Fabián Tablado, el asesino que lleva la marca de la condena social
Desde el 27 de mayo de 1996, Edgardo Aló lleva adelante una cruzada contra lo que él definió como la inacción de la justicia y para evitar que el hombre que mató a su hija de 113 puñaladas, no vuelva a lastimar a nadie.
“La sociedad hizo y hace, algo que la Justicia corrupta no hizo. La gente no se calló la boca y gritó que era perpetua, pero lo consideraron un homicidio simple sin agravantes. Le dieron 24 años, que ni siquiera cumplió, ya que salió antes, a pesar de recibir otra pena por una causa que enfrentó estando en la cárcel”.
Es la primera reflexión de Edgardo Aló, quien no deja ni un día de convocar a la “concientización” sobre las trágicas consecuencias de los noviazgos violentos y desde el crimen de su hija Carolina encabeza una “cruzada” contra la inacción de la justicia, mientras el asesino carga con la “condena social”, más allá de la fría letra del Código Penal y su implementación.
El 27 de mayo de 1996, Fabián Gerardo Tablado asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en su casa de la calle Albarellos al 300 de Tigre. Se acaban de cumplir ya 27 años de ese homicidio al que entonces se lo consideraba, junto con otros ataques de la violencia machista, con la equívoca etiqueta de “crímenes pasionales”, muy lejos de la aplicación del concepto del femicidio.
Eran novios, él tenía 20 años y ella 17. Iban juntos a la secundaria nocturna, cuando en aquella jornada se les permitió retirarse antes, pese a no estar autorizados. Fueron al domicilio de Tablado y fue allí donde se produjo la agresión que los peritos que analizaron la autopsia resumieron como “incalificable”, por la cantidad de lesiones ocasionadas con cuatro armas blancas diferentes.
Sin embargo, al momento de afrontar la condena, no se consideró el agravante de la alevosía, por ejemplo. No eran tiempos de una sociedad que analizara la violencia machista con perspectiva de género, como hacía falta ante semejante crueldad. “Cuando hay plata, la Justicia mira para otro lado”, comenta Edgardo Aló a EL ARGENTINO, en referencia al fallo que no sentenció a perpetua al asesino de su hija.
Los 24 años de cárcel por el crimen de Carolina Aló se transformaron en 26, debido a que ya en prisión Fabián Tablado se casó, tuvo dos hijas mellizas y en una de las visitas de su pareja la amenazó de muerte, por lo que recibió otra condena. No obstante, resultó beneficiado por esas “cuestiones penitenciarias” para que saliera en libertad en febrero de 2020 y no en diciembre de 2022, según el cómputo de la pena.
Allí se inició otro capítulo del caso, al fijar una restricción perimetral para que Tablado se acercara al padre de Carolina. La desobedeció y entonces tuvo que volver a la cárcel durante otro año. Ahora está radicado en una residencia evangelista de Posadas, en la capital misionera, luego de ser “rechazado” por los pueblos de Bell Ville (Córdoba), San Clemente del Tuyú (Buenos Aires), Cañada de Gómez (Santa Fe) y Gobernador Virasoro (Corrientes).
“Por algo este psicópata anda por la vida con una tobillera para ser monitoreado, se le fijó una perimetral inédita de 300 kilómetros para que no se acerque a mi familia y soy el único caso de contar un botón antipánico para que un varón se cuide de otro varón”, señala Edgardo Aló.
En el imaginario popular, a lo largo de los años, frente al caso del crimen de Carolina Aló se instaló aquello que “algún día el padre va a matar a Tablado”. Era el comentario generalizado, ante un episodio que sentó un mojón en la historia criminal contemporánea del país.
Y ante la consulta puntual, el hombre responde: “No puedo saber cómo reaccionaría, más allá que la Justicia me haya empujado a esa idea. Por eso evito que este tipo pueda lastimar a mi familia, a más mujeres como ya lo hizo, con la perimetral que recientemente le prorrogaron. Yo digo que estos asesinos tienen que salir de la cárcel, el mismo día en que sus víctimas puedan salir del cementerio”.
Por la denominada «Ley Carolina Aló», promulgada por el gobierno bonaerense en enero de 2021, se estableció que cada 27 de mayo se conmemore el «Día de la Visibilización y Lucha contra la Violencia en los Noviazgos».
“Con la Fundación que creamos vamos dejando la marca de la concientización a cada lugar que vamos del país”, expresa Edgardo Aló, quien el último sábado encabezó el acto de recuerdo y homenaje a su hija, en la plaza de Tigre donde se instaló un monolito.
En el colegio secundario al que asistían el femicida y la adolescente se pintó un mural, colocaron una placa y a través de una consulta popular se decidió bautizar con el nombre de Carolina Aló a la Escuela Nro. 15 de la localidad de General Pacheco.
