Géneros 🟣
Violencia de género en la Iglesia: abrazo al Convento San Bernardo en apoyo a monjas
La convocatoria se realizó bajo el lema “#HermanaSiTeCreo”, y la actividad se concretó en el marco de la ley 26485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Organizaciones feministas realizaron esta tarde un abrazo simbólico al Convento San Bernardo, en apoyo a las monjas que denunciaron al arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, por violencia de género, y pidieron que sea juzgado por las leyes argentinas sin amparo del derecho canónico, que «no corresponde», enfatizaron les denunciantes.
“Este caso sorprende porque, si bien estamos en una provincia en la que hay más de 30 mil denuncias por violencia de género por mes, el agresor es el arzobispo, un varón de una cultura patriarcal, machista, que cree que está en una situación de jerarquía hacia las mujeres, y las hermanas le demostraron que somos todos iguales ante la ley, sin prerrogativas ni privilegios”, expresó la asesora legal de la Fundación Género y Masculinidades (GEMA), Tania Kiríaco.
Las afirmaciones de la abogada fueron formuladas esta tarde, en el marco del abrazo simbólico al Convento San Bernardo, ubicado en el centro de la ciudad de Salta, sobre calle Caseros, en apoyo a las monjas que denunciaron a Cargnello.
La convocatoria se realizó bajo el lema “#HermanaSiTeCreo”, y la actividad se concretó en el marco de la ley 26485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
“Estamos acá, apoyando a las carmelitas descalzas, movimientos feministas, vecinos, defensoras oficiales, o sea, un grupo de mujeres que vienen luchando desde siempre por la protección de las mujeres”, expresó Kiríaco.
Luego, sostuvo que “nos une con las hermanas que son mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de un varón, que en este caso es el arzobispo de Salta”, y agregó que “la jueza que entiende en la causa estimó que son necesarias las medidas de protección, que están vigentes, como la consigna fija de un policía, la prohibición de realizar actos de violencia y de acercamiento al Convento”.
“Cuando una mujer es víctima de violencia, más allá de sus hábitos y sus creencias, hace una denuncia porque está siendo hostigada y está viviendo una agresión por parte de un varón, utiliza los mecanismos que le da el estado”, precisó.
Kiríaco indicó que “la jueza merituó que las mujeres monjas están viviendo una situación de violencia, por lo tanto, las protegió a través de esas medidas”, y sostuvo que, si bien hoy el arzobispo no se presentó a la audiencia que estaba fijada, “en cualquier momento se va a tener que presentar ante la justicia, como cualquier varón agresor”.
Del encuentro de hoy participaron agrupaciones como Marea Feminismo Popular, Abogdxs del Instituto Jurídico de Género, la Fundación Resiliencia, Género y Trueque, La Cámpora, el Foro de Mujeres e Igualdad de Oportunidades, y la Organización de mujeres Indígenas del Buen Vivir, entre otras organizaciones.
Carteles y cánticos en contra del arzobispo completaron la escena de esta convocatoria.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta, la ex diputada provincial Silvia Varg, manifestó: “Queremos que las personas que cometieron este delito de violencia en contra de las monjas carmelitas sean juzgados como corresponde, en la justicia local, y queremos que sea en tiempo y forma”.
“Espero realmente que se presente este arzobispo, que está cuestionado por las mujeres, porque más allá que quiera ampararse en el derecho canónico, cosa que no corresponde, él ha cometido violencia de género y eso se juzga por las leyes argentinas y en la justicia local”, dijo.
Hoy debía realizarse una audiencia convocada por la jueza de Violencia Familiar y de Género 3, Carolina Cáceres Moreno, pero se suspendió debido a que monseñor Cargnello participa desde ayer y hasta el próximo viernes, de la 120 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en Pilar.
Se trata de la causa «Monasterio, San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde, Martín; y Ajaya, Lucio Francisco por violencia de género», que surgió tras la denuncia radicada antes de Semana Santa por las monjas del convento de clausura.
