El costo real de la «paz cambiaria»: cómo el modelo libertario destruye las PyMEs y el empleo

★ Mientras el Gobierno celebra la «paz cambiaria» y la baja del riesgo país, el mundo real registra que las fábricas y los comercios siguen cerrando, los puestos de trabajo siguen desapareciendo y los concursos preventivos están en camino de superar los peores registros de la pandemia.

El derrumbe en números

El Observatorio IPA, dirigido por el economista Federico Vaccarezza, elaboró un informe de coyuntura económica presentado el 30 de mayo de 2026 que sistematiza la destrucción acumulada desde diciembre de 2023. Los datos, procesados a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), revelan que el mercado laboral lleva 26 meses consecutivos en terreno negativo: desde la asunción de Milei, se destruyeron 364.554 empleos asalariados y cerraron definitivamente 24.978 empresas aportantes.

El sector más castigado es la industria manufacturera, que perdió 48.950 puestos formales registrando una baja interanual en abril de 2026. En febrero de ese año, el sector contabilizaba 1.138.536 trabajadores registrados, contra los 1.187.486 existentes un año antes. En términos mensuales, la caída tampoco se detiene: en la medición desestacionalizada, entre enero y febrero se perdieron otros 2.594 empleos. IPA concluye que «la consolidación de más de dos años de caída ininterrumpida evidencia que la pérdida de puestos de trabajo ha dejado de ser un ajuste transitorio para transformarse en un daño estructural«.

Este cuadro de destrucción productiva no puede entenderse sin el contexto de achicamiento del Estado que, según datos recabados previamente por este medio, implicó desde diciembre de 2023 recortes reales en el gasto primario total del 31%, en transferencias a provincias del 66% y en programas sociales del 61%, todo ello condicionado por las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El «efecto pinza»: cómo el modelo destruye el mercado interno

El presidente de IPA, Daniel Rosato, describió el mecanismo que aplasta a las empresas: una «inflación rígida» combinada con un «tipo de cambio inamovible» genera lo que la entidad denominó «efecto pinza«. Los costos en pesos suben con rapidez mientras el tipo de cambio oficial permanece sin moverse, lo que «quita competitividad externa a las fábricas y encarece a la economía nacional en dólares».

El golpe al consumo interno es la consecuencia directa e inmediata de ese esquema. El Observatorio IPA detectó una caída del 3,1% en las ventas de supermercados durante el primer trimestre de 2026 y constató que casi el 60% de las compras en esos establecimientos se realizó mediante tarjetas de crédito u otros medios de pago diferidos, señal inequívoca de la crisis de ingresos que atraviesan los hogares argentinos.

«Estamos ante un modelo que festeja la paz cambiaria y el riesgo país a costa de la destrucción sistemática del mercado interno y la aniquilación de las PyMEs. El rebote de la actividad del que habla el Gobierno es un espejismo para la economía real, porque el crecimiento no derrama y está atado exclusivamente a sectores extractivos que no generan empleo masivo. Mientras tanto, las fábricas y los comercios siguen bajando las persianas todos los días», advirtió Rosato en declaraciones difundidas este viernes 30 de mayo por la Agencia NA.

Los concursos preventivos amenazan con superar a la pandemia

La crisis ya se registra semana a semana en los tribunales comerciales. Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relevados por el Departamento de Legales de IPA, los concursos preventivos crecieron un 131,71%: en 2025 se registraron 190 aperturas solo en la Ciudad de Buenos Aires, contra 82 en el año 2023. En el pico de la pandemia, ese número llegó a 106, un registro que 2025 ya superó ampliamente.

La tendencia se profundizó en el arranque de 2026: entre febrero y abril, el primer trimestre judicial, se abrieron 92 procesos concursales, lo que proyecta un año que podría pulverizar todos los récords históricos. En enero de 2026, los datos de la SRT evidenciaron que en promedio cerraban alrededor de 70 empresas por día a nivel nacional.

Rosato reclamó al presidente Javier Milei y al ministro Luis «Toto» Caputo una intervención urgente. «Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil PyMEs, pero el daño al entramado productivo es mucho peor», señaló. En ese marco, IPA solicitó la sanción de una ley de emergencia económica que suspenda ejecuciones y otorgue a las empresas mayor tiempo para recomponer su capital de trabajo. La entidad fue precisa: «el empresario PyME necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo».

«Superávit por compresión»: el espejismo del saldo comercial

Frente al saldo comercial positivo que el Gobierno exhibe como emblema de su gestión, el informe del Observatorio IPA ofrece una lectura crítica y desmitificadora. Si bien el país acumuló un saldo favorable de USD 8.277 millones, las divisas ingresaron principalmente a través de sectores primarios y extractivos. Al mismo tiempo, las importaciones de insumos estratégicos para la producción industrial se desplomaron: las compras externas de «Bienes de Capital» cayeron un 7,1% y las de «Piezas» se hundieron un 23,1%. La Argentina importa menos no porque produce más, sino porque su industria se contrae y necesita cada vez menos insumos.

IPA bautizó a este fenómeno «superávit por compresión«: un saldo comercial positivo que no refleja mayor productividad ni fortaleza exportadora, sino la contracción forzada del mercado interno, la paralización de inversiones y la destrucción del aparato productivo. Esta dinámica se inscribe en el cuadro más amplio que el Foro Economía y Trabajo describió en su documento del 4 de mayo de 2026, donde señaló que el ajuste fiscal impuesto por el FMI destruye el gasto social sin afectar a los sectores más concentrados, en el marco de un acuerdo por USD 20.000 millones firmado en abril de 2025.

Un modelo que no derrama

La advertencia de IPA pone en evidencia una contradicción central del relato oficial: el «rebote de la actividad» que el Gobierno celebra no alcanza a la economía real. Las PyMEs, que concentran la mayor parte del empleo privado formal en Argentina, no son beneficiarias del supuesto crecimiento; son sus víctimas. El esquema que Milei y Caputo construyeron prioriza los indicadores financieros sobre la producción, el empleo y el consumo interno.

La apuesta por la «paz cambiaria» y la apertura importadora está funcionando, en los hechos, como una transferencia de riqueza desde el sector productivo nacional hacia el sector financiero y los grandes exportadores de materias primas. Esa transferencia tiene rostro concreto: 24.978 empresas que ya no existen y más de 364.000 trabajadores que perdieron su fuente de ingreso desde diciembre de 2023.

Rosato lo resumió sin rodeos: «De nada sirve tener estabilidad financiera si las PyMEs quiebran.»

Puntos clave

• Desde diciembre de 2023, cerraron definitivamente 24.978 empresas aportantes, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Observatorio IPA.
• El mercado laboral lleva 26 meses consecutivos en terreno negativo, con 364.554 empleos destruidos en ese período.
• La industria manufacturera perdió 48.950 puestos formales en términos interanuales y acumula una caída del 4,1% respecto a igual período del año anterior.
• Los concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 131,71% entre 2023 y 2025, y el primer trimestre judicial de 2026 ya registró 92 nuevas aperturas.
• IPA denuncia un «superávit por compresión«: el saldo comercial de USD 8.277 millones se explica por la contracción industrial, con caídas del 7,1% en importaciones de bienes de capital y 23,1% en piezas.