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Pablo Llonto: «La lentitud de la Corte beneficia a los genocidas»

El periodista y escritor es, además, uno de los abogados más reconocidos en la defensa de los Derechos Humanos, asumiendo su rol de representar a los querellantes en decenas de juicios. Denuncia la falta de celeridad que se registra en los Tribunales Federales de todo el país en causas por delitos de lesa humanidad y asegura que la Corte, con su inacción, favorece la impunidad de los genocidas.

Publicado hace

4 años

23.03.2023

ElArgentino.ar

Por Néstor Llidó

El problema principal de los juicios por delitos de lesa humanidad son las demoras, la falta de celeridad que se da en los Tribunales Federales de todo el país y con una Corte Suprema que con su lentitud para resolver beneficia a los genocidas”, analiza Pablo Llonto sobre la coyuntura de las causas pendientes por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Casi en contraposición de aquellos que pretenden ocultar, silenciar o ningunear la labor de los organismos de Derechos Humanos, Pablo Llonto sostiene que “el movimiento se encuentra muy, muy sólido, pese a que van falleciendo las Abuelas, las Madres, las víctimas, los sobrevivientes, ya que se ha formado en todo el país una red, un tejido importantísimo que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo”. A modo de ejemplo de ello, el militante, abogado y periodista expresa que “no hay ciudad o pueblo en la Argentina que no tenga una comisión por la memoria o distintas entidades que se fueron constituyendo, que dan un claro indicio sobre que el movimiento de Derechos Humanos fue creciendo. De manera institucional, en cada sindicato se cuenta con una secretaría específica y hasta recientemente se conformó la Comisión Intersindical por los Derechos Humanos que agrupa a los distintos gremios”. “También se refleja en los clubes de fútbol, con la conformación de subcomisiones y el homenaje a sus socios detenidos/desaparecidos, a sus deportistas que fueron víctimas de la dictadura. O lo que pasa en los barrios, donde se colocan baldosas o señalizaciones en memoria de los desaparecidos, se organizan todo tipo de actividades”, agrega Llonto. La “renovación” aparece garantizada por la presencia de la juventud en cada marcha por el aniversario del Golpe del 24 de marzo de 1976. “Frente al inevitable paso del tiempo, donde la consecuencia mayor es la muerte de Madres, Abuelas y de mucha gente que durante décadas ha empujado la realización de los juicios de lesa humanidad, la posta ha sido tomada por las nuevas generaciones. No se apaga la llama, se enciende y se reaviva de manera permanente”, concluye.
Pablo Llonto

Periodista de origen y abogado penalista especializado en la temática de Derechos Humanos, Llonto es un reconocido luchador del campo nacional y popular, representando a decenas de víctimas en los juicios por lesa humanidad y una voz autorizada para referirse a la situación de los procesos, tanto los que están en curso como los demorados. Y en esa tarea cotidiana, en cada “batalla” diaria, los cuestionamientos al “sistema judicial” surgen como consecuencia de esa inacción que no es antojadiza.

“Por ejemplo, se anuncian fechas de inicio de juicios, como la causa Puente 12, que era en octubre de 2022, luego la pasaron para febrero de este año y ahora nos notificaron que sería en abril, con la incertidumbre de no saber si arranca o no. Y son causas que ya vienen demoradas. Como otras en que demoraron dos años en fijar las fechas, como sucedió con el que se está haciendo ahora de las brigadas por el Pozo de Quilmes, Banfield y El Infierno”, cuenta Pablo Llonto a El Argentino.

Enumera “causas pendientes”, sin disimular el malestar, lanza: “Está el juicio de apropiación de bienes de los detenidos-desaparecidos de la ESMA, que está hace mucho tiempo elevado a juicio, pero el Tribunal Oral Federal N° 5 no pone fecha”.

“Otra muestra de la falta de celeridad es que se fijan audiencias, donde nosotros pedimos que se pongan tres por semana, pero ponen una sola y en casos, hasta una cada 15 días. De esa manera, todo demora mucho más”, agrega. Para el autor de libros como La Noble Ernestina, La Vergüenza de Todos y El Juicio que no se vio, hay una postura clara, al considerar que “estos juicios de lesa humanidad no son prioridad para el Poder Judicial, que nada hace para nombrar a los jueces que faltan para constituir los distintos tribunales que deben encargarse de los juicios, entre otras cuestiones”.

Según calcula, “a 20 años de reiniciados los juicios, hay un 60% aproximadamente de procesos pendientes. En mi listado de las víctimas que yo represento, sólo un 40% tuvo un juicio y el resto todavía no. Estas cuestiones demuestran que la falta de celeridad en los juicios es el tema más grave porque lo que trae como consecuencia es que mueren testigos, víctimas, sobrevivientes, familiares y los imputados también. Entonces, la Justicia se transforma en una fantasía”.

Ante los constantes beneficios excarcelatorios que reciben los condenados por delitos de lesa humanidad, el abogado Pablo Llonto no duda
en afirmar que “las responsabilidades de las prisiones domiciliarias es
de juezas y jueces que se dejan convencer fácilmente por falsos argumentos de los defensores de los genocidas que invocan cuestiones
de salud, que pueden tratarse, todas ellas, en hospitales del Servicio
Penitenciario Federal”.
“Los únicos casos que deberían convalidarse son los de enfermedades
terminales. Está claro que aquí hay una discriminación social, porque
a los mismos presos por delitos comunes que cometieron homicidios
y que tienen las mismas afecciones de salud que presentan los genocidas, como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos, nos les dan
domiciliaria”, expresó.
Pablo Llonto

La cuestionada Corte Suprema de Justicia de la Nación es el eje para resolver estas cuestiones y en tal sentido, recuerda que “como estos reclamos llevan años y años de demandas, en 2009 decidieron al recibir este cúmulo de quejas sacar una acordada donde decide la creación de la Comisión Interpoderes. Allí reúne a representantes de los tres poderes del Estado, se invita a las partes involucradas. Las fiscalías, defensas y querellas se plantean los problemas y se buscan soluciones, pero esto que mínimamente funcionaba, dejó de funcionar«.

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20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

Publicado hace

14 horas

04.10.2026

ElArgentino.ar

Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

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Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

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Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.