Geopolítica 🌎
Argentina votó en contra de resolución de la ONU que califica la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave”
El Gobierno de Javier Milei se alineó con Estados Unidos e Israel en una postura que lo aisló de la comunidad internacional. Solo tres países rechazaron la iniciativa que conmemoraba el 25º aniversario de la Declaración de Durban.
★ La Argentina ocupó un lugar incómodo en la historia reciente de las Naciones Unidas. El 25 de marzo de 2025, el gobierno de Javier Milei votó en contra de una resolución que calificó la esclavitud como «el crimen de lesa humanidad más grave», una iniciativa presentada por 60 países de África, el Caribe y América Latina en el marco del 25º aniversario de la Declaración de Durban sobre racismo y xenofobia.
El resultado de la votación resultó contundente: 123 países apoyaron el texto, 52 se abstuvieron —principalmente del bloque occidental europeo— y solo tres naciones rechazaron la resolución: Argentina, Estados Unidos e Israel.
Una resolución histórica sobre crímenes del pasado
La iniciativa buscó reafirmar el compromiso internacional con la memoria de la trata transatlántica de esclavos africanos, un sistema que entre los siglos XVI y XIX deportó entre 12 y 15 millones de personas en condiciones de extrema violencia. El texto también condenó la esclavitud racializada en todas sus formas y llamó a los Estados a adoptar medidas educativas, reparativas y conmemorativas.
La resolución no imponía obligaciones jurídicas vinculantes ni establecía mecanismos de compensación económica directa. Su objetivo principal fue simbólico y político: reconocer la magnitud histórica del genocidio y la esclavitud como fundamento del racismo estructural contemporáneo.
El silencio diplomático del gobierno argentino
El gobierno de Milei no ofreció explicaciones públicas inmediatas sobre su voto negativo. Fuentes diplomáticas consultadas señalaron que la decisión respondió a una coordinación previa con la administración de Donald Trump y el ejecutivo de Benjamin Netanyahu, en línea con la política exterior de alineación automática que caracterizó los primeros meses de gestión.
La postura argentina contrastó con la de sus socios tradicionales del Mercosur. Brasil, Uruguay y Paraguay votaron a favor de la resolución. Chile, Colombia, México y prácticamente todo el continente americano —con excepción de Estados Unidos— apoyaron el texto.
Críticas de organismos de derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos, movimientos afrodescendientes y especialistas en política exterior criticaron duramente la decisión. Consideraron que el voto negativo representó una ruptura con la tradición argentina de liderazgo en materia de derechos humanos y una traición a las comunidades afroargentinas, históricamente invisibilizadas.
«Argentina se puso del lado de quienes niegan la gravedad histórica de la esclavitud», señaló un comunicado conjunto de organizaciones sociales. «Este voto no solo es una vergüenza diplomática, es un insulto a las víctimas del tráfico de esclavos y a sus descendientes».
El contexto: de Durban a la actualidad
La Declaración y Programa de Acción de Durban, adoptada en 2001, constituyó el documento más completo aprobado por consenso internacional sobre racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa. Su redacción generó controversias en su momento, particularmente por tensiones entre el mundo occidental y los países que exigían reconocimiento de la esclavitud como crimen contra la humanidad.
Veinticinco años después, la resolución buscó actualizar ese compromiso. La negativa de Argentina, Estados Unidos e Israel remitió a posiciones históricas de rechazo a cualquier marco normativo que pudiera sentar precedentes para reclamos de reparación histórica o discusiones sobre responsabilidad estatal por crímenes del pasado.
Una señal de los tiempos
El voto en contra evidenció la profunda transformación de la política exterior argentina bajo el gobierno de Milei. La tradición de autonomía y equilibrio entre potencias, característica de décadas anteriores, cedió paso a una alineación explícita con los intereses de Washington y Tel Aviv, incluso cuando dicha alineación implicó aislamiento regional y rechazo de consensos amplios sobre derechos humanos.
La abstención de la mayoría de los países europeos —incluyendo Alemania, Francia y Reino Unido— mostró que existía espacio para posiciones intermedias. Argentina optó, sin embargo, por el rechazo frontal, ubicándose en una minoría de tres naciones frente a 123 votos favorables.
Puntos clave
- ¿Qué se votó? Una resolución que calificó la esclavitud como «el crimen de lesa humanidad más grave» en el marco del 25º aniversario de la Declaración de Durban.
- ¿Quiénes votaron en contra? Solo tres países: Argentina, Estados Unidos e Israel.
- ¿Quiénes apoyaron? 123 países, incluyendo a todo el bloque latinoamericano —excepto EE.UU.—, África, Asia y la mayoría del mundo árabe.
- ¿Quiénes se abstuvieron? 52 países, principalmente del bloque europeo occidental.
- ¿Por qué importa? El voto argentino rompió con décadas de liderazgo en derechos humanos y generó rechazo de organizaciones sociales y diplomáticas.
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Legisladores debaten el desembarco de Thiel y convocan a una audiencia sobre “tecnofascismo”
Liderados por el diputado Juan Marino, legisladores de Unión por la Patria convocan para este viernes a las 10 una audiencia en la Cámara de Diputados para analizar los intereses económicos detrás de la presencia del magnate tecnológico Peter Thiel en la Argentina, los riesgos ambientales de los data centers de inteligencia artificial y el uso del territorio nacional como plataforma del denominado «tecnofascismo».
