Géneros 🟣
Violencia de género en la Iglesia: abrazo al Convento San Bernardo en apoyo a monjas
La convocatoria se realizó bajo el lema “#HermanaSiTeCreo”, y la actividad se concretó en el marco de la ley 26485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Organizaciones feministas realizaron esta tarde un abrazo simbólico al Convento San Bernardo, en apoyo a las monjas que denunciaron al arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, por violencia de género, y pidieron que sea juzgado por las leyes argentinas sin amparo del derecho canónico, que «no corresponde», enfatizaron les denunciantes.
“Este caso sorprende porque, si bien estamos en una provincia en la que hay más de 30 mil denuncias por violencia de género por mes, el agresor es el arzobispo, un varón de una cultura patriarcal, machista, que cree que está en una situación de jerarquía hacia las mujeres, y las hermanas le demostraron que somos todos iguales ante la ley, sin prerrogativas ni privilegios”, expresó la asesora legal de la Fundación Género y Masculinidades (GEMA), Tania Kiríaco.
Las afirmaciones de la abogada fueron formuladas esta tarde, en el marco del abrazo simbólico al Convento San Bernardo, ubicado en el centro de la ciudad de Salta, sobre calle Caseros, en apoyo a las monjas que denunciaron a Cargnello.
La convocatoria se realizó bajo el lema “#HermanaSiTeCreo”, y la actividad se concretó en el marco de la ley 26485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
“Estamos acá, apoyando a las carmelitas descalzas, movimientos feministas, vecinos, defensoras oficiales, o sea, un grupo de mujeres que vienen luchando desde siempre por la protección de las mujeres”, expresó Kiríaco.
Luego, sostuvo que “nos une con las hermanas que son mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de un varón, que en este caso es el arzobispo de Salta”, y agregó que “la jueza que entiende en la causa estimó que son necesarias las medidas de protección, que están vigentes, como la consigna fija de un policía, la prohibición de realizar actos de violencia y de acercamiento al Convento”.
“Cuando una mujer es víctima de violencia, más allá de sus hábitos y sus creencias, hace una denuncia porque está siendo hostigada y está viviendo una agresión por parte de un varón, utiliza los mecanismos que le da el estado”, precisó.
Kiríaco indicó que “la jueza merituó que las mujeres monjas están viviendo una situación de violencia, por lo tanto, las protegió a través de esas medidas”, y sostuvo que, si bien hoy el arzobispo no se presentó a la audiencia que estaba fijada, “en cualquier momento se va a tener que presentar ante la justicia, como cualquier varón agresor”.
Del encuentro de hoy participaron agrupaciones como Marea Feminismo Popular, Abogdxs del Instituto Jurídico de Género, la Fundación Resiliencia, Género y Trueque, La Cámpora, el Foro de Mujeres e Igualdad de Oportunidades, y la Organización de mujeres Indígenas del Buen Vivir, entre otras organizaciones.
Carteles y cánticos en contra del arzobispo completaron la escena de esta convocatoria.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta, la ex diputada provincial Silvia Varg, manifestó: “Queremos que las personas que cometieron este delito de violencia en contra de las monjas carmelitas sean juzgados como corresponde, en la justicia local, y queremos que sea en tiempo y forma”.
“Espero realmente que se presente este arzobispo, que está cuestionado por las mujeres, porque más allá que quiera ampararse en el derecho canónico, cosa que no corresponde, él ha cometido violencia de género y eso se juzga por las leyes argentinas y en la justicia local”, dijo.
Hoy debía realizarse una audiencia convocada por la jueza de Violencia Familiar y de Género 3, Carolina Cáceres Moreno, pero se suspendió debido a que monseñor Cargnello participa desde ayer y hasta el próximo viernes, de la 120 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en Pilar.
Se trata de la causa «Monasterio, San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde, Martín; y Ajaya, Lucio Francisco por violencia de género», que surgió tras la denuncia radicada antes de Semana Santa por las monjas del convento de clausura.
La semana pasada, Cáceres Moreno no hizo lugar a un planteo de incompetencia formulado por la defensa del arzobispo, quien entendió que, en esta causa, corresponde la intervención del fuero eclesiástico, de conformidad al Concordato con la Santa Sede de 1966.
Cáceres Moreno, que apenas recibió la denuncia realizada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género dictó una serie de medidas precautorias, consideró que se encuentra habilitada para intervenir en la causa, en el marco de los tratados Internacionales de Derechos Humanos y leyes nacionales y provinciales que rigen la materia.
La defensa de Cargnello presentó ante el juzgado un recurso de apelación en contra de esta medida.
Tras la denuncia, la jueza dispuso de manera provisoria intimar a Cargnello, De Elizalde y Ajaya a que se abstengan de ejercer actos de violencias de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de la madre priora María Fátima del Espíritu Santo, otras dos monjas mencionadas en la denuncia y las demás hermanas del monasterio de clausura.
Además, a los tres denunciados se les prohibió el acercamiento a 300 metros del Convento San Bernardo, y se fijó la audiencia para hoy, que finalmente se suspendió.
Córdoba
El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.
Una condena perpetua ignoró el contexto
En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.
Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.
El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.
Perspectiva de género y estándares internacionales
Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.
Más de diez organizaciones impulsaron la revisión
La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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