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Violencia de género en la Iglesia: abrazo al Convento San Bernardo en apoyo a monjas
La convocatoria se realizó bajo el lema “#HermanaSiTeCreo”, y la actividad se concretó en el marco de la ley 26485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Organizaciones feministas realizaron esta tarde un abrazo simbólico al Convento San Bernardo, en apoyo a las monjas que denunciaron al arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, por violencia de género, y pidieron que sea juzgado por las leyes argentinas sin amparo del derecho canónico, que «no corresponde», enfatizaron les denunciantes.
“Este caso sorprende porque, si bien estamos en una provincia en la que hay más de 30 mil denuncias por violencia de género por mes, el agresor es el arzobispo, un varón de una cultura patriarcal, machista, que cree que está en una situación de jerarquía hacia las mujeres, y las hermanas le demostraron que somos todos iguales ante la ley, sin prerrogativas ni privilegios”, expresó la asesora legal de la Fundación Género y Masculinidades (GEMA), Tania Kiríaco.
Las afirmaciones de la abogada fueron formuladas esta tarde, en el marco del abrazo simbólico al Convento San Bernardo, ubicado en el centro de la ciudad de Salta, sobre calle Caseros, en apoyo a las monjas que denunciaron a Cargnello.
La convocatoria se realizó bajo el lema “#HermanaSiTeCreo”, y la actividad se concretó en el marco de la ley 26485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
“Estamos acá, apoyando a las carmelitas descalzas, movimientos feministas, vecinos, defensoras oficiales, o sea, un grupo de mujeres que vienen luchando desde siempre por la protección de las mujeres”, expresó Kiríaco.
Luego, sostuvo que “nos une con las hermanas que son mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de un varón, que en este caso es el arzobispo de Salta”, y agregó que “la jueza que entiende en la causa estimó que son necesarias las medidas de protección, que están vigentes, como la consigna fija de un policía, la prohibición de realizar actos de violencia y de acercamiento al Convento”.
“Cuando una mujer es víctima de violencia, más allá de sus hábitos y sus creencias, hace una denuncia porque está siendo hostigada y está viviendo una agresión por parte de un varón, utiliza los mecanismos que le da el estado”, precisó.
Kiríaco indicó que “la jueza merituó que las mujeres monjas están viviendo una situación de violencia, por lo tanto, las protegió a través de esas medidas”, y sostuvo que, si bien hoy el arzobispo no se presentó a la audiencia que estaba fijada, “en cualquier momento se va a tener que presentar ante la justicia, como cualquier varón agresor”.
Del encuentro de hoy participaron agrupaciones como Marea Feminismo Popular, Abogdxs del Instituto Jurídico de Género, la Fundación Resiliencia, Género y Trueque, La Cámpora, el Foro de Mujeres e Igualdad de Oportunidades, y la Organización de mujeres Indígenas del Buen Vivir, entre otras organizaciones.
Carteles y cánticos en contra del arzobispo completaron la escena de esta convocatoria.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta, la ex diputada provincial Silvia Varg, manifestó: “Queremos que las personas que cometieron este delito de violencia en contra de las monjas carmelitas sean juzgados como corresponde, en la justicia local, y queremos que sea en tiempo y forma”.
“Espero realmente que se presente este arzobispo, que está cuestionado por las mujeres, porque más allá que quiera ampararse en el derecho canónico, cosa que no corresponde, él ha cometido violencia de género y eso se juzga por las leyes argentinas y en la justicia local”, dijo.
Hoy debía realizarse una audiencia convocada por la jueza de Violencia Familiar y de Género 3, Carolina Cáceres Moreno, pero se suspendió debido a que monseñor Cargnello participa desde ayer y hasta el próximo viernes, de la 120 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en Pilar.
Se trata de la causa «Monasterio, San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde, Martín; y Ajaya, Lucio Francisco por violencia de género», que surgió tras la denuncia radicada antes de Semana Santa por las monjas del convento de clausura.
La semana pasada, Cáceres Moreno no hizo lugar a un planteo de incompetencia formulado por la defensa del arzobispo, quien entendió que, en esta causa, corresponde la intervención del fuero eclesiástico, de conformidad al Concordato con la Santa Sede de 1966.
