Judiciales ⚖️
Caso ANDIS: US$700.000 en manos de funcionaria destapan el “triángulo de hierro” de la corrupción libertaria
La Justicia federal descubrió una trama de corrupción, sobreprecios y lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a empresarios, funcionarios y un operador paraestatal. Los chats revelan el reparto del botín, menciones a Karina Milei y un circuito de coimas del 3% que llegaba hasta la cúpula del poder.
Chats sobre Karina Milei, US$700.000 y “cinco palos para el pelado”: la causa que sacude al Gobierno libertario.
★ La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó al descubierto un entramado de corrupción que la Justicia federal define como «asociación ilícita» y que los propios protagonistas bautizaron informalmente como su «triángulo de hierro». El caso, impulsado por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, revela un esquema de defraudación al Estado mediante la manipulación sistemática de compras y pagos irregulares dentro del programa Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), destinado a financiar tratamientos prolongados y medicamentos de altísimo valor para enfermedades poco frecuentes.
El hallazgo de US$700.000 en efectivo en el departamento de San Telmo de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía que renunció tras quedar involucrada, es apenas la punta del iceberg de una operatoria que, según la fiscalía, benefició a laboratorios y proveedores seleccionados a cambio de comisiones que llegaban hasta «KM», siglas que los investigadores interpretan como referencia directa a Karina Milei.
El operador paraestatal y su «caja» millonaria
En el centro del dispositivo delictivo aparece Miguel Ángel Calvete, empresario señalado por la fiscalía como «director paraestatal de la ANDIS» y principal operador de las droguerías beneficiadas. Según el expediente, Calvete articulaba contactos dentro y fuera del organismo para destrabar pagos millonarios y direccionar contrataciones hacia firmas específicas: Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma S.A., Profarma S.A., Profusión S.A. e INDECOMM SRL.
La investigación sostiene que la organización se dedicaba a la recaudación, traslado y distribución de fondos provenientes de estos proveedores. El mecanismo funcionaba con precisión quirúrgica: empresas que necesitaban cobrar del Estado pagaban comisiones que luego eran repartidas entre los miembros de la asociación ilícita. Los peritajes de los teléfonos incautados, especialmente el de Calvete, aportaron pruebas que la Justicia considera determinantes.
La nómina de la corrupción libertaria
La causa compromete a una extensa lista de investigados cuyas funciones y vínculos revelan el funcionamiento interno del esquema:
Miguel Ángel Calvete aparece como el operador central y mano derecha de Spagnuolo. Detenido, está acusado de liderar la asociación ilícita y coordinar el circuito de pagos irregulares desde su posición como empresario con acceso privilegiado a la estructura estatal.
Diego Orlando Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, mantenía un estrecho vínculo con Calvete desde la campaña presidencial de 2023. Las cámaras de seguridad lo captaron entrando al domicilio de Calvete con una mochila, en una visita que coincide temporalmente con los mensajes sobre entrega de «cinco palos» en efectivo.
Pablo Atchabahian es uno de los engranajes clave del dispositivo. Aunque no pertenecía formalmente a ANDIS, impartía instrucciones sobre pagos, altas en el sistema SIIPFIS y despidos de personal. La Justicia ordenó su detención tras no hallarlo en los operativos iniciales. Los chats del «Grupo Museo» lo muestran como quien dirigía operaciones y coordinaba con Calvete y las droguerías Génesis y New Farma.
Daniel María Garbellini, hombre cercano a Spagnuolo, creó el grupo de WhatsApp «Grupo Museo» donde se planificaba el control de ANDIS desde 2022. Ocupó un cargo en el organismo en 2024 y recibía órdenes directas de Atchabahian.
Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, renunció a su cargo en el Ministerio de Economía tras quedar involucrada. En su departamento se incautaron los US$700.000 en efectivo que contrastan abiertamente con su declaración jurada de 2024, donde consignó bienes por unos $33 millones sin mencionar dólares. Los chats con su padre la ubican en conocimiento directo de las negociaciones con proveedores y celebrando acuerdos con referencias explícitas al «3% a KM».
Javier Cardini, pareja de Ornella y subsecretario de Gestión Productiva, estaba presente durante el allanamiento donde se halló el dinero. Sus vínculos políticos de alto nivel, son cercanos a los Caputo, agregan una dimensión política explosiva al caso.
Juan Neuss, amigo íntimo de Cardini desde la secundaria, habría facilitado el ingreso de éste a su cargo. Es considerado un nexo relevante dentro del círculo de confianza del Gobierno libertario.
Sergio Mastropietro es señalado como el principal engranaje del circuito de lavado de dinero. Socio del empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico, su rol habría sido dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos irregularmente.
Luciana Ferrari no pertenecía a ANDIS pero tuvo acceso al sistema SIIPFIS con un usuario de un empleado real. La fiscalía considera esa habilitación irregular una prueba concreta del funcionamiento clandestino del esquema.