La semana pasada, Cáceres Moreno no hizo lugar a un planteo de incompetencia formulado por la defensa del arzobispo, quien entendió que, en esta causa, corresponde la intervención del fuero eclesiástico, de conformidad al Concordato con la Santa Sede de 1966.
Cáceres Moreno, que apenas recibió la denuncia realizada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género dictó una serie de medidas precautorias, consideró que se encuentra habilitada para intervenir en la causa, en el marco de los tratados Internacionales de Derechos Humanos y leyes nacionales y provinciales que rigen la materia.
La defensa de Cargnello presentó ante el juzgado un recurso de apelación en contra de esta medida.
Tras la denuncia, la jueza dispuso de manera provisoria intimar a Cargnello, De Elizalde y Ajaya a que se abstengan de ejercer actos de violencias de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de la madre priora María Fátima del Espíritu Santo, otras dos monjas mencionadas en la denuncia y las demás hermanas del monasterio de clausura.
Además, a los tres denunciados se les prohibió el acercamiento a 300 metros del Convento San Bernardo, y se fijó la audiencia para hoy, que finalmente se suspendió.
Femicidio
Femicidio en Los Polvorines: mató a una madre que defendió a su hija de ser abusada
Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, fue capturado por la Policía Federal en un edificio del microcentro porteño luego de dos días prófugo. Este lunes se realiza la lectura de cargos: enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua por homicidio calificado con violencia de género y uso de arma blanca.
Femicidio en Los Polvorines: atraparon al asesino de la madre que murió protegiendo a su hija
Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, acusado del femicidio de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, fue detenido por la Policía Federal en las últimas horas en un edificio de la calle Florida, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde frecuentaba a una pareja ocasional. El hombre había permanecido prófugo desde el jueves, cuando cometió el crimen en el partido bonaerense de Los Polvorines, al norte del Gran Buenos Aires.
Una madre que dio su vida por su hija
El hecho ocurrió mientras Yolanda Cáceres y su hija de 9 años dormían en su vivienda. Según los reportes policiales, Amarilla ingresó a la casa a través de una ventana y comenzó a abusar sexualmente de la menor. La madre advirtió la situación e intervino para protegerla. En el forcejeo, el agresor, quien sería una persona conocida por la familia, atacó a Cáceres con dos puñaladas en el cuello y la cabeza, provocándole heridas fatales que le causaron la muerte en el acto.
Luego del crimen, Amarilla huyó. La niña logró escapar de la escena y pidió ayuda a los vecinos. Su testimonio ante los investigadores resultó determinante para identificar y localizar al sospechoso. Una de las frases que trascendió de su declaración resume el horror de lo vivido: «Me tapó la boca para que no gritara».
La detención y el peso de la ley
El allanamiento que derivó en la captura fue descripto como sorpresivo por fuentes policiales. Amarilla se encontraba en el edificio de la calle Florida sin aparente resistencia al momento de ser aprehendido.
Este lunes se realizará la lectura de cargos, el acusado enfrenta cargos por homicidio calificado por mediar violencia de género con uso de arma blanca y su condición de prófugo le cierra la puerta a cualquier beneficio procesal. «Se enfrenta una pena en expectativa a perpetua.
Violencia de género: el crimen que no puede naturalizarse
El caso de Yolanda Cáceres no es un hecho aislado. Es el resultado de una violencia estructural que sigue cobrando vidas de mujeres en Argentina. Una madre asesinada por interponerse entre un agresor y su hija de 9 años que era víctima de abuso sexual. Una niña que ahora carga con el testimonio de haber visto morir a su madre mientras la defendía. Un femicida que huyó y se escondió durante dos días antes de ser atrapado.
La muerte de Yolanda exige respuestas que van más allá de la condena individual: políticas públicas de prevención, recursos para la justicia con perspectiva de género, y una sociedad que no mire para otro lado cuando hay señales de violencia en el entorno.
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