#Femicidio en Córdoba: sedaron a la madre de Agostina y la familia promete no bajar los brazos

Córdoba amaneció este domingo con el peso de una semana de angustia convertida en el peor de los desenlaces posibles. Los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida el sábado 23 de mayo, fueron hallados el sábado por la tarde en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, poniendo fin a siete días de búsqueda desesperada y abriendo una nueva etapa judicial que apunta directamente a la figura de abuso sexual seguido de femicidio.

Este medio publicó ayer la primera cobertura del hallazgo bajo el título «Bronca y movilización en Córdoba por el femicidio de Agostina Vega». Hoy, los testimonios de la familia agregan un capítulo de dolor que ningún protocolo estatal alcanzó a prevenir.

La madre sedada, el abuelo con la voz quebrada

La crudeza del momento que vivió la familia quedó expuesta en el testimonio de los abuelos de Agostina. Melisa Heredia, madre de la víctima, permanecía internada en el Hospital San Roque cuando le comunicaron la confirmación del hallazgo. La mujer, que llevaba días sin comer ni beber agua por la angustia de la búsqueda, debió ser sedada de inmediato por el equipo médico cuando recibió la noticia.

«Le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir. Hoy no. Ella está muy mal, como todos», relató la abuela. Su marido, Miguel Heredia, explicó que la familia debió ajustarse a las indicaciones del equipo de psiquiatras que asistía a Melisa en ese momento: «Ella quiere saber más información, pero no se la podemos dar por una cuestión de que estaba el equipo de psiquiatras con nosotros, que nos pidieron que le dijéramos solamente eso».

El cuadro de salud de Melisa es crítico. A la devastación emocional se suma un estado de deshidratación con compromiso renal, producto de los días en que la mujer se negó a alimentarse o hidratarse mientras buscaba a su hija. «Ella, como estuvo tantos días sin comer y sin tomar agua, está deshidratada. Ahora tiene problemas renales. Está muy mal», agregó la abuela. Melisa continúa internada en terapia intensiva.

Pese al dolor, Miguel dejó en claro que la familia no tiene intenciones de retroceder. «Estábamos preparados para todo. Pero estamos de pie, unidos en familia y vamos a seguir luchando«, afirmó. Anticipó que continuarán con las movilizaciones y pidió a la prensa que no los abandone: «Le pido que no nos dejen solos y nos sigan acompañando hasta el final». El abogado de la familia, Carlos Nayi, se comprometió a impulsar la causa hasta sus últimas consecuencias.

El único detenido: un historial que la justicia no supo frenar

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, empleado de la Municipalidad de Córdoba a través de la empresa tercerizada Squad Security en el área de Tránsito, es el único detenido en la causa. Conocía a Agostina porque era amigo de su madre, Melisa. Los propios abuelos confirmaron que ambos habían sido pareja hace aproximadamente tres años.

Las cámaras de seguridad del barrio Cofico lo mostraron junto a la adolescente en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo la noche del 23 de mayo, alrededor de las 22:30. Según la fiscalía, Barrelier pagó el remís que la joven tomó desde su domicilio en el barrio General Mosconi, y ambos caminaron juntos hacia la vivienda del sospechoso.

Se detectó además que el teléfono de Agostina permaneció en la casa del acusado unas tres horas antes de dejar de estar operativo. Esa misma noche, Barrelier le envió mensajes a Melisa indicando que «Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila«, según la cronología del caso. Según los abuelos y fuentes del caso el sospechoso habría utilizado como engaño la promesa de un regalo sorpresa para la madre de Agostina.

El prontuario de Barrelier no era un secreto para quienes lo conocían ni para la justicia. En mayo de 2025 fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo luego de que una expareja lograra escapar de su vivienda. Un vecino relató haber presenciado la huida: la mujer salió corriendo, sin ropa, con ataduras en las muñecas, y fue auxiliada en una barbería cercana. Barrelier estuvo detenido 20 días y recuperó la libertad bajo fianza con la obligación de presentarse mensualmente ante la fiscalía, obligación que cumplió sin interrupciones hasta el presente mes. La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, advirtió públicamente que en el caso existe «una cadena de responsabilidades» que la justicia deberá desentrañar con profundidad.

Las fallas del Estado que precedieron al crimen

El femicidio de Agostina no surgió de la nada. El caso expone omisiones institucionales en serie que la familia no está dispuesta a soslayar. La denuncia por la desaparición de la adolescente no fue tomada en la primera comisaría a la que recurrió su familia en la madrugada del domingo 24 de mayo.

El protocolo Alerta Sofía, herramienta clave en casos de desaparición de menores, no se activó sino hasta casi 72 horas después del primer aviso, según fuentes periodísticas que cubrieron el caso desde el inicio. Una tía de Agostina lo sintetizó con la voz quebrada ante las cámaras: «Nadie nos escuchó. No hicieron nada».

Desde Ni Una Menos Córdoba remarcaron que la situación de la agenda de género en la provincia «atraviesa un momento casi alarmante» y que hace tiempo reclaman la declaración de emergencia. El femicidio de Agostina se produce además en los días previos al nuevo aniversario de Ni Una Menos, la marcha histórica nacida en Argentina en 2015 para exigir políticas públicas efectivas contra la violencia de género. Más de una década después, la deuda sigue abierta.

Represión en vez de empatía

Tras la conferencia de prensa en la que el fiscal Raúl Garzón confirmó con «un 98% de posibilidades» que los restos hallados pertenecían a Agostina, decenas de vecinos, familiares y allegados se concentraron espontáneamente frente a la casa de la adolescente en la calle Alem al 3700 del barrio General Mosconi. La indignación pronto los llevó a marchar hacia la comisaría de Juan Pablo II, la misma en la que se había rechazado la primera denuncia de desaparición. Los manifestantes exigían la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

La respuesta del Estado provincial no fue la empatía ni el reconocimiento de la deuda institucional. Fue la represión. Las fuerzas policiales desplegaron un cordón de seguridad para bloquear el acceso a la comisaría y dispararon balas de goma y sustancias similares al gas pimienta contra los manifestantes, incluyendo a trabajadores de prensa que cubrían la escena en el lugar, según registraron los propios medios presentes. El abuelo Miguel Heredia sostuvo ante la prensa que sospecha que la participación en el crimen podría no limitarse a Barrelier: «Que caigan todos los que tuvieron que ver».