“Rezamos cada mañana para no dormir en la calle”: huyó de la violencia machista en Argentina y denuncia abandono en España
Valeria De Bernardinis habló con El Argentino sobre la violencia que la obligó a huir del país junto a sus hijos. Hace siete años viven en España entre la precariedad, las secuelas psicológicas y el temor de quedar en la calle, mientras reclaman ayuda urgente del consulado argentino y que la Justicia los reconozca como víctimas para acceder a derechos básicos.
“Vivimos el día a día, prácticamente no tenemos para comer. Rezamos cada mañana para no dormir en la calle esa misma noche”. La frase sale de la boca de Valeria De Bernardinis, pero atraviesa a toda la familia. «Hace 7 años y 145 días» vive en España junto a sus dos hijos menores -hoy 16 y 19 años-, uno de ellos con autismo severo y el otro diagnosticado con trastorno por estrés postraumático. Escaparon de Argentina después de años de violencia extrema, amenazas y denuncias que -asegura- nunca lograron protegerlos del todo.
Hoy, lejos de encontrar tranquilidad, dice sentirse nuevamente abandonada. “El consulado argentino nos ha abandonado literalmente”, denuncia, al tiempo que reclama una vivienda urgente, la restitución de la pensión por discapacidad de uno de sus hijos -suspendida desde febrero- y que la Justicia española finalmente los reconozca a los tres como víctimas de violencia machista, condición que les permitiría acceder a asistencia económica, programas habitacionales y derechos básicos.
Un botón antipánico y 148 denuncias
La historia que hoy la tiene al borde de quedar en la calle comenzó mucho antes de España. Valeria ya era madre de un hijo de 11 años de un matrimonio anterior cuando conoció a Dionisio Ruiz Díaz a comienzos de los 2000. “Él lo quería más que a sus propios hijos”, recuerda con angustia.
Al principio, la violencia fue silenciosa: “Me fue apartando de mis amistades, de todo mi entorno. Me hacía creer que sin él yo no era nadie”. Después llegaron los golpes: “Perdí cinco embarazos por las palizas”. Durante años ocultó la violencia incluso frente a médicos y conocidos. “Decía que me había caído o golpeado con una puerta”, y confiesa que sentía «vergüenza«.
Valeria asegura que convivió durante años con miedo constante. En octubre de 2016 consiguió una perimetral y fue una de las primeras mujeres de Almirante Brown en recibir un botón antipánico. “A mí ese botón me salvó la vida”, asegura.
Pero ni las denuncias ni las restricciones alcanzaron para frenar a su agresor. Según relata, violentaba las órdenes de alejamiento y vigilaba la vivienda permanentemente. Valeria llegó a realizar “59 denuncias en lo civil y 89 en lo penal”. El episodio que terminó de quebrarlo todo ocurrió una semana antes de viajar a España. Según cuenta, su expareja intentó incendiar la casa familiar de Claypole mientras ella y los chicos estaban adentro: “Escondí a mis hijos debajo de la cama y pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’”.
Asimismo, cuenta que la policía llegó después de la activación del botón antipánico y que el hombre «fue detenido con un bidón de combustible en la mano». Sin embargo, horas después recuperó la libertad: “Me dijeron que cuando llegara a mi casa avisara para poder soltarlo”.
Dormían todos juntos en el comedor mientras patrulleros vigilaban la casa durante la noche. Para llevar a su hijo a las terapias necesitaba custodia policial. “A cada hora me llamaban para ver si seguía viva”.
Cabe señalar que la historia de Valeria refleja una problemática estructural que se repite en muchos casos de violencia de género: mujeres que denuncian durante años y aun así continúan expuestas a situaciones extremas. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, durante 2025 hubo 262 víctimas fatales de violencia de género en Argentina: un femicidio cada 33 horas.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
En esta misma línea, la Asociación Civil “Ahora que sí nos ven” registra que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 hubo 80 víctimas fatales de violencia de género: un femicidio cada 36 horas. Casi el 20% de esas mujeres había denunciado previamente y en el 70% de los casos los agresores eran parejas o exparejas.
“Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”
Después de aquél episodio, escapar fue la única alternativa posible. Valeria consiguió la autorización del padre para sacar legalmente a los chicos del país, vendió su casa y armó las valijas de madrugada. “Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”, confiesa.
El refugio apareció a través de Facebook. Una familia española le ofreció alojamiento después de conocer su historia. Pero cuando llegó, asegura, todo fue distinto: “Me usaron”.
Según relata, le quitaron dinero, contactos y documentación y, cuando “se acabó el dinero”, los echaron de la casa en plena pandemia. “Dormíamos en el piso y nos tapábamos con nuestra propia ropa”.
