Geopolítica 🌎
Argentina votó en contra de resolución de la ONU que califica la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave”
El Gobierno de Javier Milei se alineó con Estados Unidos e Israel en una postura que lo aisló de la comunidad internacional. Solo tres países rechazaron la iniciativa que conmemoraba el 25º aniversario de la Declaración de Durban.
★ La Argentina ocupó un lugar incómodo en la historia reciente de las Naciones Unidas. El 25 de marzo de 2025, el gobierno de Javier Milei votó en contra de una resolución que calificó la esclavitud como «el crimen de lesa humanidad más grave», una iniciativa presentada por 60 países de África, el Caribe y América Latina en el marco del 25º aniversario de la Declaración de Durban sobre racismo y xenofobia.
El resultado de la votación resultó contundente: 123 países apoyaron el texto, 52 se abstuvieron —principalmente del bloque occidental europeo— y solo tres naciones rechazaron la resolución: Argentina, Estados Unidos e Israel.
Una resolución histórica sobre crímenes del pasado
La iniciativa buscó reafirmar el compromiso internacional con la memoria de la trata transatlántica de esclavos africanos, un sistema que entre los siglos XVI y XIX deportó entre 12 y 15 millones de personas en condiciones de extrema violencia. El texto también condenó la esclavitud racializada en todas sus formas y llamó a los Estados a adoptar medidas educativas, reparativas y conmemorativas.
La resolución no imponía obligaciones jurídicas vinculantes ni establecía mecanismos de compensación económica directa. Su objetivo principal fue simbólico y político: reconocer la magnitud histórica del genocidio y la esclavitud como fundamento del racismo estructural contemporáneo.
El silencio diplomático del gobierno argentino
El gobierno de Milei no ofreció explicaciones públicas inmediatas sobre su voto negativo. Fuentes diplomáticas consultadas señalaron que la decisión respondió a una coordinación previa con la administración de Donald Trump y el ejecutivo de Benjamin Netanyahu, en línea con la política exterior de alineación automática que caracterizó los primeros meses de gestión.
La postura argentina contrastó con la de sus socios tradicionales del Mercosur. Brasil, Uruguay y Paraguay votaron a favor de la resolución. Chile, Colombia, México y prácticamente todo el continente americano —con excepción de Estados Unidos— apoyaron el texto.
Críticas de organismos de derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos, movimientos afrodescendientes y especialistas en política exterior criticaron duramente la decisión. Consideraron que el voto negativo representó una ruptura con la tradición argentina de liderazgo en materia de derechos humanos y una traición a las comunidades afroargentinas, históricamente invisibilizadas.
«Argentina se puso del lado de quienes niegan la gravedad histórica de la esclavitud», señaló un comunicado conjunto de organizaciones sociales. «Este voto no solo es una vergüenza diplomática, es un insulto a las víctimas del tráfico de esclavos y a sus descendientes».
El contexto: de Durban a la actualidad
La Declaración y Programa de Acción de Durban, adoptada en 2001, constituyó el documento más completo aprobado por consenso internacional sobre racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa. Su redacción generó controversias en su momento, particularmente por tensiones entre el mundo occidental y los países que exigían reconocimiento de la esclavitud como crimen contra la humanidad.
Veinticinco años después, la resolución buscó actualizar ese compromiso. La negativa de Argentina, Estados Unidos e Israel remitió a posiciones históricas de rechazo a cualquier marco normativo que pudiera sentar precedentes para reclamos de reparación histórica o discusiones sobre responsabilidad estatal por crímenes del pasado.
Una señal de los tiempos
El voto en contra evidenció la profunda transformación de la política exterior argentina bajo el gobierno de Milei. La tradición de autonomía y equilibrio entre potencias, característica de décadas anteriores, cedió paso a una alineación explícita con los intereses de Washington y Tel Aviv, incluso cuando dicha alineación implicó aislamiento regional y rechazo de consensos amplios sobre derechos humanos.
La abstención de la mayoría de los países europeos —incluyendo Alemania, Francia y Reino Unido— mostró que existía espacio para posiciones intermedias. Argentina optó, sin embargo, por el rechazo frontal, ubicándose en una minoría de tres naciones frente a 123 votos favorables.
Puntos clave
- ¿Qué se votó? Una resolución que calificó la esclavitud como «el crimen de lesa humanidad más grave» en el marco del 25º aniversario de la Declaración de Durban.
- ¿Quiénes votaron en contra? Solo tres países: Argentina, Estados Unidos e Israel.
- ¿Quiénes apoyaron? 123 países, incluyendo a todo el bloque latinoamericano —excepto EE.UU.—, África, Asia y la mayoría del mundo árabe.
- ¿Quiénes se abstuvieron? 52 países, principalmente del bloque europeo occidental.
- ¿Por qué importa? El voto argentino rompió con décadas de liderazgo en derechos humanos y generó rechazo de organizaciones sociales y diplomáticas.
