DDHH
Soria inauguró un curso sobre el impacto de la CIDH en la Defensa Pública
Participaron de la apertura el presidente de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique, y la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla Falcón.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, llamó hoy a «poner nuestro mayor compromiso» para mejorar el sistema de administración de justicia, «que tan desprestigiado está», en el marco del décimo aniversario de la creación de la figura del Defensor Público Interamericano (DPI) y la inauguración de un seminario internacional sobre el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la Defensa Pública.
Junto a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el ministro exhortó «a todos y todas que hagamos el esfuerzo, desde el rol que nos toca, de poner nuestro mayor compromiso de mejorar el sistema de administración de justicia que tan desprestigiado está», en la apertura del seminario internacional Impacto de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH desde la perspectiva de la Defensa Pública.
Durante la inauguración que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Soria sostuvo que desde la firma del Pacto de San José de Costa Rica «el sistema interamericano de derechos humanos marcó un rumbo fundamental para la vigencia del derecho de los Derechos Humanos en nuestra región» y recordó la «histórica visita de la CIDH a la Argentina de 1979, que permitió quitar el velo y exponer ante el mundo entero las atrocidades de la dictadura genocida».
A lo largo de la exposición, Soria se explayó sobre los casos de Pedro Troiani y Leonardo Forneron e hija, que tramitaron ante la CorteIDH, al afirmar que «ambos casos, como en muchos otros, comenzaron con la falla del poder judicial a la hora de garantizar un servicio de justicia acorde en tiempo y forma a los y las justiciables».
A modo de cierre, Soria destacó el «rol fundamental» del Ministerio Público de la Defensa y elogió la tarea que lleva adelante el organismo, «que con menos recursos combate el accionar inerte que en determinados casos tiñe la acción de la justicia argentina, representando a las victimas hasta las últimas instancias internas e impulsando sus causas ante la CIDH para generar mecanismos y soluciones a los casos concretos, labor que genera una valiosa jurisprudencia».
El principal objetivo del seminario que se desarrollará durante las jornadas del 25 y 26 de abril es destacar el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la labor de la defensa pública y, asimismo, proveer a los y las asistentes de herramientas (argumentos, estándares y procedimientos) para utilizar al momento de litigar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Participaron de la apertura el presidente de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique, y la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla Falcón.
Además estuvieron Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación de Abuelas Plaza de Mayo y Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.
Por su parte, la defensora Martínez coincidió con el ministro Soria y destacó la decisión política del Gobierno nacional, instrumentada por medio del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fomentar la resolución a través de «acuerdos de soluciones amistosas» para los casos de vulneración de derechos en nuestro país que tramitan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
«Desde la Defensoría hemos demostrado cómo se puede trabajar, aún presentando denuncias contra el Estado, para fortalecer la democracia en nuestro país y para que la garantía de los DDHH no sea solamente una letra; para que haya real acceso a la Justicia y para que las víctimas tengan verdaderamente una respuesta judicial efectiva y una respuesta gubernamental; para que el Estado que nos tiene que cuidar, nos cuide. Y para que podamos lograr entre todos, construir finalmente un Estado donde cada uno de nosotros se sepa respetado y cuidado y de esa manera aprenda a cuidar y respetar a los demás», agregó Martínez.
Mantilla Falcón dijo: «La Comisión Interamericana, ustedes lo saben, es la puerta de entrada del sistema interamericano de derechos humanos para miles de víctimas que acuden a ella cada año. Personas, grupos y comunidades que, tras años, a veces décadas de buscar justicia en el medio interno tocan la puerta de la Comisión con la esperanza de ser escuchados, muchas veces por primera vez y ordenar la justicia y reparación que no encontraron en sus países. La mayoría son personas pertenecientes a grupos que han sido históricamente excluidos y discriminados, muchas de esas personas acuden a la comisión sin representación legal y en judicial situación de vulnerabilidad. Gracias al principio de accesibilidad que rige la presentación de denuncias a, estas personas pueden continuar sus trámites con la seguridad de que su petición será analizada».
A su turno, el presidente de la Corte Interamericana Pérez Manrique sostuvo que la «defensoría pública latinoamericana es un ejemplo para el mundo, no solo para la región» y destacó «en la estructura de diseño constitucional de la República Argentina, la creación de una institución que responde autónoma, el Ministerio Público de la Defensa, que expresa y cumple el rol fundamental del ejercicio de la defensa pública».
Y agregó que «hoy queremos hacerle un homenaje y un reconocimiento en nombre de la Corte Interamericana de DDHH, a la figura del Defensor público interamericano. No tengo dudas que desde que tenemos defensores y defensoras públicas interamericanas, ha habido un elemento en la defensa, un plus en la defensa, que se nota específicamente desde el punto de vista de la sensibilidad, del punto de vista del contacto con la vulnerabilidad».
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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