CAME rechazó las reformas tributarias del FMI y propuso un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios

★ La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó este domingo, en un comunicado de fuerte impacto institucional, las reformas tributarias que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impone como condición al gobierno de Javier Milei. La entidad calificó de «regresivas» las medidas exigidas por el organismo y reclamó la convocatoria urgente a un Nuevo Consenso Fiscal que corrija las distorsiones del sistema impositivo subnacional, al que señaló como el verdadero obstáculo para la producción y el empleo.

Las exigencias del FMI y el rechazo empresarial

Según informó la Agencia NA este domingo, el paquete de reformas tributarias que el FMI exige incluye tres medidas de impacto directo sobre los ingresos populares: ampliar la base del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría (que grava los salarios), extender el IVA a bienes actualmente exentos y elevar las categorías del Monotributo. Para CAME, estas modificaciones «recaen principalmente sobre los asalariados y el consumo doméstico».

La entidad gremial-empresaria fue categórica en su diagnóstico: «Son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina».

El nudo que el FMI ignora: Ingresos Brutos y tasas municipales

El comunicado de CAME apuntó directamente contra una omisión deliberada del diagnóstico del organismo: el peso aplastante de la tributación subnacional. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales, señaló la entidad, «representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa», con independencia de si esa empresa tiene rentabilidad o no.

CAME describió al IIBB como un «impuesto en cascada» que se acumula en cada eslabón de la cadena productiva, generando saldos a favor que el fisco demora entre 12 y 36 meses en devolver. En ese lapso, esos créditos pierden entre el 60% y el 80% de su valor real por efecto de la inflación, lo que en la práctica equivale a un «préstamo forzoso sin remuneración» al Estado. La entidad fue directa: «el Estado captura un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo de las empresas, sin que ello figure en ningún indicador de presión tributaria oficial».

A este diagnóstico se suman las más de 2.300 tasas municipales que, según CAME, carecen de correlato verificable en servicios prestados, constituyendo una carga opaca e imprevisible para cualquier unidad productiva.

Un sistema regresivo por diseño

El posicionamiento de CAME no es un hecho aislado. Converge con el diagnóstico del Foro Economía y Trabajo, un espacio de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, que el 4 de mayo de 2026 publicó un documento integral sobre la reforma tributaria necesaria. Coordinado por Eduardo Berrozpe y suscripto por especialistas como Ricardo Aronskind, Noemí Brenta, Roberto Feletti y Felisa Miceli, el Foro advirtió que aproximadamente el 70% de la recaudación nacional proviene de impuestos indirectos, que se trasladan a precios y recaen con mayor fuerza proporcional sobre los sectores de menores ingresos.

El Foro ilustró la inequidad del sistema con un ejemplo de matemática tributaria elemental: una persona que gana $1.000.000 mensuales y los consume íntegramente soporta una carga efectiva de IVA del 17,36% de su ingreso; quien gana $10.000.000 y consume la mitad, paga efectivamente el 8,68%. La alícuota nominal es idéntica; la carga real, radicalmente distinta.

Esta inequidad estructural se profundizó bajo la administración Milei. Según el Foro, los recortes reales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 86% en gasto de capital, el 66% en transferencias a provincias y el 61% en programas sociales, mientras el gasto primario total cayó un 31% y en el primer trimestre de 2026 registró una caída adicional del 5,1% interanual.

El FMI condiciona mientras el ajuste avanza

El contexto en que opera esta discusión no es menor. En abril de 2025, el gobierno de Milei suscribió con el FMI un programa de Servicio Ampliado por USD 20.000 millones (equivalente al 479% de la cuota argentina), con un desembolso inicial de USD 12.000 millones, inédito para este tipo de instrumentos. En abril de 2026, una segunda revisión habilitó un desembolso adicional de USD 1.000 millones pese a incumplimientos previos en la meta de reservas. A cambio, el organismo exigió acumular al menos USD 8.000 millones en reservas netas durante el año y sostuvo la presión por una mayor devaluación del tipo de cambio.

Al cierre de 2025, la deuda total de Argentina con el FMI ascendía a USD 57.100 millones, con vencimientos de capital e intereses que superan los USD 13.400 millones solo en concepto de intereses para el período 2026-2030, según datos del organismo relevados por el Foro Economía y Trabajo. En ese marco, las reformas tributarias que el FMI exige no solo son regresivas en su diseño: también responden a la lógica de garantizar el flujo de recursos hacia el pago de la deuda, financiado con el consumo y los salarios de los sectores que menos tienen.

Tampoco es un dato menor que el propio discurso libertario sobre la «alta presión tributaria» argentina no resiste un análisis comparado. En 2023, la presión tributaria bruta total del país equivalía al 27,9% del PIB, por debajo de Francia (45,4%), Alemania (40,1%), España (37,3%) y Brasil (33,3%), según datos del Foro Economía y Trabajo. El problema, como señala esa entidad, no es el nivel agregado de imposición, sino su composición regresiva y su incapacidad para gravar de manera efectiva las rentas concentradas.

La propuesta de CAME: Nuevo Consenso Fiscal

Frente a ese cuadro, CAME convocó al Gobierno nacional, a las provincias y a los municipios a avanzar en un Nuevo Consenso Fiscal con ejes concretos: racionalizar el IIBB eliminándolo en las etapas intermedias de producción y aplicándolo solo en la venta final al consumidor; fijar una alícuota máxima de retención del 1% por actividad; establecer la indexación automática por CER de los saldos a favor desde el día 31 de su generación; garantizar la devolución en un plazo máximo de 90 días corridos con interés resarcitorio automático; y poner fin a la proliferación de tasas municipales «opacas» sin correlato verificable en servicios prestados.

La entidad fue explícita en su diagnóstico de fondo: «el objetivo no debe ser la reducción nominal de alícuotas, que puede revertirse por decreto, sino el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional».

El planteo coloca en el centro del debate una pregunta que el gobierno libertario sistemáticamente elude: si el ajuste ya destruyó el poder adquisitivo de los trabajadores, redujo a la mitad los programas sociales y desfinanció las universidades, ¿quién financia el Estado, y para qué?

Puntos clave

• CAME calificó de «regresivas» las reformas tributarias exigidas por el FMI, que incluyen ampliar Ganancias, extender el IVA y elevar el Monotributo.
• La entidad señaló que las medidas del FMI recaen sobre asalariados y consumidores sin tocar los impuestos distorsivos estructurales que frenan la producción.
• El IIBB genera saldos a favor que el fisco demora entre 12 y 36 meses en devolver, con pérdidas de entre el 60% y el 80% por efecto de la inflación.
• El Foro Economía y Trabajo advirtió que el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos que golpean más a los sectores populares.
• CAME propuso un Nuevo Consenso Fiscal que incluya la eliminación del IIBB en etapas intermedias y la devolución de saldos en 90 días con interés resarcitorio automático.