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Judiciales ⚖️

$LIBRA: dos recusaciones frenan el regreso de las víctimas como querellantes

Piden apartar a Ledesma y a Yacobucci de la Sala II de Casación. La decisión sobre la reincorporación de los damnificados quedó en suspenso.

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Javier Milei hace un gesto con los pulgares en una selfie junto a un hombre joven

La Cámara Federal de Casación Penal no puede definir si los damnificados vuelven como querellantes en la causa $LIBRA. Dos recusaciones contra jueces de la Sala II frenaron la resolución, según fuentes judiciales.

La Sala II está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los pedidos se presentaron en los últimos días y apuntan a dos de ellos por razones de imparcialidad. La decisión recae principalmente en Slokar, el único que no recibió objeciones.

Los dos planteos

Mauricio Novelli, uno de los once imputados, que fue sobreseído, pidió apartar a Ledesma por su cercanía con dos organizaciones que intervinieron en la causa: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas intentaron ser querellantes y, tras el cierre del caso por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma la acción penal. Según la defensa de Novelli, ese vínculo basta para dudar de su imparcialidad.

Juan Patricio Marchetto, uno de los cinco afectados por la presunta criptoestafa, pidió apartar a Yacobucci. Lo patrocinan los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois. Argumenta que el hijo del juez, Ignacio Martín Yacobucci, fue designado el 29 de septiembre al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un cargo «de libre designación y remoción» que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Es un cargo dispuesto por el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, uno de los principales investigados por haber promocionado la presunta criptoestafa. La causa también alcanza a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El antecedente del 4 de noviembre

Ledesma y Yacobucci quedaron en la mira después del fallo del 4 de noviembre. Ese día Ledesma votó junto a Slokar para habilitar las quejas de los damnificados, que habían sido apartados del expediente, y abrió la posibilidad de que sean querellantes. Yacobucci fue el único que votó en disidencia.

«La relación del Ministerio de Justicia con esta causa resulta evidente desde un análisis objetivo», dice el escrito de Marchetto, que recuerda que el área que dirige el hijo del juez tiene competencias vinculadas con el posible lavado de activos, uno de los ejes de la investigación.

Lo que tenés que saber

  • Dos recusaciones frenan la definición de Casación sobre la vuelta de los querellantes en $LIBRA.
  • Novelli pidió apartar a Ledesma y Marchetto pidió apartar a Yacobucci.
  • La decisión recae principalmente en Slokar, que no recibió objeciones.
  • El 4 de noviembre, Ledesma y Slokar habilitaron las quejas de los damnificados y Yacobucci votó en disidencia.
  • El hijo de Yacobucci fue designado en un programa que depende del Ministerio de Justicia.

Policiales 🚨

Le negaron la entrada a una fiesta, golpeó a un vecino con un matafuego y baleó a su madre

El episodio ocurrió en un edificio del barrio porteño Rodrigo Bueno. El agresor recibió tres años y tres meses de prisión efectiva, aunque también se dispuso su expulsión del país tras cumplir la mitad de la condena.

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Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por protagonizar dos ataques violentos en el barrio Rodrigo Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires. Primero golpeó en la cabeza a un vecino con un matafuego después de que le impidieran ingresar a una fiesta privada. Días más tarde, disparó tres veces contra la madre del joven agredido, quien resultó ilesa.

La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 del Ministerio Público Fiscal porteño. La resolución fue homologada por el juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, Ricardo Baldomar.

Le prohibieron ingresar a una fiesta y atacó a un vecino con un matafuego

El primer episodio ocurrió durante una celebración privada que se desarrollaba en el salón de usos múltiples de un edificio del barrio Rodrigo Bueno.

Según la investigación, el hombre intentó ingresar al evento, pero el organizador le negó el acceso. Frente a esa situación, tomó un matafuego que se encontraba en el hall del inmueble y golpeó en la cabeza a uno de los vecinos.

La agresión provocó lesiones leves en la víctima y dio inicio a una investigación judicial para identificar al responsable.

Días después, disparó tres veces contra la madre del joven agredido

La violencia continuó días más tarde, cuando la madre del vecino atacado se cruzó con el agresor en la calle y le reclamó por las lesiones que había sufrido su hijo.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre fue a buscar un arma de fuego y efectuó tres disparos contra la mujer. Pese a la gravedad del episodio, la víctima no resultó herida.

El segundo ataque quedó incorporado a la investigación como un hecho de abuso de armas.

La Justicia lo condenó a tres años y tres meses de prisión efectiva

La condena fue establecida mediante un juicio abreviado y contempló los delitos de lesiones leves, abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, conducida por Paulo Gaspani. Para identificar al responsable, los investigadores utilizaron registros audiovisuales y testimonios aportados por habitantes del barrio.

Las tareas se desarrollaron en el marco del programa Integración Barrial con la Justicia, una iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y abordar conflictos en el territorio.

También dispusieron su expulsión de Argentina

Otro aspecto relevante de la resolución está relacionado con la situación migratoria del condenado, de nacionalidad peruana.

El hombre tenía una orden de expulsión y una prohibición de reingreso a la Argentina por ocho años, medidas dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones.

Por ese motivo, también se hizo lugar al extrañamiento, una figura legal que permite expulsar del país a una persona extranjera condenada una vez que cumple la mitad de la pena de prisión impuesta.

De esta manera, además de la condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, la resolución contempla su posterior expulsión del territorio argentino.

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