Cáceres Moreno, que apenas recibió la denuncia realizada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género dictó una serie de medidas precautorias, consideró que se encuentra habilitada para intervenir en la causa, en el marco de los tratados Internacionales de Derechos Humanos y leyes nacionales y provinciales que rigen la materia.
La defensa de Cargnello presentó ante el juzgado un recurso de apelación en contra de esta medida.
Tras la denuncia, la jueza dispuso de manera provisoria intimar a Cargnello, De Elizalde y Ajaya a que se abstengan de ejercer actos de violencias de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de la madre priora María Fátima del Espíritu Santo, otras dos monjas mencionadas en la denuncia y las demás hermanas del monasterio de clausura.
Además, a los tres denunciados se les prohibió el acercamiento a 300 metros del Convento San Bernardo, y se fijó la audiencia para hoy, que finalmente se suspendió.
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Fractura de nariz y celular confiscado: denuncian a futbolista de Independiente por violencia de género
El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 de Buenos Aires ordenó medidas de protección urgentes para J.S., una joven platense de 21 años que acusó a Nicolás Tomás Garrido Aparicio de agredirla durante más de dos horas en su departamento porteño. La OVD calificó la situación como de «riesgo alto».
El nombre de Nicolás Tomás Garrido Aparicio, defensor central de 20 años que integra la Reserva del Club Atlético Independiente, quedó al centro de una causa judicial de violencia de género tras la denuncia presentada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una joven de 21 años, identificada en el expediente como J.S., estudiante universitaria platense que cursa en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
Los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron la situación como de «riesgo alto». La causa fue remitida al Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actuó con celeridad y resolvió dictar medidas cautelares urgentes y provisorias en el marco de las leyes de Violencia Familiar y de Protección Integral de las Mujeres (Ley 26.485).
Una madrugada de celos y violencia
Según el relato aportado por la denunciante al expediente judicial, los hechos se desencadenaron durante la madrugada del sábado, luego de que ambos coincidieran en un local bailable. La joven se retiró antes y se dirigió al departamento del jugador, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras él permanecía en el boliche.
En ese lapso, de acuerdo con su testimonio, Garrido Aparicio comenzó a enviarle mensajes acusándola de supuestas infidelidades y de haberse dirigido a una fiesta posterior, algo que la joven negó. Una vez que el jugador regresó al departamento, se desató la agresión. El expediente judicial consigna que uno de los episodios violentos estuvo vinculado a los celos y a lo que el informe calificó como un «arranque irascible» del denunciado.
La joven declaró haber sido sometida a una golpiza que se extendió por más de dos horas, que le provocó una fractura de tabique nasal. Según surge de la denuncia, el acusado le sustrajo el teléfono celular para impedirle solicitar ayuda. Luego del episodio, la víctima informó a su familia, radicó la denuncia correspondiente y quedó bajo protección judicial.
La respuesta judicial: seis meses de restricción
El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 consideró acreditados, de manera preliminar, los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y resolvió dictar de inmediato medidas de protección provisorias. Las disposiciones incluyen una prohibición de acercamiento de 200 metros por seis meses, que alcanza el domicilio de la víctima en La Plata, la sede de la UADE donde cursa estudios y cualquier otro lugar donde J.S. se encuentre.
El juez prohibió además todo contacto por teléfono, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio electrónico, y ordenó la continuidad del botón antipánico que ya había sido entregado a la joven durante el fin de semana. Según surge del expediente Garrido Aparicio juega en la reserva del club de Avellaneda pero ya firmó contrato con el primer equipo, con vínculo vigente hasta diciembre de 2028.
Independiente, otra vez
El caso se suma a un contexto de preocupación creciente en torno a la conducta de jugadores del club fuera de la cancha. La denuncia se conoce semanas después de que el propio Club Atlético Independiente debiera presentarse ante la Fiscalía Nº 2 de Avellaneda para formalizar una denuncia por casos de grooming en sus divisiones inferiores, en mayo de 2026, tras una alerta generada por el padre de uno de los futbolistas menores.
La acumulación de situaciones graves en el entorno institucional del club reaviva el debate sobre los protocolos de conducta y los mecanismos de contención y formación de valores en el fútbol profesional argentino, en un país donde la violencia de género sigue siendo una crisis estructural sin resolver.
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