Denuncia
Abogado de Ian Moche denuncia “doble vara” judicial en caso ANDIS y pide celeridad en la investigación
Andrés Gil Domínguez sostuvo que robar a personas con discapacidad «demuestra una gran perversidad». Comparó el estándar aplicado en la Causa Vialidad y pidió que se utilice el mismo criterio para investigar al Gobierno libertario.
★ Andrés Gil Domínguez, abogado de Ian Moche en la causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afirmó este miércoles que en la Justicia argentina «hay una doble vara» para los hechos de corrupción, y sostuvo que este caso debería avanzar «con otra celeridad».
El letrado se refirió al avance de la investigación que involucra al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo y a otros funcionarios, además de laboratorios que habrían pagado «retornos» para obtener abultados contratos con el organismo en el marco del programa Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), destinado a financiar tratamientos prolongados y medicamentos de altísimo valor para enfermedades poco frecuentes.
«Robar a los más vulnerables demuestra una gran perversidad»
En declaraciones al programa «Sin corbata» que se emite por Splendid AM 990, Gil Domínguez señaló: «Robarles a esas personas que son las más vulnerables y que necesitan una protección especial, no agrava el tipo penal en sí mismo, pero demuestra una gran perversidad».
El abogado subrayó que «las personas con discapacidad tienen una protección especial en la Constitución. Hay un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional que protege especialmente a las personas con discapacidad». Esta referencia alude a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU y ratificada por Argentina con jerarquía constitucional mediante la Ley 27.044.
La comparación con la Causa Vialidad
Gil Domínguez estableció una comparación directa con el estándar probatorio aplicado en casos anteriores de corrupción. «Si se aplicara el estándar que desarrolló la Justicia en fallos anteriores, y que convalidó la Corte Suprema como en la Causa Vialidad, en cuanto a que sin que exista ninguna conexión directa, por mero indicio de que no podían no saber, el Gobierno debería someterse a un proceso para ser condenado penalmente», recalcó.
La Causa Vialidad, que concluyó con la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentó un precedente sobre la responsabilidad de funcionarios de alto rango en esquemas de corrupción, incluso sin prueba directa de su participación activa.
El abogado pidió que «ese estándar se aplique para todos», y puntualizó que con la Causa Vialidad se dijo que la Justicia ponía «la vara alta», pero aclaró que en su opinión «es que hay una vara doble» según el caso que se analice.
El contexto de la causa ANDIS
La investigación en curso involucra a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS; al empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como operador central del esquema; y a funcionarios como Pablo Atchabahian, Daniel María Garbellini y otros imputados. También quedó involucrada Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, quien renunció a su cargo en el Ministerio de Economía tras el hallazgo de US$700.000 en efectivo en su departamento durante un allanamiento.
Los chats peritados por la Justicia revelan conversaciones sobre comisiones del «3%» que, según los investigadores, llegarían hasta figuras de la cúpula del Gobierno libertario. En Casa Rosada, sin embargo, desestiman las acusaciones y tildan a Spagnuolo de «cuentapropista».
El reclamo de Gil Domínguez por mayor celeridad y la aplicación de estándares uniformes en la investigación suma presión a una causa que expone la vulnerabilidad de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad: las personas con discapacidad que dependen del Estado para acceder a tratamientos y medicamentos esenciales.
Puntos clave:
- Andrés Gil Domínguez afirmó que hay «doble vara» en la Justicia argentina para investigar hechos de corrupción
- El abogado pidió que se aplique el mismo estándar probatorio utilizado en la Causa Vialidad
- Sostuvo que robar a personas con discapacidad «demuestra una gran perversidad» aunque no agrave el tipo penal
- Reclamó mayor celeridad en la investigación de la causa ANDIS
- La causa investiga presuntas coimas y retornos pagados por laboratorios a funcionarios de ANDIS
Chubut
Crisis en Chubut: el cobre vale $17 mil el kilo y los robos de cables en yacimientos no paran
Se estima que en el mes de abril ya se sustrajeron casi 50 kilómetros de cable en la zona. Los robos no solo generan pérdidas millonarias, sino que interrumpen la producción de pozos petroleros y afectan el suministro eléctrico en la región.