Durante estos años distintas asociaciones y personas particulares les brindaron ayuda. Pero con el tiempo -dice- muchos terminaron alejándose por el desgaste emocional y económico que implicaba sostener una situación tan prolongada. La sensación de haber cometido un error la acompañó desde el comienzo: “Sentí que había cometido el peor error de mi vida”.
El miedo siguió en España
Los hijos de Valeria llegaron a España siendo apenas chicos. Tenían 9 y 11 años. Atrás habían quedado las denuncias, los patrulleros y la violencia cotidiana. Pero el miedo -asegura- nunca desapareció del todo.
El menor fue diagnosticado con un grave trastorno por estrés postraumático. “El desarraigo es enorme. Mi hijo extraña a su hermano mayor, que se quedó en Argentina, y no puede con todo lo que vivimos”, cuenta.
Según relata, las secuelas psicológicas se profundizaron con los años. El menor atravesó situaciones de bullying y discriminación escolar que terminaron afectando seriamente su salud emocional.
Pero lo peor volvió a ocurrir hace tres años. Valeria asegura que su expareja logró encontrarlos en España y secuestró durante varias horas a uno de sus hijos. “Creo que me desmayé cien veces en ese lapso”.
Todavía hoy recuerda esas horas como uno de los momentos más desesperantes de su vida. Para ella, hubo fallas graves que permitieron el ingreso de su agresor al país. “No falló el juez. Falló la policía”.
“No quiero dormir en la calle con mis hijos”
Siete años después de haber escapado de Argentina, Valeria asegura que volvió a sentir el mismo miedo: quedarse sola, sin protección y sin un lugar donde vivir. “La situación es cada vez peor. Vivimos el día a día. Prácticamente no tenemos para comer”, relata.
Hoy reclama que la Justicia española finalmente cierre el expediente y los reconozca formalmente como víctimas de violencia machista, algo que -según denuncia- permanece paralizado desde hace más de siete años en el Juzgado Nº3 de Sant Feliu de Guíxols.
En España, ese reconocimiento puede habilitar el acceso a asistencia económica, programas de vivienda, apoyo psicológico y otras ayudas sociales específicas. “Hasta que no nos reconozcan como víctimas, no podemos acceder a derechos básicos”, explica.
A eso se suma otra urgencia: desde febrero dejó de cobrar la pensión por discapacidad de uno de sus hijos. “Era lo único que me llegaba. Y hasta eso me sacaron”. Valeria asegura haber presentado toda la documentación requerida, incluida la fe de vida ante el consulado argentino en Barcelona, pero afirma que todavía no obtuvo respuestas.
La situación no es aislada. En distintos puntos de Argentina, familias vienen denunciando suspensiones de pensiones por discapacidad, demoras administrativas y falta de respuestas oficiales, en un contexto atravesado por auditorías impulsadas por el Gobierno nacional que alcanzaron a más de 110.000 beneficios durante el último año.
Pero detrás de los expedientes, las auditorías y las demoras administrativas, la urgencia de Valeria y sus hijos es mucho más simple y brutal: sobrevivir. Sin ingresos estables y con miedo constante a quedarse en la calle, intenta sostener a sus hijos como puede. “No quiero dormir en la calle con mis hijos”, repite.
Y aunque el miedo y el agotamiento parecen haber atravesado cada etapa de su vida, hay una ausencia que todavía le duele más que cualquier otra: la de su hijo mayor, que permanece en Argentina y al que no ve desde hace más de siete años. “¿Sabés lo que daría por un abrazo?”, dice con la voz quebrada.
Si queres colaborar con Valeria:
Banco BBVA a nombre de María Valeria De Bernardinis
“Hoy no sé quién soy”
La historia de Valeria también atraviesa otra búsqueda: la de su identidad. En Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo estima que todavía quedan alrededor de 300 hombres y mujeres que podrían haber sido apropiados durante la última dictadura militar y aún desconocen su verdadera identidad. “Yo siempre supe que era adoptada”, cuenta.
Según relata, fue criada por un matrimonio italiano y sufrió violencia durante toda su infancia. “Yo siento que me criaron mis secuestradores”.
Años después, mientras revisaba viejas valijas familiares, encontró partidas de nacimiento y comenzó a investigar sus orígenes. Así fue como Valeria logró descubrir quién era su madre biológica. Se llamaba Teresa Sandoval y trabajaba en una casa de Capital Federal.
“Hay toda una historia oscura detrás”, que incluso la llevó a sospechar que pudo haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura militar. “Cuando mi mamá dio a luz, el hijo de esa familia se fue a Israel y la abuela se suicidó. Hay muchas cosas que nunca pude entender”. Hoy, sigue buscando respuestas: “No sé quién soy”.
Línea 102 Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.
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