Los chats que desnudan el reparto
Los peritajes sobre los teléfonos de los imputados revelaron conversaciones que la fiscalía interpreta como pruebas directas del funcionamiento de la asociación ilícita.
El «Grupo Museo», creado en 2022, muestra a Atchabahian impulsando su regreso al organismo y describiendo a ANDIS como un espacio estratégico. En uno de los mensajes escribió: «Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos… Después todos a Tenerife».
Los chats también mencionan a Karina Milei, a quien los integrantes del grupo describían como «la que define todo». Una vez designados Spagnuolo y Garbellini en ANDIS, Atchabahian comenzó a impartirles instrucciones directas sobre pagos, contratación de personal y gestiones con proveedores.
«Cinco palos para el boludo del pelado»
Los intercambios entre Calvete y Spagnuolo documentan la organización de entregas de dinero en efectivo. En un audio, Calvete le indicó a Spagnuolo: «Mandale un fercho y poné algún lugar disimulado, eso que me habías dicho».
Posteriormente, en un chat con su esposa, Calvete pidió «cinco palos» para «el boludo del pelado que viaja a Israel», en aparente referencia a Spagnuolo. Para la fiscalía, la operatoria exhibe planificación, opacidad y ocultamiento deliberado. Las cámaras de seguridad registraron efectivamente a Spagnuolo entrando al domicilio de Calvete con una mochila.
El «3% a KM» y la celebración del acuerdo
Los mensajes entre Ornella y su padre revelan conocimiento directo de las negociaciones con proveedores. Tras una reunión con ejecutivos de Ortopedia Alemana, Ornella celebró el acuerdo y prometió regalarle a su padre «un tambo o una granja».
La respuesta de Calvete fue lacónica: «No hace falta… con el 3% a KM está perfecto».
La fiscalía interpreta «KM» como una mención directa a Karina Milei y considera que esa frase constituye evidencia del esquema de comisiones que alimentaba al entramado. El porcentaje mencionado, 3%, aplicado sobre los pagos millonarios del programa PACBI, implicaría sumas multimillonarias.
La «mosssca» y el dinero sin justificar
El 12 de septiembre de 2024, Ornella Calvete se alarmó ante un operativo policial cerca de su edificio y mencionó en un chat a su padre la «mosssca» guardada en su departamento. Le preguntó si podía justificarse con «cash blanco» de INDECOMM, una de las empresas vinculadas al circuito.
El 9 de octubre, durante el allanamiento en su departamento de San Telmo, la Justicia incautó US$700.000 en efectivo. El monto contrasta dramáticamente con su declaración jurada de 2024, donde consignó bienes por unos $33 millones en pesos sin declarar tenencia de dólares.
La trama que trasciende a la ANDIS
La renuncia de Ornella Calvete y la exposición de los vínculos de su pareja, Javier Cardini, funcionario de alto rango en el Ministerio de Economía y cercano al entorno de Santiago Caputo, agregan una dimensión política de alto voltaje a la causa. El hecho de que el dinero haya sido hallado en presencia de Cardini durante el allanamiento plantea interrogantes sobre su conocimiento de la procedencia de los fondos.
La Justicia investiga ahora la trazabilidad del dinero y un posible circuito de lavado donde aparecen Sergio Mastropietro y la empresa aérea Baires Fly. Según fuentes judiciales consultadas, se analiza si existieron conexiones con otros organismos del Estado donde operaban funcionarios vinculados a los imputados.
Los interrogantes que sacuden al Gobierno
El expediente avanza con nuevas medidas de prueba previstas para las próximas semanas, pero ya dejó abiertos interrogantes centrales que trascienden lo judicial y alcanzan directamente al núcleo político del Gobierno libertario.
¿De quién eran realmente los US$700.000 hallados en el departamento de Ornella Calvete? ¿Qué nivel de conocimiento tenían los funcionarios de alto rango involucrados? ¿Qué rol jugó efectivamente Karina Milei en el esquema, más allá de las menciones en los chats? ¿Qué vínculos existían con la droguería Suizo Argentina y los Menem, nombres que aparecen mencionados en el expediente pero cuyo rol aún no ha sido esclarecido públicamente?
La causa ANDIS expone no solo un caso de corrupción tradicional, sino un esquema paraestatal de captación de recursos públicos destinados a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, para beneficio de empresarios, operadores y funcionarios. El «triángulo de hierro» que los propios involucrados celebraban en sus chats hoy enfrenta el escrutinio judicial y amenaza con alcanzar a la cúpula del poder libertario.