Chubut: el precio del cobre dispara los robos de cables en yacimientos petroleros
★ La escalada del precio del cobre en el mercado ilegal, que en las últimas semanas alcanzó los $17.000 por kilogramo, recrudeció una ola de robos sobre la infraestructura eléctrica de los yacimientos petroleros de la cuenca del Golfo San Jorge, con epicentro en la zona de Comodoro Rivadavia. El fenómeno, que las autoridades vinculan directamente con la crisis económica que atraviesa el país, dejó en alerta a las empresas del sector y a las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut.
Un detenido con 120 kilos de cobre robado a YPF
El miércoles 15 de abril, un operativo conjunto entre personal de Protección Patrimonial de YPF y efectivos de la Policía del Chubut terminó con la detención de un hombre identificado por sus iniciales como D.C.L. en la zona de Campamento Escalante. El procedimiento se inició alrededor de las 13:10 horas, tras una denuncia del superficiario de una estancia lindante sobre la presencia de personas ajenas en el predio.
Al arribar a la Subestación G-174, punto neurálgico del suministro eléctrico de pozos de petróleo de la zona, los agentes confirmaron el robo de la Línea 1 que alimenta varios yacimientos en actividad. El delincuente vandalizó el tendido eléctrico por completo, dejando apenas restos de las fases y sacando las unidades de servicio íntegramente, lo que generó el cese de la producción en los pozos afectados y pérdidas millonarias para la petrolera estatal.
Tras un rastrillaje a pie por una zona de arboleda con patrullas de Protección, efectivos policiales y unidades motorizadas, los agentes localizaron un Toyota Etios con 120 kilogramos de cobre fraccionado y embalado en su interior, además de herramientas profesionales de corte. El material tenía como destino presunto la ciudad de Comodoro Rivadavia para su comercialización en el mercado ilegal, según la hipótesis de los investigadores.
D.C.L. quedó detenido a disposición de la Fiscalía. Se confirmó que el sospechoso contaba con un pedido de captura vigente por otros delitos.
Un patrón que se repite: la cuenca como blanco sistemático
El episodio de Campamento Escalante no es un hecho aislado. En los últimas semanas se registraron múltiples operativos similares en distintos puntos de la cuenca. El 16 de abril, personal policial y de seguridad privada de la empresa Pecom también frustró un robo en el sector de Diadema Argentina, donde aprehendieron a un hombre dentro del predio de la compañía con recortes de cobre y herramientas de corte profesional. La causa quedó bajo investigación por el delito de robo, según informó el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.
Fuentes consultadas al tanto de la situación confirmaron el incremento sostenido del valor del cobre y el consecuente aumento de los robos para abastecer el mercado ilegal. «Este mes ya se llevaron casi 50 kilómetros de cable», advirtieron esas fuentes, una cifra que grafica la magnitud del problema.
La crisis económica como trasfondo
El fenómeno del robo de cobre no es nuevo en la región, pero la aceleración del último período tiene una explicación estructural que las autoridades no pueden soslayar. El deterioro del poder adquisitivo, el desempleo creciente y la contracción del mercado de trabajo formal empujan a una parte de la población hacia la economía ilegal. El cobre robado en los yacimientos recorre una cadena corta: se fracciona, se embala y se revende en puntos de reducción en la ciudad, donde el anonimato permite «lavar» el material sin mayores controles.
La infraestructura afectada no es solo de las empresas petroleras. Los cortes de tendido eléctrico provocados por los ladrones de cobre impactan también en el suministro de energía a vecinos de la zona y en la operatividad de pozos que sostienen la producción hidrocarburífera de la cuenca, con las consecuencias directas que eso tiene sobre los ingresos fiscales de la provincia.
En marzo de 2026, una situación similar en inmediaciones del Hospital Roque González de Comodoro Rivadavia terminó con la detención de dos hombres sorprendidos sobre una «palmera» de alta tensión, según consignó Radio 3 Cadena Patagónica.
Puntos clave
- El precio del cobre en el mercado ilegal trepó a $17.000 por kilogramo, impulsando una ola de robos en instalaciones petroleras de Chubut.
- Un operativo conjunto de la Policía del Chubut y Protección Patrimonial de YPF detuvo a D.C.L. en Campamento Escalante con 120 kg de cobre robado y herramientas profesionales de corte.
- El detenido tenía pedido de captura vigente por otros delitos previos.
- Se estima que en el mes de abril ya se sustrajeron casi 50 kilómetros de cable en la zona.
- Los robos no solo generan pérdidas millonarias, sino que interrumpen la producción de pozos petroleros y afectan el suministro eléctrico en la región.
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