Investigación 🔎
Para Paulón, el nombre “Karina Milei se repite una y otra vez” en la criptoestafa $Libra
El diputado Esteban Paulón, integrante de la comisión investigadora, vinculó a Karina Milei y “Lule” Menem con maniobras en la estafa $Libra y también en el caso ANDIS y cuestionó a la Justicia.
★ El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal), integrante de la comisión investigadora de la criptoestafa $Libra, sostuvo que de los testimonios y documentación reunidos por los legisladores surge que “Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, es el nombre que se repite una y otra vez”. Lo dijo en diálogo con Splendid AM 990, un día después de que la comisión presentara públicamente sus conclusiones preliminares.
Señalamientos a Karina Milei y a “Lule” Menem
Según trascendió, Paulón indicó que la trama de irregularidades detectada “vino de la mano de alguien más arriba” que el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esa línea, afirmó: “Claramente todo señala a Eduardo ‘Lule’ Menem y a Karina Milei, en el armado de esquemas de corrupción”.
El legislador remarcó que los elementos recabados por la comisión muestran coincidencias entre movimientos de dinero y reuniones en Casa Rosada vinculadas a diversos involucrados. De acuerdo con lo que expuso, se identificaron transferencias asociadas a Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli, Hyden Davis y Sergio Morales, que “coinciden con reuniones que se hacían en la Casa Rosada”.
Críticas a la actuación judicial
Paulón cuestionó el rol de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano y del juzgado de Marcelo Martínez Di Giorgi. Señaló que ambos “fueron muy poco colaborativos con la causa” y que “en ningún momento facilitaron ningún tipo de trámite”, lo que dificultó la comparecencia de funcionarios citados por la comisión.
También sostuvo que el presidente Javier Milei brindó una “colaboración imprescindible” para la estafa al promocionar $Libra a través de su cuenta de la red social X, según concluyó el informe parlamentario presentado ayer.
Víctimas, beneficiarios y un código sin explicación
El diputado informó que la comisión determinó que 111.000 personas fueron perjudicadas por la estafa y que solo 40 resultaron beneficiadas. Para Paulón, estas cifras muestran “claramente un esquema armado deliberadamente para concretar y perpetrar una estafa”.
Además, afirmó que aún queda una pregunta sin respuesta: quién le proporcionó al Presidente el código alfanumérico de más de 30 caracteres que apareció en su publicación de X. “No estaba publicado en ningún lado y el que la tiene que responder es el presidente Javier Milei”, sostuvo.
Paulón subrayó que la información producida por la comisión ya está a disposición del Poder Judicial. “La Justicia puede ahora tomar elementos y es importante que los tenga en su poder”, afirmó.
Puntos Clave
- Paulón afirmó que “el nombre de Karina Milei se repite una y otra vez” en la investigación por la criptoestafa $Libra.
- Señaló también a Eduardo “Lule” Menem como parte del armado de las maniobras.
- Cuestionó la falta de colaboración del fiscal Taiano y del juez Martínez Di Giorgi.
- La comisión identificó transferencias que coinciden con reuniones en Casa Rosada y determinó 111.000 damnificados.
- Paulón señaló que Milei deberá explicar de dónde obtuvo un código alfanumérico no publicado en ningún lado.
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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