%» que, según los investigadores, llegarían hasta figuras de la cúpula del Gobierno libertario. En Casa Rosada, sin embargo, desestiman las acusaciones y tildan a Spagnuolo de «cuentapropista».

El reclamo de Gil Domínguez por mayor celeridad y la aplicación de estándares uniformes en la investigación suma presión a una causa que expone la vulnerabilidad de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad: las personas con discapacidad que dependen del Estado para acceder a tratamientos y medicamentos esenciales.

Puntos clave:

• Andrés Gil Domínguez afirmó que hay «doble vara» en la Justicia argentina para investigar hechos de corrupción
• El abogado pidió que se aplique el mismo estándar probatorio utilizado en la Causa Vialidad
• Sostuvo que robar a personas con discapacidad «demuestra una gran perversidad» aunque no agrave el tipo penal
• Reclamó mayor celeridad en la investigación de la causa ANDIS
• La causa investiga presuntas coimas y retornos pagados por laboratorios a funcionarios de ANDIS