DDHH
Repudio generalizado y preocupación por accionar de Gerardo Morales en Jujuy
Desde las secretarías de Derechos Humanos de varias provincias expresaron su malestar frente a la escalada represiva y de terrorismo de Estado en el que avanza el Gobierno jujeño.
Autoridades de las secretarías de Derechos Humanos de distintas provincias expresaron este sábado su preocupación ante el accionar del gobernador Gerardo Morales en Jujuy y exhortaron a que “las instancias institucionales competentes, actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho” en la provincia.
En un comunicado difundido hoy, los funcionarios expresaron su “preocupación ante el creciente deterioro del estado de derecho y falta de respeto a las garantías constitucionales en la hermana provincia de Jujuy”.
En el texto se describe que en las últimas semanas en la provincia mencionada ha habido una “criminalización del reclamo y la legítima protesta social, detenciones arbitrarias, formación de causas penales a decenas de militantes y dirigentes sociales y políticos, por participar en manifestaciones populares; inteligencia, espionaje y persecución naturalizada y sistemática contra opositores políticos y referentes de sectores sociales; estigmatización y persecución a comunidades originarias y dirigentes sindicales”.
Además, en el documento se califica como “gravísimo hecho” el ingreso de la policía provincial al edificio de la Universidad Nacional de Jujuy y destacan que ese accionar está “lesionando y vulnerando la condición histórica de la Autonomía Universitaria”.
En este sentido, consideran que todas estas acciones “son muestras de un avance autoritario del gobernador (Gerardo) Morales y funcionarios judiciales sobre la población jujeña”.
En el comunicado se expresa que merece “una mención especial el avasallamiento de la institucionalidad con la detención del abogado penalista Alberto Nallar”.
En esa línea, se indica que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace hincapié en la falta de democracia cuando son perseguidos los defensores”.
«Duele e indigna que, cumpliendo 40 años de democracia, después del genocidio producido por el Terrorismo de Estado que asoló la Patria, regrese la violencia represiva y la persecución política por parte del Estado”, destaca el comunicado.
En esa línea se añade que “en nombre de Nunca Más, no podemos callarnos frente a esta situación, en defensa de la democracia que supimos conseguir y que la vemos en grave riesgo en la provincia de Jujuy”.
“Pedimos y abogamos para que las instancias institucionales competentes, actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho en la provincia hermana de Jujuy”, concluye el texto.
El documento fue suscripto por Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Delfor «Pocho» Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de La Rioja; Carlos Goya, director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de San Juan; Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe; Clarisa Botto, subsecretaria de Derechos Humanos de San Juan; Marcelo Acosta, director General de Promoción de Derechos Humanos La Rioja; y Erica Brunotto, secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán.
También por Daniel Paduan, subsecretario Derechos Humanos Entre Ríos; Nadia Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz; Abigail Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Tierra del Fuego; Hernán Velárdez Vaca, director de Derechos Humanos de Catamarca; Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos de Chaco; Juan Pablo Fasce, secretario de Derechos Humanos de La Pampa; y Evangelina Saizar, secretaria de Derechos Humanos de Rio Negro; Mario Cugura, subsecretario de Derechos Humanos de Chubut.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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