La irrupción de Peter Thiel en Buenos Aires ya no es un asunto que circule únicamente en ámbitos financieros o tecnológicos. El cofundador de Palantir Technologies, que adquirió una mansión valuada en unos 12 millones de dólares en Palermo Chico y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, el secretario de Política Económica José Luis Daza, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, llega ahora al centro del debate parlamentario. Diputados nacionales de Unión por la Patria organizaron una audiencia para el viernes 29 de agosto, a las 10, en la Cámara baja, con una agenda que combina análisis económico, jurídico, ambiental y filosófico sobre las implicancias de esa presencia.
Marino lidera la convocatoria; los funcionarios no responden
La organización de la audiencia está a cargo del diputado nacional Juan Marino, e integran la convocatoria sus pares Hugo Yasky, Kelly Olmos, Sabrina Selva, Juan Carlos Molina, José Glinski y Carlos Castagneto. Todos pertenecen al principal bloque opositor. El encuentro tiene un número significativo de invitados confirmados, provenientes de los campos del periodismo de investigación, la inteligencia artificial, los derechos humanos, el derecho y el ambientalismo. También se cursaron invitaciones formales al propio Thiel y a los funcionarios del Gobierno nacional que se reunieron con él. Ninguno respondió. Los pedidos de informes parlamentarios dirigidos a esos mismos funcionarios tampoco obtuvieron respuesta.
Quién es Thiel y por qué genera alarma
Thiel se instaló en Buenos Aires a comienzos de abril de 2026, atraído por las ideas del gobierno libertario, según trascendió en ese entonces. Es cofundador de PayPal y de Palantir Technologies, empresa de análisis de datos e inteligencia artificial cuyos contratos con agencias de defensa y seguridad estadounidenses la vinculan a operaciones de vigilancia masiva. El nombre de la compañía, tomado directamente de los videntes de cristal de la saga El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, no es una anécdota inocua: Thiel es un reconocido fanático de Tolkien y diseñó su marca corporativa alrededor de esa mitología. Precisamente por eso, cuando a mediados de agosto un grupo de manifestantes se plantó frente a su mansión en Barrio Parque vestidos como Gandalf, el gesto adquirió una dimensión irónica que recorrió el mundo. Tras ese escrache, Thiel canceló su participación en la cumbre «Vientos de Cambio», donde tenía previsto compartir escenario con Milei, Caputo y Sturzenegger.
El magnate tiene detractores en todo el mundo por la inserción de sus negocios en la industria bélica y por los efectos humanitarios y ambientales asociados a la expansión de data centers de inteligencia artificial. En Argentina, la preocupación se focaliza además en la posibilidad de que el territorio y los recursos naturales del país sean utilizados como plataforma de operaciones sin regulación efectiva ni control legislativo.
Una agenda multidisciplinaria para diseccionar el fenómeno
La audiencia del viernes articula distintas dimensiones del problema. El panel sobre economía e intereses convoca a los periodistas especializados Fernando Krakowiak, Juan Luis González, Valeria Di Croce, Juan Alonso, Nicolás Lantos, Giselle Leclerq y Emilse Garzón. Otro bloque, dedicado a «Poder Tecnológico, Datos Personales y Vigilancia», reunirá a la politóloga y periodista Natalia Zuazo, a la abogada de Amnistía Internacional Argentina Paola García Rey, al periodista y docente Esteban Magnani y al becario doctoral Mariano Caputo. El doctor en Ciencias de la Computación e investigador del Conicet Diego Fernández Slezak expondrá sobre regulación de la inteligencia artificial.
Para abordar la dimensión filosófica, histórica y política del «tecnofascismo» fueron convocados el historiador Elías José Palti, el sociólogo Ariel Goldstein y los periodistas Gil Durán y Julián Varsavsky. La perspectiva ambiental estará representada por referentes de Jóvenes por el Clima, Mercedes Pombo y Luna Rey Cano, quienes pondrán el foco en los impactos territoriales y comunitarios de la infraestructura tecnológica. El abogado Pablo Serdán aportará un análisis jurídico sobre la Ley General de Sociedades, y el analista chileno Juan Pablo Sanhueza Tortella ofrecerá una mirada comparada desde la experiencia de Thiel en Chile.
El silencio oficial como señal política
La negativa implícita del Gobierno a participar de la audiencia, o siquiera a responder los pedidos de informes parlamentarios, refuerza una lógica que se repite en el vínculo de la gestión Milei con el universo tecnológico-financiero globalizado: decisiones de enorme impacto para la soberanía y los recursos del país se adoptan sin deliberación pública ni control legislativo. Las reuniones de Thiel con la cúpula económica del Ejecutivo no se tradujeron en ningún comunicado oficial que explique qué se acordó, qué condiciones se ofrecieron ni qué compromisos se asumieron. En ese vacío informativo, la audiencia del Congreso emerge como el único espacio institucional donde el asunto será debatido con transparencia.
Puntos clave
- Diputados de UxP organizan una audiencia parlamentaria para el viernes 29 de agosto a las 10 en la Cámara baja sobre la presencia de Peter Thiel en Argentina.
- Thiel se instaló en Buenos Aires en abril de 2026, adquirió una mansión de USD 12 millones y se reunió con Milei, Caputo, Sturzenegger, Daza y Bausili.
- Los funcionarios involucrados no respondieron los pedidos de informes parlamentarios ni las invitaciones a la audiencia.
- La convocatoria incluye periodistas, especialistas en IA, juristas, ambientalistas y expertos en derechos humanos para analizar el impacto del «tecnofascismo».
- Thiel canceló su participación en el foro «Vientos de Cambio» tras el escrache protagonizado por manifestantes disfrazados de Gandalf frente a su residencia en Barrio Parque.
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