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Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.

Buenos Aires

Kicillof cuestionó el “equilibrio fiscal” dibujado con el desvío de fondos del “impuesto a los combustibles”

El gobernador bonaerense cuestionó en redes sociales el desvío de los fondos del impuesto a los combustibles y apuntó contra la lógica del equilibrio fiscal del Gobierno de Milei, que este mismo martes fue confirmada por el propio vocero presidencial Adrián Ravier.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
Kicillof sobre el saqueo del impuesto al combustible: "Es fácil hablar de superávit cuando se logra a costa del pueblo".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este martes a cuestionar públicamente el manejo que hace el Gobierno nacional de los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), a través de su cuenta verificada en la red social X. Sus palabras llegaron el mismo día en que el vocero presidencial Adrián Ravier admitió, en una entrevista a El Diario de La Pampa, que una parte de esos recursos, con asignación legal específica para infraestructura vial, es retenida por el Ministerio de Economía de Luis Caputo para sostener el equilibrio fiscal.

«En la timba, en la especulación financiera»

En su publicación en X, Kicillof fue directo: «¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar.» La frase sintetiza con precisión lo que investigaciones periodísticas, denuncias gremiales y datos del Sistema Vial Integrado (SisVial) venían documentando desde hace meses: los recursos recaudados, estimados en alrededor de $1,4 billones, no se ejecutaron en obras viales y fueron volcados a instrumentos financieros del Tesoro.

En un segundo párrafo del tuit, el gobernador amplió el cuestionamiento político: «Es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de los intereses y las necesidades del pueblo.» La frase apunta al corazón del relato oficial del Gobierno de Javier Milei, que exhibe el equilibrio fiscal como principal logro de gestión, sin explicar que una parte de ese número se sostiene reteniendo fondos con destino legal específico, como el ICL, que debería financiar el mantenimiento de rutas nacionales.

La confesión de Ravier que da sustento a la denuncia

La intervención de Kicillof cobró mayor peso político a la luz de lo que declaró Ravier este mismo martes. El vocero presidencial reconoció ante El Diario de La Pampa que «una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal». También admitió no saber en qué proporción se divide esa recaudación: «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas», señaló el funcionario.

La admisión oficial confirma lo que el gobernador bonaerense describió como «especulación financiera»: los fondos que por la Ley 23.966 deben financiar el Sistema Vial Integrado no llegan en su totalidad a ese destino. El Gobierno incumple así la asignación específica establecida por ley, en un mecanismo que le permite contabilizar superávit fiscal sin ejecutar el gasto que correspondería.

Una denuncia penal y rutas en crisis

El trasfondo que rodea las declaraciones de Kicillof tiene antecedentes judiciales concretos. El gremio de Vialidad Nacional ya presentó una denuncia penal contra Caputo, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger por desviar $400.000 millones del fondo vial hacia títulos del Tesoro. La institución llegó a registrar una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual, en lo que sus propios profesionales calificaron como una «quiebra técnica». En paralelo, un fallo judicial federal ordenó obras de emergencia en rutas de Santa Fe, y la Justicia avanza sobre la situación de corredores viales en distintas provincias.

El planteo de Kicillof instala además una dimensión política que el debate técnico sobre el ICL tendía a dejar en segundo plano: el superávit fiscal de Milei no es gratuito. Tiene un costo concreto, que se mide en rutas deterioradas, en obras no ejecutadas y en fondos que los ciudadanos aportaron en cada carga de combustible convencidos de que irían a mejorar la infraestructura del país.

Puntos clave

  • Kicillof denunció que los fondos del ICL están «en la timba, en la especulación financiera» en lugar de destinarse a rutas, como establece la ley.
  • El mismo día, el vocero Ravier admitió que el Ministerio de Economía retiene una parte del ICL para sostener el equilibrio fiscal, sin precisar la proporción.
  • El SisVial acumula alrededor de $1,4 billones en recursos que no fueron ejecutados en obras viales.
  • El Gobierno enfrenta una denuncia penal por desviar $400.000 millones del fondo vial hacia títulos del Tesoro.
  • El gobernador bonaerense afirmó que «es fácil hablar de superávit cuando se logra a costa de las necesidades del pueblo».
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