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Denuncia

Anticorrupción: en la toma de deuda con el FMI «hubo delitos contra el interés nacional»

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, argumentó que hubo «administración infiel de los fondos de la sociedad argentina» en la deuda contraída con el Fondo Monetario por más de 44.000 millones de dólares durante la gestión de Mauricio Macri.

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El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, argumentó que hubo «administración infiel de los fondos de la sociedad argentina» en la deuda contraída con el Fondo Monetario por más de 44.000 millones de dólares durante la gestión de Mauricio Macri.

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, sostuvo este lunes que hay «elementos suficientes para pensar que hubo delitos contra el interés nacional» en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizada por el gobierno de Mauricio Macri.

El funcionario calificó ese endeudamiento como «un préstamo precipitado para garantizar que los especuladores financieros transformaran sus ganancias de pesos a dólares y las fugaran».

Los argumentos

Crous señaló que en el proceso de endeudamiento por más de US$ 44 mil millones los principales funcionarios de la cartera económica del gobierno de Macri «no dejaron norma administrativa por infringir» porque «había una tremenda urgencia de que quienes estaban desarmando sus posiciones en pesos no perdieran de ganar la plata que vinieron a ganar».

«Creemos que el FMI hizo la vista gorda para otorgar el préstamo más grande de su historia y que no se utilizó para lo que era. Esa deuda se tomó para garantizarle a los especuladores que desarmaran sus posiciones en dólares».

«Por eso los acusamos de una administración infiel de los intereses nacionales, de una malversación de ese crédito tomado y una violación en el camino de los deberes de funcionario público», explicó Crous.

Otro de los elementos que repasó el titular de la OA es que en el 2019 «entre las PASO y el cambio de gobierno se fugaron alrededor de 20 mil millones de dólares» y una vez que «las ganancias de los especuladores estaban aseguradas» se decidió la administración del mercado de cambios.

«Creemos que esto fue la decisión deliberada de garantizarle las ganancias a los que formaban parte de la misma grey que integraban los funcionarios, desde el punto de las finanzas internacionales», subrayó Crous.

Los funcionarios involucrados

Entre los funcionarios mencionados por Crous se encuentran el expresidente Mauricio Macri, los exministros Luis Caputo y Nicolás Dujovne y los expresidentes del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

En la mañana del lunes, en declaraciones a El Destape Radio, Crous ratificó que la denuncia de la OA es por «defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos».

En este sentido, el titular de la OA subrayó que la investigación sobre las gestiones para ese endeudamiento necesita «una vuelta más» para detectar a los «especuladores que estuvieron detrás».

«Creemos que el FMI hizo la vista gorda para otorgar el préstamo más grande de su historia y que no se utilizó para lo que era. Esa deuda se tomó para garantizarle a los especuladores que desarmaran sus posiciones en dólares», añadió el ex fiscal.

En este sentido, añadió «lo que es un delito es que decidieron arruinar el interés del pueblo argentino para garantizar el interés de los que hacían bicicleta financiera» y agregó que «se la llevaron a las Islas Caimán y el resto de los argentinos padeciendo para hacer un asado».

«Es judicializable saber quiénes son los que se llevaron la plata y habrá que ver si se puede probar la colusión de los que fugaron la plata», concluyó Crous.

Con el informe del Banco Central y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación se radicó la denuncia penal, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 5 en la causa 3561/2019 «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».

Los delitos denunciados son defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos.

Los aspectos más destacados de la denuncia indican que se ejecutó un «programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, quien en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses».

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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