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Irán declaró terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea por la medida unilateral de Milei
Teherán designó a la Armada y a la Fuerza Aérea como “organizaciones terroristas”, en represalia por inscribir al CGRI en el RePET. Invocó una ley de 2019 y atribuyó a Buenos Aires la responsabilidad por las consecuencias. La decisión de Milei fue ministerial, sin ley del Congreso ni fallo judicial.
La Cancillería de Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”. Lo hizo en un comunicado oficial, en represalia por la inscripción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el registro argentino de entidades vinculadas al terrorismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní presentó la medida como una respuesta recíproca a lo que describe como un paso “hostil” de Buenos Aires, contrario a principios fundamentales del derecho internacional, al designar como entidad terrorista al CGRI, al que Teherán señala como un componente oficial de sus Fuerzas Armadas.
Lo que dijo Teherán
La decisión, según el comunicado, se adopta al amparo de una ley de 2019 sobre medidas recíprocas, dictada tras la designación del CGRI como “organización terrorista” por Estados Unidos. El texto de esa norma, citado por la Cancillería iraní, establece que “todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de los Estados Unidos de América de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a una acción recíproca”.
El comunicado no menciona al Ejército Argentino y no anunció sanciones ni otras medidas concretas, más allá de la calificación. Advirtió: “Es evidente que el Gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta acción”.
Qué implica esa designación
La calificación es un acto unilateral del Gobierno de Teherán, que somete a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas a su norma de reciprocidad. El comunicado no precisó congelamiento de bienes, restricciones de tránsito ni disposiciones operativas sobre buques o aeronaves.
El 1 de noviembre, Irán aplicó el mismo mecanismo a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido, como publicó El Argentino Diario. En abril, después de la inscripción del CGRI en el RePET, la Cancillería argentina declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio 48 horas para dejar el país. El ministro Pablo Quirno confirmó entonces su salida.
Una decisión ministerial, sin Congreso ni sentencia
El Gobierno de Javier Milei anunció el 31 de marzo que declaraba al CGRI “organización terrorista” y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La formalización fue la Resolución Conjunta 3/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, firmada ese día por la ministra Alejandra Monteoliva y el ministro Pablo Quirno, y publicada el 6 de abril en el Boletín Oficial, cuando entró en vigencia.
No es una ley del Congreso ni una sentencia judicial. Es un acto administrativo del Ejecutivo, apoyado en el Decreto 918/2012, que habilita a ambos ministerios a pedir la inscripción en el RePET cuando consideren que hay “motivos fundados para sospechar” una amenaza externa a la seguridad nacional. Los considerandos invocan “informes de carácter reservado”.
El Comunicado Oficial 143 de la Oficina del Presidente, del 31 de marzo, sostuvo que esa inscripción habilita sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del CGRI en el país. Esa vía unilateral, sin aval legislativo ni de la Justicia, es la que ahora Teherán toma como base para señalar a dos ramas de las Fuerzas Armadas argentinas.
Los atentados de los 90 y lo que dice la Justicia
La Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de su historia. El 17 de marzo de 1992, un atentado con coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires: 29 muertos y más de 200 heridos. El 18 de julio de 1994, otro ataque demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA): 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, el peor atentado en suelo argentino.
El Comunicado Oficial 143 atribuye ambos ataques a Hezbolá, al que presenta como “el brazo operativo del CGRI en la región”, y afirma que las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia “determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. En virtud de ello, añade, la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, a quien el texto de marzo señaló como recién designado al frente del CGRI.
El Gobierno de Irán niega responsabilidad en esos atentados y rechaza las acusaciones contra sus funcionarios como infundadas, según la posición oficial de su Cancillería.
El costo del alineamiento
La Oficina del Presidente vinculó en marzo esa designación a un realineamiento: el Gobierno, dijo, está decidido a que la Argentina “vuelva a alinearse a la civilización occidental”. Teherán, en el comunicado de este miércoles, encuadró la decisión argentina en el acatamiento o el respaldo a la designación que Estados Unidos hizo del CGRI.
Hasta el cierre de esta nota, no trascendió una respuesta pública de Cancillería, del Ministerio de Defensa ni de Casa Rosada.
Lo que tenés que saber:
- Irán declaró este miércoles “organizaciones terroristas” a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas.
- Lo hizo en represalia por la inscripción del CGRI en el RePET, anunciada el 31 de marzo y formalizada el 6 de abril.
- Esa inscripción fue una resolución conjunta de dos ministerios, sin ley del Congreso ni sentencia judicial.
- Teherán invocó una ley de reciprocidad de 2019 y advirtió que el Gobierno argentino será responsable de las consecuencias derivadas de esta acción, sin detallarlas.
- No trascendió, al cierre, una respuesta oficial de Buenos Aires.
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