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Política 📢

Ley de Discapacidad: la reglamentación, el próximo frente con el Gobierno

El Senado sancionó una ley permanente que da 30 días al Ejecutivo para reglamentarla. Hay antecedentes de leyes que quedaron sin aplicación por la falta de partidas.

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Luis Caputo camina junto a la Casa Rosada con un teléfono en la mano

La ley permanente de Discapacidad tiene un lado B: la reglamentación. La demora del decreto o la letra chica del texto pueden convertirse en una oportunidad para el sector del Gobierno que quiere trabar los beneficios, según un análisis de la agencia Noticias Argentinas.

El Senado sancionó el jueves una ley que mantiene los beneficios de la emergencia del sector. En la administración de Javier Milei no dan señales de cuándo saldrá el decreto. La norma incluye una cláusula transitoria que fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo la reglamente.

El antecedente y el rol de Caputo

Ya hay antecedentes de leyes con sanción parlamentaria, consideradas costosas, que la reglamentación dejó sin aplicación. En 2025, Javier Milei promulgó las leyes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad, pero sin partidas; el argumento oficial fue que el Congreso no había determinado fuentes de financiamiento ni incluido partidas en el Presupuesto.

Detrás de esos argumentos estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien muchos en el oficialismo señalan como el principal ideólogo de los cambios en el sistema de discapacidad que aparecen en el Presupuesto 2027. Esas modificaciones no gustaron a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que impulsó una iniciativa con los contenidos de aquella ley de emergencia. Bullrich estará atenta al decreto reglamentario, que podría ser otro frente de disputa con el Gobierno con el año electoral cada vez más cerca.

Qué establece la ley

El presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario Agustín Monteverde, defendió buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia: «La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad».

La ley mantiene la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo, y un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Conserva el nomenclador único, ratifica la actualización automática de los aranceles según la movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura básica de Incluir Salud. También establece que la partida del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del año anterior, y crea auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.

Lo que tenés que saber

  • El Senado sancionó una ley permanente de Discapacidad que mantiene los beneficios de la emergencia.
  • El Ejecutivo tiene un plazo máximo de 30 días para reglamentarla.
  • Hay antecedentes de leyes que quedaron sin aplicación por falta de partidas.
  • La ley mantiene la compatibilidad entre pensión y empleo formal hasta dos salarios mínimos.
  • La partida del Ministerio de Salud no podrá ser menor, en términos reales, a la del año anterior.

Judiciales ⚖️

$LIBRA: dos recusaciones frenan el regreso de las víctimas como querellantes

Piden apartar a Ledesma y a Yacobucci de la Sala II de Casación. La decisión sobre la reincorporación de los damnificados quedó en suspenso.

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Javier Milei hace un gesto con los pulgares en una selfie junto a un hombre joven

La Cámara Federal de Casación Penal no puede definir si los damnificados vuelven como querellantes en la causa $LIBRA. Dos recusaciones contra jueces de la Sala II frenaron la resolución, según fuentes judiciales.

La Sala II está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los pedidos se presentaron en los últimos días y apuntan a dos de ellos por razones de imparcialidad. La decisión recae principalmente en Slokar, el único que no recibió objeciones.

Los dos planteos

Mauricio Novelli, uno de los once imputados, que fue sobreseído, pidió apartar a Ledesma por su cercanía con dos organizaciones que intervinieron en la causa: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas intentaron ser querellantes y, tras el cierre del caso por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma la acción penal. Según la defensa de Novelli, ese vínculo basta para dudar de su imparcialidad.

Juan Patricio Marchetto, uno de los cinco afectados por la presunta criptoestafa, pidió apartar a Yacobucci. Lo patrocinan los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois. Argumenta que el hijo del juez, Ignacio Martín Yacobucci, fue designado el 29 de septiembre al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un cargo «de libre designación y remoción» que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Es un cargo dispuesto por el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, uno de los principales investigados por haber promocionado la presunta criptoestafa. La causa también alcanza a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El antecedente del 4 de noviembre

Ledesma y Yacobucci quedaron en la mira después del fallo del 4 de noviembre. Ese día Ledesma votó junto a Slokar para habilitar las quejas de los damnificados, que habían sido apartados del expediente, y abrió la posibilidad de que sean querellantes. Yacobucci fue el único que votó en disidencia.

«La relación del Ministerio de Justicia con esta causa resulta evidente desde un análisis objetivo», dice el escrito de Marchetto, que recuerda que el área que dirige el hijo del juez tiene competencias vinculadas con el posible lavado de activos, uno de los ejes de la investigación.

Lo que tenés que saber

  • Dos recusaciones frenan la definición de Casación sobre la vuelta de los querellantes en $LIBRA.
  • Novelli pidió apartar a Ledesma y Marchetto pidió apartar a Yacobucci.
  • La decisión recae principalmente en Slokar, que no recibió objeciones.
  • El 4 de noviembre, Ledesma y Slokar habilitaron las quejas de los damnificados y Yacobucci votó en disidencia.
  • El hijo de Yacobucci fue designado en un programa que depende del Ministerio de Justicia.
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