Puntos clave:
- La Justicia investiga una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante sobreprecios y pagos irregulares en el programa PACBI de la ANDIS
- Se incautaron US$700.000 en el departamento de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía que renunció tras quedar involucrada
- Los chats revelan un esquema de comisiones del «3% a KM», interpretado por la fiscalía como referencia a Karina Milei
- El empresario Miguel Ángel Calvete aparece como operador central y coordinador de pagos con droguerías y proveedores beneficiados
- La causa involucra a funcionarios cercanos a Santiago Caputo y los Menem, con interrogantes sobre la extensión política del entramado
Economía 💲
Paritarias congeladas por una pelea judicial: gastronómicos marchan a Trabajo
El gremio de Luis Barrionuevo marcha el lunes 16 a la Secretaría de Trabajo porque, según denunció, sus acuerdos salariales llevan ocho meses sin homologar. La traba es la disputa judicial por las elecciones del sindicato, que Capital Humano define como un asunto estrictamente jurídico.
Los aumentos pactados por hoteleros y gastronómicos siguen sin homologar y, según el gremio, afectan a unas 200 mil familias del sector. El reclamo llegará el lunes a la puerta de la Secretaría de Trabajo.
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que conduce Luis Barrionuevo, convocó a una movilización nacional para el lunes 16 de noviembre a las 16. La concentración será en Avenida de Mayo 930, en la Ciudad de Buenos Aires, y desde allí marcharán hasta la Secretaría de Trabajo de la Nación bajo la consigna «Paritarias libres, salarios dignos y respeto a nuestros derechos». Según informó el sindicato, la decisión fue tomada por su Consejo Directivo en un plenario de la Juventud Sindical Gastronómica con más de 500 participantes.
Una homologación atrapada en la interna del gremio
El conflicto nació de las elecciones internas de UTHGRA de diciembre de 2025, que ganó Barrionuevo y que Dante Camaño, titular de la seccional Capital y ex cuñado del dirigente, cuestionó en la Justicia por presuntas irregularidades procesales. Según el gremio, la Secretaría de Trabajo no emite el certificado de autoridades que convalidaría ese triunfo y, sin ese reconocimiento, tampoco homologa los acuerdos salariales. Barrionuevo sostiene que, mientras no haya homologación, los trabajadores no pueden cobrar el último aumento.
En septiembre, una medida cautelar de la Justicia revocó una negativa previa y ordenó una certificación provisoria de las autoridades. Según trascendió, el certificado todavía no fue emitido: el Gobierno recurrió ante la Corte Suprema y sostiene que lo entregará si el máximo tribunal lo avala.
La columna llevará cuatro reclamos al Ministerio: homologación inmediata de los acuerdos, paritarias libres, salarios dignos y respeto a la voluntad de los trabajadores. A ellos se suma el pedido de que se cumpla la resolución judicial que extendió la certificación provisoria de las autoridades electas.
El cruce a los gritos frente al Papa
La tensión escaló el lunes 9 de noviembre, poco antes de que el papa León XIV hablara ante representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Barrionuevo le reprochó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la falta de firma del certificado y el intercambio terminó en una discusión a los gritos. «A mí no me extorsiones porque vamos mal», le contestó la ministra.
Según fuentes oficiales, Pettovello sostuvo que el tema está judicializado y que Barrionuevo debería pedirle a la Justicia una excepción para que Trabajo pueda intervenir y homologar si los trabajadores no cobran el aumento. Capital Humano agregó que la falta del certificado, pese a la orden judicial, «no es por una cuestión política sino estrictamente jurídica».
Tras el cruce, según trascendió del entorno del dirigente, Pettovello y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se comprometieron a revisar la situación. Hasta donde se informó, ninguno de los dos respondió públicamente sobre el episodio ni sobre ese compromiso. Barrionuevo mantuvo la convocatoria y, según trascendió, amenazó con movilizar a unos 20 mil trabajadores.
Qué se discute en el fondo
Mientras el Poder Ejecutivo y la Justicia dirimen quién firma, el aumento pactado queda en el aire. El Gobierno sostiene que la traba es estrictamente jurídica; el gremio la presenta como un obstáculo oficial a acuerdos legítimos, un planteo que ya había hecho en mayo, durante su congreso anual, cuando reclamó que el Gobierno y la Secretaría de Trabajo dejaran de entorpecer lo acordado entre trabajadores y empresarios. La protesta llega en la antesala de la temporada de verano, la de mayor actividad para el sector.
Lo que tenés que saber
- UTHGRA marcha el lunes 16 de noviembre a las 16 desde Avenida de Mayo 930 hasta la Secretaría de Trabajo de la Nación.
- Según el sindicato, los acuerdos salariales llevan ocho meses sin homologar y afectan a unas 200 mil familias.
- La traba se vincula con la disputa judicial por las elecciones de diciembre de 2025 y la falta del certificado de autoridades.
- El lunes 9 de noviembre, Barrionuevo y Pettovello discutieron a los gritos en la UCA, antes del discurso del papa León XIV.
- Capital Humano sostiene que la falta del certificado no es política sino estrictamente jurídica.
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