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Denuncia

Amplían denuncia por «lavado de activos» en el Astillero Río Santiago durante el Gobierno de Vidal

La diputada provincial acompañó la ampliación de la denuncia por presunto «lavado de activos» con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por «una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevila por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos».

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La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, amplió ante la justicia una denuncia contra el ex Interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevila, durante el Gobierno de Cambiemos, en el marco de una causa por «malversación de fondos y lavado de activos» por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración publica.

La diputada provincial acompañó la ampliación de la denuncia por presunto «lavado de activos» con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por «una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevila por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos».

González indicó que, en el marco de la denuncia original, los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la administración pública por 95 millones de dólares dejan en «evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General» a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.

En la denuncia original a la que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, se encuentran denunciados el ex titular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, ex coordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En las ultimas horas, la diputada provincial del Frente de Todos aportó nueva documentación a la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata.

En diálogo, informó que fueron presentadas las pruebas sobre la denuncia por «lavado de activos» contra el interventor de Astillero durante el gobierno de Vidal, y acompañó su testimonio con el pedido de informes presentado en la Legislatura bonaerense.

Según informó, oportunamente fue solicitado al Departamento Ejecutivo, que a través del Ministerio de Justicia informe y acompañe la declaración jurada del funcionario tras darse a conocer el comprobante de transferencia bancaria del Banco Ciudad en el que figura el CUIT, el número de cuenta en la que se realizó la transferencia, y un monto total de $1.000.000.066,65, todo ello «en el marco de las políticas en materia de erradicación de prácticas corruptas en la gestión de gobierno».

De esta manera, la legisladora señaló que «oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión» por lo que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades».

Sin embargo, señaló que el pedido de informes fue «cajoneado» sin ningún tipo de tratamiento y «perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento» de la presunta maniobra fraudulenta.

En tanto, recordó que la gobernadora María Eugenia Vidal «lejos de atender políticas públicas para promover la reactivación del trabajo» y la gestión del exinterventor del Astillero con «la ausencia de provisión de insumos, despidos y compra de embarcaciones en el extranjero» -según denunciaron los trabajadores- inició «evidentes maniobras persecutorias».

Según González, «utilizaron una maniobra clara y manifiesta de intencionalidad persecutoria» y coordinada para que la misma «recayera» en la UFI 16 a cargo del Agente Fiscal Condomí Alcorta «UFI creada para él como premio por su aplicada obediencia y uno de los brazos ejecutores de la persecución del Procurador Julio Conte Grand».

«En conclusión, no se investigó el origen de la malversación por U$S 95 millones que forman parte de la denuncia original, con prueba en las distintas pericias solicitadas» por el mismo agente fiscal, dijo González, quien reiteró que la cuantía del monto habilita el pedido de investigación sobre éste hecho y que la prueba indicada estaría vinculada a las maniobras delictuales.

En estas circunstancias, «se redireccionó la denuncia y se decidió incriminar a los dirigentes de ATE sin pruebas de respaldo» concluyó la Legisladora provincial.

Denuncia

Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo

Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.

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El Argentino Diario-Pablo Grillo.

Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso

★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.

La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.

La denuncia de De Pedro

«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».

La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»

El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.

La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.

El ataque y sus consecuencias

Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.

El gendarme, a un paso del juicio oral

La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.

La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».

Censura que confirma el patrón

La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».

Puntos clave:

  • Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
  • La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
  • El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
  • Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
  • La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.

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