Un estudio elaborado por la Oficina de la Mujer y Violencia de Género del Poder Judicial del Chubut en el que se comparan las estructuras de ese poder del estado en las distintas provincias, concluye que existe una «discriminación estructural en el acceso en condiciones de igualdad a las mujeres para los cargos de máxima jerarquía de la Argentina».

El trabajo fue elaborado en apoyo de un proyecto que se encuentra en estudio de la Legislatura del Chubut, que promueve la igualdad de género en el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia, que tiene la particular marca –junto con solo otros cuatro distritos en el país– de no haber contado jamás con una mujer como integrante del máximo organismo de justicia.

«El presente análisis tiene por finalidad contribuir a la visibilización de la distriminación estructural a la que se enfrentan las mujeres que ejercen la abogacía para acceder, en condiciones de igualdad con los hombres, a las máximas magistraturas de los Poderes Juiciales, con el objetivo de favorecer la adopción de medidas necesarias para su modificación», dice el párrafo del trabajo donde se fijan los objetivos generales del informe.

Al sumar todas los poderes judiciales de las provincias, se concluye que hay 37.929 mujeres trabajando (el 58%) en distintos ámbitos frente a 27.966 hombres (un 42%), pero esa relación cambia cuando se trata de los cargos jerárquicos: allí, ellas ocupan el 43% de los puestos de magistradas y el 57% de los máximos cargos son ocupados por varones.

«Al analizar la participación de las mujeres en los restantes cargos, en los que las tareas administrativas aumentan y el poder de decisión disminuye, encontramos mayor cantidad de mujeres» sostiene un capítulo del informe.

El estudio sumó 130 cargos en los Superiores Tribunales Provinciales «efectivamente ocupados» (no cuenta los que están vacantes), donde se observa que el 69% de los integrantes de las cortes de justicia son desempeñados por hombres y el 31% por mujeres.

Sin embargo, sobre este aspecto puntual hay casos que rompen con la regla y son las provincias de Misiones, San Luis, la ciudad autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz que tienen más mujeres que hombres ejerciendo la máxima magistratura.

En el extremo opuesto están Formosa, Corrientes, La Rioja, Mendoza y Chubut que directamente no cuentan con mujeres en la integración del tribunal supremo.

Y están los casos de Jujuy y Chaco, que tienen igualdad de género (cuatro y cuatro en el primer caso y dos y dos en el segundo), a pesar de no tener una legislación que los obligue a la paridad como se pretende establecer en Chubut.

Para el caso de esta provincia hay un dato contundente: «Desde que se creó su estructura orgánica mediante la Ley n° 37, sancionada en el año 1958 y habiendo transcurrido 62 años desde su primera conformación, ninguna mujer ha formado parte del Superior Tribunal de Justicia» del Chubut.

«Esto es claramente un caso de discriminación indirecta, es decir no hay nada escrito que lo impida pero en la práctica el resultado indica que ninguna mujer pareciera estar en condiciones de ser integrante del Superior Tribunal de Justicia», interpreta Mariana Ripa, directora de la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género.

La funcionaria, interpela: «¿No hay ninguna mujer de tantas que ejercen la abogacía que no esté en condiciones de ocupar la máxima magistratura?»

Además de las que tienen igualdad de género y las extremas, donde no hay ninguna mujer, las «cortes» provinciales tienen sus matices.

Entre las provincias que existe representación de mujeres pero no alcanzan a la paridad de género hay seis: Salta (tres mujeres y seis varones), Tucumán, Catamarca, Río Negro (con dos mujeres y tres hombres), Córdoba (ellas son tres y ellos cuatro) y Tierra del Fuego (una mujer y dos varones).

En el informe se indica que «claramente en la más altas magistraturas donde se diseñan y ejecutan las políticas públicas en materia de justicia, las mujeres fueron durante décadas excluidas y en la actualidad cuentan, en general, con escasa participación o nula, lo que representa una discriminación con sesgo de género».

El trabajo elaborado por las letradas chubutenses Silvina Davies Bordenave, Marisa Barcelona y Mercedes Epele; coordinadas por Mariana Ripa, tiene un párrafo dedicado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

«La Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha sido la excepción de esta discriminación porque desde su creación en el año 1863, ha tenido dos integrantes mujeres (Carmen Argibay y Helena Highton de Nolasco), ambas designadas en el año 2004, siendo las primeras mujeres nombradas en democracia», a quienes se agrega Margarita Argúas, designada ente 1970 y 1973 durante el gobierno de facto de entonces.

«Desde la conformación de la Corte a la actualidad, la misma fue integrada por 108 hombres y solo tres mujeres ejercieron la máxima magistratura. El primer nombramiento debió esperar 107 años y luego debieron transcurrir 34 años para que dos mujeres sean designadas», se consigna.